La justicia ordena al Ej¨¦rcito que no destruya documentos del ¡®caso Ayotzinapa¡¯

Arrecia la batalla por los documentos de espionaje del Ej¨¦rcito sobre el caso Ayotzinapa. Los grupos de investigadores han se?alado estos a?os un paquete de comunicaciones interceptadas a la red criminal que atac¨® a los estudiantes, en 2014, como informaci¨®n clave para avanzar en las pesquisas. El Ej¨¦rcito ha negado siempre su existencia, a pesar de las pruebas presentadas que muestran lo contrario. Ahora, la justicia, enterada de las preocupaciones de las familias de los 43 normalistas desaparecidos sobre el destino de la informaci¨®n, trata de evitar da?os definitivos.

Este fin de semana, un tribunal federal ha ordenado a la Secretar¨ªa de la Defensa (Sedena), que no destruya documento alguno que tenga que ver con el caso Ayotzinapa. As¨ª lo ha informado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro este domingo. El Centro Pro ha defendido los intereses de las familias de los 43 desde el ataque y la desaparici¨®n de los muchachos, en Iguala, en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. En teor¨ªa, la orden del tribunal pone un freno al ocultamiento castrense, situaci¨®n que ha denunciado insistentemente estos meses uno de los equipos de investigadores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado a M¨¦xico por la CIDH.

A¨²n no se cumplen dos meses del ¨²ltimo informe del GIEI, el sexto desde 2015, el ¨²ltimo antes de anunciar su salida definitiva de M¨¦xico, tras m¨¢s de ocho a?os de pesquisas. En la ¨²ltima entrega, los expertos, Carlos Beristain y ?ngela Buitrago, dedicaron buena parte del espacio a criticar las resistencias de la Sedena a entregar entre 80 y 90 documentos que, explicaron, recogen intercepciones de comunicaciones de la red criminal de Guerreros Unidos, grupo que orquest¨® el ataque y la desaparici¨®n de los 43. La opacidad del Ej¨¦rcito motiv¨®, entre otras cosas, la salida definitiva del grupo.

No son documentos cualquiera los que ha pedido el GIEI. Hace poco menos de dos a?os, otro de los grupos de investigadores, la Comisi¨®n presidencial de la verdad para el caso, Covaj, parte de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, public¨® dos de esos documentos, los ¨²nicos conocidos hasta ahora, que al parecer encontraron aleatoriamente, mientras buscaban en archivos castrenses. Los documentos recog¨ªan conversaciones de integrantes de la red criminal de Iguala, una el d¨ªa de los hechos, el 26 de septiembre, y otra del 4 de octubre.

El primero muestra un intercambio de mensajes entre un comandante de la polic¨ªa de Iguala, ejecutores de la primera parte del ataque, y un alto mando de Guerreros Unidos, sobre el destino de un grupo de 17 de estudiantes, supuestamente parte de los 43 desaparecidos. El polic¨ªa se?ala que tiene a los 17 ¡°en la cueva¡± y el otro le ofrece unas ¡°camas para aterrizarlos¡±, esto es, unas fosas.

El segundo ilumina un di¨¢logo entre el jefe de Guerreros Unidos en el pueblo vecino de Huitzuco y un polic¨ªa del municipio cercano de Tepecoacuilco. Ya han pasado varios d¨ªas desde el ataque y el esc¨¢ndalo es may¨²sculo. El Gobierno federal est¨¢ por asumir las investigaciones y en Guerrero, los criminales se esconden y disimulan. Las autoridades han encontrado una red de fosas cerca de Iguala, en Pueblo Viejo. El criminal se lo dice al polic¨ªa y se?ala que esas fosas son, al parecer, del alto mando de Guerreros Unidos, que aparece en la conversaci¨®n anterior. El polic¨ªa contesta: ¡°Ayer te coment¨¦ que le ped¨ªan l¨ªnea al Gil. Quer¨ªan que les soltara aunque sea a 10 como estuvieran, para calmar un poco¡±.

Las dos intercepciones muestran di¨¢logos sobre el destino de los estudiantes, primero, durante el ataque, y luego, en d¨ªas posteriores. Su lectura ayuda a comprender por qu¨¦ el resto de documentos de este tipo resulta fundamental para ayudar a resolver el caso. Aunque el Ej¨¦rcito siempre ha se?alado que ha entregado toda la documentaci¨®n requerida, asunto en el que ha insistido varias veces el mismo presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, el GIEI ha contestado que esto es falso. En julio aport¨® decenas de pruebas que probaban su existencia.

Permanecen, por tanto, en la sombra, los motivos del ocultamiento. El GIEI ha denunciado incluso que ha habido mandos al interior del Ej¨¦rcito que han movido los documentos de sitio, dentro del enorme y deslocalizado archivo castrense, para evitar que los equipos de investigaci¨®n, los expertos, la Covaj, y la unidad especial de la Fiscal¨ªa para el caso, la UEILCA, los encuentren. La cuesti¨®n es por qu¨¦.

El uso de software de espionaje por parte de la Sedena podr¨ªa ser uno de los motivos, situaci¨®n inc¨®moda para la dependencia por la cantidad de requisitos legales que se habr¨ªa saltado para usarlo. Pero la divulgaci¨®n de dos de esos documentos en 2021 por parte de la Covaj son prueba suficiente de que lo hac¨ªa. Entonces, ?por qu¨¦ no soltar el resto si ya hay pruebas de que Sedena usaba programas inform¨¢ticos para espiar civiles?

Otra explicaci¨®n apunta a la implicaci¨®n castrense en las actividades de Guerreros Unidos, situaci¨®n novedosa estos a?os, que ha llevado a una veintena de militares a prisi¨®n, entre ellos dos generales, comandantes en la ¨¦poca de los cuarteles que funcionaban el Iguala. Una de las pruebas m¨¢s importantes que ha conseguido la UEILCA estos a?os son las intercepciones de comunicaciones de Guerreros Unidos que hizo la DEA en 2014. En ellas hay m¨²ltiples se?alamientos de la complicidad del grupo criminal con los militares. As¨ª, la resistencia de Sedena a entregar informaci¨®n obedecer¨ªa a la l¨®gica de tapar sus propias verg¨¹enzas.

Por todo lo anterior, la orden del tribunal federal al Ej¨¦rcito de no destruir documento alguno responde a los requerimientos estos a?os del GIEI y a las sospechas de la UEILCA sobre el comportamiento de los militares en la ¨¦poca. A poco m¨¢s de un a?o para que concluya el actual Gobierno, las posibilidades de que el caso Ayotzinapa quede resuelto pasa, entre otras cosas, por la ubicaci¨®n de estos documentos.

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