La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos
Documentos de la Fiscal¨ªa, a los que ha tenido acceso EL PA?S, muestran c¨®mo un fraude descubierto en Segalmex se replic¨® en m¨¢s instituciones p¨²blicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscal¨ªa tambi¨¦n se invirtieron en un negocio con trampa
El Estado mexicano ha sido v¨ªctima de un desfalco con todas las caracter¨ªsticas de una estafa Ponzi que le ha costado al menos 6.000 millones de pesos de dinero p¨²blico (342 millones de d¨®lares) desde hace una d¨¦cada. En el centro del esquema de defraudaci¨®n est¨¢n dos empresarios, Ren¨¦ D¨¢vila de la Vega y Roberto Guzm¨¢n Garc¨ªa, que han logrado convencer a tesoreros de instituciones p¨²blicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de unos rendimientos muy elevados (del 11% al 13% anuales) y el pago en efectivo de una ¡°comisi¨®n de colocaci¨®n¡± del 5% del total de los recursos comprometidos. De manera resumida, el esquema consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representaci¨®n de compa?¨ªas de D¨¢vila y Guzm¨¢n que no tienen manera de respaldar las inversiones. Llegado el momento de pagar los compromisos ¡ªinversiones, rendimientos y comisiones¡ª, los empresarios acuden a otra instituci¨®n para vender el mismo modelo de emisi¨®n de deuda y refinanciarse. Por supuesto, el siguiente pr¨¦stamo debe ser mayor. En realidad, se trata de cavar un hoyo nuevo y m¨¢s grande para tapar el anterior.
El sistema puede parecer sencillo, pero se trata de una compleja red en la que est¨¢n involucrados brokers, bancos, casas de bolsa, funcionarios p¨²blicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para blanquear el dinero obtenido. Las v¨ªctimas de la estafa no son exclusivamente instituciones p¨²blicas: tambi¨¦n hay clientes privados, de modo que el monto de recursos que ha circulado por esta red es necesariamente mayor. La Fiscal¨ªa ha abierto investigaciones contra D¨¢vila y Guzm¨¢n y sus compa?¨ªas de papel por desv¨ªo de recursos, blanqueo de activos y evasi¨®n fiscal. Las autoridades tambi¨¦n est¨¢n a la caza de los funcionarios corruptos que comprometieron dinero que no les pertenec¨ªa.
Este esquema Ponzi institucional no naci¨® durante este Gobierno, sino en el anterior, encabezado por el priista Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). Lo cierto es que la estafa ha continuado operando en la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, a pesar de que las autoridades tienen plenamente identificado el problema. El primer indicio de este modelo de robo apareci¨® en 2021, cuando la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF) detect¨® que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto social creada por L¨®pez Obrador para atender a los m¨¢s pobres, hab¨ªa sido v¨ªctima del embauco (aunque a¨²n no se conoc¨ªa que se trataba de un negocio de emisi¨®n de deuda replicado con m¨¢s instituciones). La ASF document¨® que Segalmex hab¨ªa pagado 950 millones de pesos en 2019 y 2020 para adquirir bonos ¡ªt¨¦cnicamente llamados certificados burs¨¢tiles fiduciarios privados¡ª expedidos por CI Casa de Bolsa en representaci¨®n de Financiera Corafi, una de las empresas de D¨¢vila y Guzm¨¢n. El tesorero de Segalmex, Ren¨¦ Gavira Segreste, fue destituido y denunciado por el ejercicio indebido de sus facultades (la ley mexicana proh¨ªbe el uso de fondos p¨²blicos en inversiones riesgosas). A la par, L¨®pez Obrador instruy¨® a su gabinete que se hiciera todo lo posible por recuperar el dinero invertido.
Pese a que se tuvo relativo ¨¦xito en las maniobras institucionales y pol¨ªticas para restituir el da?o patrimonial en Segalmex, la sangr¨ªa de las arcas p¨²blicas causada por uso del mismo esquema Ponzi no ha parado. EL PA?S ha accedido a una carpeta de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica e informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuradur¨ªa Fiscal (ambas de la Secretar¨ªa de Hacienda) que permiten establecer, por primera vez, qu¨¦ otras instituciones p¨²blicas han participado en el negocio de Ren¨¦ D¨¢vila y Roberto Guzm¨¢n y sus dos empresas principales: Corafi y Escorfin.
