Las cuentas pendientes del PRI en el Estado de M¨¦xico: el ¡®caso OHL¡¯ llega a los tribunales

La justicia de M¨¦xico ha llamado a cuentas a la constructora espa?ola OHL por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que han envuelto de principio a fin una de sus vialidades insignes en el Estado de M¨¦xico, el Viaducto Bicentenario. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica ha acusado ante un juez que la filial mexicana de Obrasc¨®n Huarte Lain (OHL) obtuvo ilegalmente la concesi¨®n para explotar econ¨®micamente, mediante el cobro de peaje, esa v¨ªa elevada de 22 kil¨®metros de longitud, que fue construida entre el Estado y Ciudad de M¨¦xico para descongestionar el tr¨¢fico en la zona conurbada de la capital mexicana. En el centro de la acusaci¨®n est¨¢ un pu?ado de altos cargos del gobierno priista de la entidad, su gran basti¨®n hist¨®rico hasta la derrota del a?o pasado.

El juez ha citado a comparecer este jueves a cuatro exfuncionarios del gobierno estatal y a exdirectivos de la compa?¨ªa, el m¨¢s importante de estos Jos¨¦ Andr¨¦s de Oteyza, que fue presidente del Consejo de Administraci¨®n de OHL M¨¦xico hasta 2015. Ese a?o, De Oteyza se vio forzado a dimitir del cargo luego de que sali¨® a la luz una serie de escuchas de conversaciones entre altos cargos de la compa?¨ªa y funcionarios mexiquenses (del PRI) que suger¨ªan enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en ese Estado.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha acusado a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, que fue director general de OHL M¨¦xico entre 2013 y 2020, y a Rub¨¦n L¨®pez Barrera, que tom¨® el relevo y actualmente ostenta el cargo, seg¨²n los expedientes de la causa judicial. Los otros acusados son cuatro exfuncionarios de la Administraci¨®n de Alfredo del Mazo en el Estado de M¨¦xico (2017-2022) a los que la Fiscal¨ªa se?ala de haber firmado en 2020 un convenio que pretend¨ªa ¡°legalizar¡± la concesi¨®n entregada a OHL m¨¢s de una d¨¦cada atr¨¢s. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Lim¨®n, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge Gonz¨¢lez Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.

El juez Daniel Ram¨ªrez Pe?a, titular del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Ju¨¢rez (Estado de M¨¦xico), decidir¨¢, en la audiencia de este jueves, si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los acusados. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jur¨ªdico del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que la empresa no perdiera el permiso de explotaci¨®n del Viaducto Bicentenario. La Fiscal¨ªa, de momento, no ha imputado a Scherer en esta primera audiencia.

La empresa Ale¨¢tica, que se qued¨® con la concesi¨®n del Viaducto Bicentenario luego de un fondo de inversi¨®n adquiri¨® en 2018 OHL, ha se?alado que obtuvo el permiso de manera l¨ªcita y en las mejores condiciones de competitividad. A trav¨¦s de un portavoz, Ale¨¢tica ha alegado el convenio de 2020 que reconoci¨® la legalidad de la concesi¨®n (convenio que ahora impugna la Fiscal¨ªa). ¡°El T¨ªtulo de Concesi¨®n del Viaducto Bicentenario est¨¢ vigente y en regla. En m¨¢s 15 a?os que han transcurrido desde que se licit¨® competitivamente, ninguna autoridad competente, ni federal ni estatal, ha cuestionado formalmente su validez. De hecho, bajo la Administraci¨®n del presidente L¨®pez Obrador, la Secretar¨ªa de Infraestructura Comunicaciones y Transportes federal firm¨® un convenio, en octubre de 2020, con las autoridades estatales que ratifica la validez del T¨ªtulo de Concesi¨®n¡±, ha indicado en un escrito enviado a este peri¨®dico. ¡°En este contexto, las acciones de un ministerio p¨²blico federal, que ha presentado un caso de ¡®explotaci¨®n ilegal¡¯ del Viaducto Bicentenario, son inexplicables. Asumen, de forma insostenible, la supuesta invalidez de un T¨ªtulo de Concesi¨®n que las autoridades, federales y estatales, reconocen un¨¢nimemente como v¨¢lido y vigente¡±, ha a?adido.

