La Fiscal¨ªa pierde un caso contra Genaro Garc¨ªa Luna por enriquecimiento il¨ªcito en M¨¦xico
Un tribunal federal neg¨® una orden de aprehensi¨®n contra el exjefe policiaco, preso en EE UU. La FGR afirma que acusar¨¢ los magistrados de obstrucci¨®n de la justicia
La Fiscal¨ªa mexicana ha sufrido un rev¨¦s judicial en el caso contra Genaro Garc¨ªa Luna, exsecretario de Seguridad P¨²blica y quien este a?o fue declarado culpable en Estados Unidos de narcotr¨¢fico y delincuencia organizada. Un tribunal colegiado rechaz¨® conceder una orden de aprehensi¨®n contra el exfuncionario en un caso por enriquecimiento il¨ªcito. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) lo acusa de haber amasado una fortuna injustificable de 43 millones de pesos entre 2000 y 2012, durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calder¨®n, ambos del PAN. En esos sexenios, Garc¨ªa Luna se desempe?¨®, primero, como titular de la Agencia Federal de Investigaci¨®n (AFI), un ¨¢rea extinta dentro de la propia Fiscal¨ªa, y luego, en el calderonismo, como titular de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica, teniendo a su cargo la estrategia de combate al crimen organizado. La Fiscal¨ªa ha anunciado este martes que emprender¨¢ acciones legales contra tres magistrados y un juez por actuar contra la administraci¨®n de la justicia, un delito federal previsto en el C¨®digo Penal.
Los magistrados acusados por la FGR de violar los principios de legalidad y el debido proceso son Alberto Torres Villanueva, Manuel B¨¢rcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodr¨ªguez Escobar, integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Apelaci¨®n en Materia Penal del Primer Circuito. La FGR tambi¨¦n anunci¨® cargos contra el juez de distrito Gerardo Genaro Alarc¨®n L¨®pez, que neg¨® la orden de aprehensi¨®n contra Garc¨ªa Luna en una primera instancia, decisi¨®n que luego fue confirmada por el tribunal federal ¡°aun cuando, con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, est¨¢ demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relaci¨®n a sus ingresos l¨ªcitos¡±, ha detallado la Fiscal¨ªa.
La estrategia de la FGR de emprender acciones contra los jueces que emiten resoluciones contrarias a sus alegatos o por conceder amparos a los acusados es casi rutinaria. Sin embargo, en el caso de los expedientes contra Garc¨ªa Luna, el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha sido especialmente suspicaz ante la actuaci¨®n de los juzgadores. El presidente ha utilizado su conferencia ma?anera para ventilar c¨®mo un tribunal orden¨® el desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas al exjefe policiaco mientras en EE UU estaba siendo acusado de colaborar con el C¨¢rtel de Sinaloa. L¨®pez Obrador tambi¨¦n ha criticado a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Pi?a, por la contrataci¨®n en el Poder Judicial de funcionarios que trabajaron para Garc¨ªa Luna. Estos ejemplos han servido al mandatario de bandera pol¨ªtica para dar empuje a su discurso de que el Poder Judicial requiere de una profunda reforma.
La negativa resoluci¨®n del tribunal colegiado es un trago amargo para la FGR, pero a¨²n est¨¢n vigentes otras tres ¨®rdenes de captura contra Garc¨ªa Luna en M¨¦xico por tr¨¢fico de armas, delincuencia organizada y desv¨ªo y blanqueo de recursos. Sin contar que, adem¨¢s, el Gobierno ha emprendido un juicio civil en Florida para intentar recuperar la fortuna corrupta del exfuncionario afincada en ese Estado, calculada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 750 millones de d¨®lares. Garc¨ªa Luna fue declarado culpable de narcotr¨¢fico y delincuencia organizada en una corte de Nueva York en febrero. Est¨¢ pendiente que el juez le dicte la sentencia, que oscila entre los 20 a?os de prisi¨®n y la cadena perpetua.
En julio, la FGR detall¨® cu¨¢les eran las ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra Garc¨ªa Luna que siguen en pie. En uno de los casos, Garc¨ªa Luna fue acusado de tr¨¢fico de armas por el operativo R¨¢pido y furioso, mediante el que fue introducido a M¨¦xico armamento ilegal proveniente de EE UU para entregarlo a los c¨¢rteles, con la finalidad de rastrearlo posteriormente y localizar a sus poseedores. La operaci¨®n fue un desastre. Esas armas fueron utilizadas en masacres cometidas por los grupos criminales y el rastreo de los portadores fracas¨®. El Gobierno mexicano, a trav¨¦s de la Canciller¨ªa, ha emprendido tambi¨¦n una demanda en EE UU contra los fabricantes de armas traficadas a M¨¦xico. En este expediente tambi¨¦n fueron vinculados Luis C¨¢rdenas Palomino y Facundo Rosas, colaboradores cercanos de Garc¨ªa Luna.
Otra orden de captura est¨¢ relacionada con un da?o patrimonial de 65.000 millones de pesos por la adjudicaci¨®n de contratos ¡ªcon sobreprecio en perjuicio del Estado¡ª para la construcci¨®n y administraci¨®n de ocho c¨¢rceles en el ¨²ltimo tramo de la gesti¨®n de Garc¨ªa Luna al frente de la SSP. Esas prisiones, adem¨¢s de costosas, fueron cedidas finalmente a los constructores, lo que, en los hechos, constituy¨® una privatizaci¨®n.
La ¨²ltima orden de aprehensi¨®n, la m¨¢s reciente, lo se?ala de haber causado un da?o al erario de 5.112 millones de pesos por el otorgamiento de ¡°contratos ilegales y abusivos¡± para el equipamiento de prisiones p¨²blicas. En este caso, el juez libr¨® ¨®rdenes de captura contra otras 60 personas implicadas en la red de corrupci¨®n de Garc¨ªa Luna, entre los que estaban sus socios y testaferros de confianza, Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, due?os de las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panam¨¢. Las ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra Garc¨ªa Luna que a¨²n est¨¢n en pie sustentan la petici¨®n del Gobierno mexicano al de EE UU de extraditar al exfuncionario para ser juzgado por su pa¨ªs de origen por los delitos que cometi¨®.
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