El mayor quebranto fue al Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educaci¨®n (Forte), que administra las pensiones de miles de maestros contratados por el Gobierno federal. Este ha invertido 3.900 millones de pesos en la compra de los bonos basura, seg¨²n la informaci¨®n actualizada a septiembre de este a?o. Los recursos del Forte est¨¢n depositados en una cuenta de Banorte y su manejo es responsabilidad del poderoso sindicato magisterial (SNTE). La Secretar¨ªa de Hacienda preparaba a finales de julio una denuncia por este asunto ante la FGR.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Social del Estado de M¨¦xico y Municipios (ISSEMyM), el sistema de cr¨¦ditos, hipotecas y cuotas de salud p¨²blica de los funcionarios mexiquenses, ha invertido 610 millones de pesos en los instrumentos de deuda de Corafi/Escorfin. Un organismo semejante, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucat¨¢n (ISSTEY), ha pagado 302 millones. La Universidad Aut¨®noma de Aguascalientes ha invertido 213 millones en el esquema, y la Fiscal¨ªa General de ese mismo Estado ha pagado otros 66 millones. La informaci¨®n a la que tuvo acceso este diario no permite establecer con exactitud en qu¨¦ a?os se hicieron las inversiones, sus plazos de vencimiento y qu¨¦ funcionarios p¨²blicos estuvieron directamente involucrados. Lo que es un hecho es que las autoridades que investigan la estafa dan por perdido todo el dinero.
El presidente L¨®pez Obrador ha manifestado en sus conferencias ma?aneras que se enter¨® de las dem¨¢s operaciones de Corafi y Escorfin a ra¨ªz del desfalco de Segalmex, uno de los varios hechos de corrupci¨®n en la instituci¨®n creada por su Gobierno. Siempre sin entrar en detalles, dijo que, desde el sexenio pasado, Corafi ¡°manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema¡± que Segalmex. ¡°Se investig¨® a la financiera y resulta que viene de tiempo atr¨¢s haciendo lo mismo, protegida, sin sustento econ¨®mico. (¡) Y se est¨¢ investigando, no pueden estas financieras actuar sin el respaldo de un banco (¡) porque por lo general no tienen nada, son puros negocios de papel¡±, dijo en julio de 2022.
El esquema paso a paso
Ren¨¦ D¨¢vila es un empresario de Chiapas de 60 a?os. Su principal socio, Roberto Guzm¨¢n, de 58 a?os, es originario de Yucat¨¢n. En esos dos Estados del sureste mexicano est¨¢n las bases de operaciones de sus negocios y donde se han hecho con decenas de propiedades. D¨¢vila es el representante legal de Financiera Corafi S.A. de C.V., creada en 2009, mientras que Guzm¨¢n lo es de Escorfin, nombre corto de Estrat¨¦gica Corporativa en Finanzas S.A. de C.V., constituida en 2001.
Aunque ninguno de los financieros tiene participaci¨®n directa en la compa?¨ªa del otro, en medio de los dos hay una compleja red de empresas fachada, testaferros y propiedades que los vinculan al mismo negocio de estafa Ponzi. Algunos botones de muestra. Ambos tienen participaci¨®n en dos fideicomisos de CI Banco: el CIB/3386 y el 745412; ambos comparten el mismo despacho jur¨ªdico encabezado por el abogado Roberto Olea, quien a veces funge como representante legal de sus compa?¨ªas. Por si fuera poco, documentos internos de Escorfin consultados por este diario dan cuenta pr¨¦stamos de dinero a Corafi y Ren¨¦ D¨¢vila por 368 millones de pesos a junio de 2022. La relaci¨®n de negocios entre ambos empresarios es estrecha y sostenida en el tiempo.
Seg¨²n las investigaciones a las que se tuvo acceso, el modelo de colocaci¨®n de instrumentos de deuda privada inventado por D¨ªaz y Guzm¨¢n funciona as¨ª. Primero, una empresa fachada de Corafi/Escorfin crea un fideicomiso emisor con alg¨²n banco que funge como fiduciario, con el que suscribe un ¡°contrato de cr¨¦dito subyacente¡±. La empresa queda como fideicomitente y aporta un peso al patrimonio del fideicomiso, es decir, no hay mayor garant¨ªa que respalde las emisiones de deuda. El fideicomiso tiene la misi¨®n de buscar un inversionista para, a trav¨¦s de una casa de bolsa, venderle bonos por el monto establecido en el contrato de cr¨¦dito subyacente inicial. Una vez que la casa de bolsa recibe la inversi¨®n, la deposita al fideicomiso, y este lo devuelve a la empresa original de la red de Corafi/Escorfin. Esta colocaci¨®n de instrumentos de deuda se hace de manera privada, o sea que no es autorizada por la Bolsa Mexicana de Valores ni se inscribe en el Registro Nacional de Valores, de modo que se oculta a la supervisi¨®n gubernamental.
