La Fiscal¨ªa reactiva 17 ¨®rdenes de detenci¨®n por el ¡®caso Ayotzinapa¡¯

La Fiscal¨ªa mexicana ha reactivado ¨®rdenes de detenci¨®n contra 17 personas, investigados en el marco del caso Ayotzinapa. La propia dependencia pidi¨® estas detenciones al juzgado en agosto de 2022, pero luego se desdijo y el juzgado las cancel¨®. De las 17 ¨®rdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil, el antiguo juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernab¨¦, que vive en Estados Unidos con asilo pol¨ªtico. Entre los militares figura el coronel Rafael Hern¨¢ndez Nieto, comandante en su d¨ªa de una de las dos guarniciones de Iguala, el 41 Batall¨®n de Infanter¨ªa.

De los 16 militares sobre los que pesan las ¨®rdenes reactivadas, ocho ya han sido ¡°puestos a disposici¨®n¡± ante la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), seg¨²n una fuente conocedora del caso. Se trata de los elementos que siguen en activo en las Fuerzas Armadas. Otra fuente se?ala que los ocho est¨¢n en la prisi¨®n militar de Ciudad de M¨¦xico. De los otros ocho no se tiene noticia. Entre estos ¨²ltimos figura el coronel Hern¨¢ndez Nieto. Entre los 16 militares requeridos est¨¢n al menos una decena de integrantes de la Fuerza de Reacci¨®n del otro cuartel de Iguala, el 27 Batall¨®n de Infanter¨ªa y dos elementos castrenses asignados a la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La FGR no ha informado qui¨¦n de los 16 est¨¢ preso y qui¨¦n no.

Aunque la orden original buscaba la captura de 15 de estos 16 militares por desaparici¨®n forzada y delincuencia organizada, y uno m¨¢s, el coronel Hern¨¢ndez Nieto, por delincuencia organizada, sus capturas ocurren ahora por menos delitos. La excepci¨®n es el coronel Hern¨¢ndez Nieto, al que se le mantiene la acusaci¨®n por delincuencia organizada. Los otros 15 caen solo por desaparici¨®n forzada. Al menos de momento. La acusaci¨®n contra el juez de Barandilla, Ulises Bernab¨¦, es por desaparici¨®n forzada. De nuevo, la FGR no ha dado detalles al respecto.

Los 16 militares requeridos se unen a otros cuatro que ya viven presos, todos indiciados en el marco de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De los cuatro presos, uno es el capit¨¢n Jos¨¦ Mart¨ªnez Crespo, detenido en noviembre de 2020, mando de la Fuerza de Reacci¨®n del 27 Batall¨®n de Infanter¨ªa. Acusado de desaparici¨®n forzada y delincuencia organizada, Crespo y sus hombres circularon por Iguala durante el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acudiendo a varios de los escenarios de la agresi¨®n, entre ellos el cruce de las calles Juan N. ?lvarez y Perif¨¦rico y la cl¨ªnica Cristina.

Adem¨¢s de Crespo, los otros tres militares detenidos, vinculados al caso, son el general Jos¨¦ Rodr¨ªguez, entonces comandante del 27 Batall¨®n de Infanter¨ªa, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada en 2020, se le a?adi¨® el a?o pasado el delito de desaparici¨®n forzada. A Pirita y Mota se les acus¨® de ambos. A Rodr¨ªguez solo de delincuencia organizada.

El vaiv¨¦n de ¨®rdenes pedidas y canceladas de agosto respond¨ªa a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y la Unidad de Investigaci¨®n y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada entonces por Omar G¨®mez Trejo. En septiembre, G¨®mez Trejo renunci¨® y el Gobierno presion¨® para el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo G¨®mez Piedra, cercano al presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. 10 meses m¨¢s tarde, las ¨®rdenes de captura han vuelto a estar vigentes.

Quedan en el limbo de momento cuatro ¨®rdenes de detenci¨®n canceladas tambi¨¦n en agosto, todas contra civiles. Se trata de las que la UEILCA pidi¨® contra el entonces procurador de Guerrero, I?aki Blanco, por delincuencia organizada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparici¨®n forzada y obstrucci¨®n a la justicia.

Todas estas acusaciones, las ¨®rdenes canceladas ahora reactivadas, apuntan a la red de complicidades alrededor del grupo de criminales y autoridades que perpetraron el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparici¨®n de 43. Al general Rodr¨ªguez, por ejemplo, se le acusa de delincuencia organizada por su presunta colaboraci¨®n con el grupo criminal detr¨¢s del ataque, Guerreros Unidos. Con el capit¨¢n Crespo ocurre lo mismo. En su caso, la UEILCA presume adem¨¢s que Crespo tuvo que ver en la desaparici¨®n de los 43.

El caso de Ulises Bernab¨¦ es algo distinto. Encargado de una instalaci¨®n de la Polic¨ªa de Iguala en la ¨¦poca del ataque, Bernab¨¦ siempre neg¨® que por all¨ª hubiera pasado un grupo de normalistas tras el ataque, ya en manos de la red criminal. Los criminales asumen que esto es falso y que un grupo de m¨¢s de una decena de estudiantes fueron llevados all¨ª, como parte de la ruta de desaparici¨®n tejida por los perpetradores. El problema ser¨¢ la vuelta de Bernab¨¦ a M¨¦xico, por su condici¨®n de refugiado.

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