Al esquema descrito le hace falta un ingrediente: el gestor o broker que acude al despacho del tesorero de una instituci¨®n p¨²blica para ofrecerle el negocio. Un exsocio de Guzm¨¢n, que ha hablado con este diario a condici¨®n de anonimato, explica: ¡°Se paga el 10% de comisi¨®n del monto total colocado, 5% para el gestor, 5% para el funcionario, todo en efectivo¡±. El empresario, que se ha convertido en denunciante ante la FGR, asegura que el dinero obtenido es llevado en maletas a unas oficinas de Escorfin en Ciudad Sat¨¦lite, Estado de M¨¦xico, donde es procesado mediante m¨¢quinas contadoras y empaquetado. La referencia al pago de ¡°comisiones de colocaci¨®n¡± ha sido confirmada a EL PA?S tambi¨¦n por un alto funcionario de la Secretar¨ªa de Hacienda que investiga la estafa. El monto de todo lo invertido por instituciones p¨²blicas en el esquema Ponzi implica que hubo pagos de 600 millones de pesos en comisiones.
El caso de Segalmex
El fraude en Segalmex describe con precisi¨®n el funcionamiento del sistema. El negocio entre Corafi y esa instituci¨®n se remonta, cuando menos, a 2017, es decir, a¨²n en el sexenio de Pe?a Nieto y cuando exist¨ªan solo Liconsa y Diconsa, paraestatales que luego L¨®pez Obrador fusion¨® en Segalmex. La carpeta de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa da cuenta de un fideicomiso emisor ¡ªel n¨²mero 11595¡ª constituido el 16 de mayo de 2017 entre Promotora de Sistemas de Informaci¨®n S.A.P.I. de C.V. como fideicomitente y el banco Banorte como fiduciario.
La empresa PSI forma parte de Grupo Escorfin y es propiedad de Roberto Guzm¨¢n; CI Banco fungi¨® como representante com¨²n. Con ese fideicomiso como base, en febrero de 2019 ¡ªya en el Gobierno de L¨®pez Obrador¡ª, Banorte vendi¨® certificados burs¨¢tiles a Liconsa por 150 millones de pesos, seg¨²n la indagatoria de la FGR.
En 2018 entr¨® a escena Ren¨¦ D¨¢vila. El 27 de julio de ese a?o, Corafi y CI Banco constituyeron el fideicomiso emisor CIB/3050, en el que Monex fungi¨® como representante com¨²n. Luego se suscribieron varios contratos de intermediaci¨®n burs¨¢til entre la casa de bolsa de CI Banco y Segalmex/Liconsa. Las instrucciones de compra de los bonos se dieron a partir de abril de 2019.
Lo que demuestran las fechas de las transacciones es que el fraude en Segalmex/Liconsa fue iniciado por funcionarios del pe?ismo y continuado por quienes vinieron a reemplazarlos en el obradorismo. Antes de diciembre de 2018, cuando tom¨® posesi¨®n el Gobierno de L¨®pez Obrador, el responsable del manejo de los recursos de Liconsa ¡ªy quien formaliz¨® los primeros contratos de intermediaci¨®n burs¨¢til¡ª era Marco Antonio Loaiza Monta?o. En el actual Gobierno tom¨® su lugar Ren¨¦ Gavira, que estuvo en el cargo hasta julio de 2021, cuando renunci¨® en medio del esc¨¢ndalo. La Fiscal¨ªa ¨²nicamente ha denunciado el desfalco de Segalmex registrado en la actual Administraci¨®n, sin contemplar las compras de bonos basura por parte de Liconsa en el pe?ismo.
En 2021, al investigar el fraude con los papeles comprados a Corafi, la Auditor¨ªa advirti¨® de un faltante de m¨¢s de 10 millones de pesos en rendimientos que no hab¨ªan sido depositados a las cuentas de Segalmex en BBVA. Una fuente de la FGR dijo a este diario que, presumiblemente, ese dinero correspond¨ªa a la ¡°comisi¨®n por colocaci¨®n¡±.
Hay varias ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra Gavira, que se encuentra pr¨®fugo. Quien fuera su jefe, Ignacio Ovalle, es un amigo del presidente L¨®pez Obrador y no ha sido llamado a cuentas por este caso de corrupci¨®n, a pesar de que ¨¦l autoriz¨® una parte de las inversiones, seg¨²n consta en la carpeta de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa.
El mandatario instruy¨® al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recuperar a como diera lugar los recursos comprometidos. La soluci¨®n fue forzar a CI Banco, Monex y BBVA a darle un cr¨¦dito a Corafi para que se recompraran los bonos que ten¨ªa Segalmex. El acuerdo se cerr¨® en marzo de 2021. ¡°Los bancos accedieron a pagar en nombre de Corafi para no tener problemas con el Gobierno¡±, declar¨® la fuente consultada en Hacienda. Gracias a esta operaci¨®n pol¨ªtica, L¨®pez Obrador puede afirmar que se subsan¨® el da?o en Segalmex, no as¨ª en el resto de las instituciones desfalcadas.
Las investigaciones de Hacienda apuntan tambi¨¦n a una responsabilidad de los bancos, pues, conforme a la Ley del Mercado de Valores, las instituciones financieras no pueden actuar como intermediarias burs¨¢tiles para comerciar el tipo de bonos que ofertaron D¨¢vila y Guzm¨¢n a las instituciones p¨²blicas.
El imperio del aire
Mientras el Estado mexicano era v¨ªctima de un desfalco millonario, D¨¢vila y Guzm¨¢n hac¨ªan acopio de una fortuna. Ambos empresarios, junto con sus familiares ¡ªel hijo del primero, Ren¨¦ D¨¢vila D¨ªaz, y la hermana del segundo, Claudia Patricia Guzm¨¢n Garc¨ªa¡ª, crearon el fideicomiso 745412 en mayo de 2015 en Banorte (que luego fue sustituido por CI Banco). Al fideicomiso depositaron 16 propiedades, entre predios e inmuebles, todos en Tuxtla Guti¨¦rrez, capital de Chiapas. En conjunto, las propiedades sumaban 260 hect¨¢reas, y tan solo una de ellas val¨ªa 81,3 millones de pesos, de acuerdo con el instrumento notarial del fideicomiso.
Esas propiedades fueron entregadas en garant¨ªa a Segalmex cuando se inici¨® la operaci¨®n pol¨ªtica para recuperar el dinero del Gobierno invertido en los bonos basura. Pero no era ni de cerca toda la fortuna de D¨¢vila y Guzm¨¢n. Por ejemplo, ambos empresarios crearon en 2012 otro fideicomiso, el 17395-7, ante CI Banco (luego pas¨® a Banamex), en el que depositaron dos predios de 136 hect¨¢reas ubicados en una reserva territorial de Yucat¨¢n y con valor de 132,6 millones de pesos.
Tan solo Ren¨¦ D¨¢vila adquiri¨®, entre 2014 y 2019, 18 inmuebles en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucat¨¢n por 300 millones de pesos, y compr¨® 12 veh¨ªculos de lujo ¡ªvarios BMW, un Cadillac y un Lincoln¡ª por un valor de 11 millones, de acuerdo con la investigaci¨®n de la UIF.
Entre 2014 y 2021, hizo transferencias internacionales a Espa?a, Estados Unidos, Francia y Suiza por 4,2 millones de pesos y 750.000 d¨®lares, y recibi¨® dep¨®sitos provenientes de EE UU e Inglaterra por 615.000 d¨®lares. Su empresa Corafi, a su vez, hizo un dep¨®sito de 15,3 millones de pesos a la cuenta de la compa?¨ªa Event Horizon Technologies Inc. en EE UU en junio de 2019.
Entre 2017 y 2021 hizo pagos mediante su tarjeta de cr¨¦dito por 50 millones de pesos. Gast¨® 2,5 millones pesos en apuestas y gan¨® premios por 3,2 millones de pesos. Adem¨¢s, de 2014 a 2020 hizo dep¨®sitos de cheques a diversas cuentas por un monto de 174,8 millones de pesos. Todos estos movimientos corresponden ¨²nicamente a D¨¢vila, que tiene participaci¨®n en m¨¢s de cien empresas fachada a trav¨¦s de su hijo y otros testaferros, seg¨²n la indagatoria de la UIF. De hecho, el hijo tambi¨¦n es investigado por la Fiscal¨ªa.
Algunas de las empresas fachada est¨¢n vinculadas a otros sonados casos de corrupci¨®n. Por ejemplo, D¨¢vila y su compa?¨ªa IMI Civiles del Sur S.A. de C.V. hicieron dep¨®sitos entre 2014 y 2016 a Factibilidad Empresarial de M¨¦xico S.A. de C.V., vinculada a los desv¨ªos de La estafa maestra. Adem¨¢s, Corafi hizo ocho dep¨®sitos en 2015 y 2016 por 5,7 millones de pesos a Servicios y Asesor¨ªas Samex SC, una de las compa?¨ªas de papel implicadas en los desv¨ªos del PRI para la Operaci¨®n Safiro. Una muestra de que las empresas utilizadas para desviar y blanquear recursos en M¨¦xico y los empresarios que las encabezan se prestan ayuda entre s¨ª.
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