La acusaci¨®n

La FGR ha integrado la carpeta de investigaci¨®n a partir de un conjunto de denuncias presentadas por el abogado Paulo D¨ªez. El centro de la acusaci¨®n es que el Viaducto Bicentenario se construy¨®, ilegalmente, sobre una v¨ªa general de comunicaci¨®n (la carretera M¨¦xico-Quer¨¦taro, a la que el viaducto se encuentra permanentemente incorporado). Las concesiones sobre v¨ªas generales solo pueden ser otorgadas por el gobierno federal, nunca por los gobiernos estatales. No obstante, el gobierno mexiquense entreg¨® a OHL un t¨ªtulo de concesi¨®n en 2008 para construir el Viaducto Bicentenario, y le dio el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038.

El gobierno estatal ha defendido que ten¨ªa el poder de concesionar la explotaci¨®n de la v¨ªa porque, d¨¦cadas atr¨¢s (concretamente, en 1983), el gobierno federal le ¡°entreg¨®¡± el control sobre ese bien nacional. El problema, de acuerdo con la Fiscal¨ªa, es que no hay pruebas de esa supuesta entrega de la Federaci¨®n al Estado, de modo que la concesi¨®n dada por el gobierno estatal a la firma espa?ola est¨¢ sustentada en el aire.

Cuando OHL obtuvo el permiso de explotaci¨®n del Viaducto Bicentenario, era gobernador del Estado de M¨¦xico, el priista Enrique Pe?a Nieto, a la postre presidente de la Rep¨²blica. La filial mexicana opera en el pa¨ªs desde 1979. Pero sus negocios han florecido principalmente en el Estado de M¨¦xico, al amparo de los gobiernos del PRI. Tan solo all¨ª, la compa?¨ªa obtuvo contratos para construir m¨¢s de 200 kil¨®metros de carreteras con concesiones de operaci¨®n de hasta 30 a?os. Aunque el Viaducto Bicentenario fue concesionado en la gesti¨®n de Pe?a Nieto, ni este ni ninguno de sus colaboradores han sido imputados a¨²n por la Fiscal¨ªa.

El abogado D¨ªez, autor de la denuncia original, sostiene que OHL M¨¦xico ha obtenido ingresos por alrededor de 7.000 millones de pesos durante el tiempo que ha estado en operaci¨®n el viaducto elevado (se inaugur¨® hace m¨¢s de 13 a?os, en septiembre de 2010). Si el proceso judicial prospera, es decir, si el juez concluye que OHL ha explotado una v¨ªa general de comunicaci¨®n sin contar con la concesi¨®n del gobierno federal, este podr¨ªa recuperar la vialidad, con todo y la infraestructura construida por la empresa espa?ola, sin tener que pagarle una indemnizaci¨®n, conforme la Ley General de Bienes Nacionales. La propia OHL estima que el valor de la infraestructura del Viaducto Bicentenario es de m¨¢s 11.788 millones de pesos, adem¨¢s de los ingresos obtenidos por el cobro de peaje.

De Oteyza, el influyente

En 2015, una serie de escuchas publicadas an¨®nimamente en internet apuntaban a los supuestos tratos de favor entre el Gobierno del Estado y OHL. En uno de los audios, se o¨ªa a De Oteyza, el entonces presidente del Consejo de Administraci¨®n, hablar con un subalterno, Pablo Walletin, acerca de una estrategia para inflar artificialmente las proyecciones de aforo vehicular. Dado que era imposible que esas estimaciones se cumplieran (estaban dise?adas para eso), la firma pod¨ªa justificar aumentos en la tarifa del peaje con el argumento de poner a salvo sus finanzas.

De Oteyza, un exfuncionario del sexenio de Jos¨¦ L¨®pez Portillo que tiene hoy 81 a?os, apareci¨® en otro audio hablando con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones del presidente Pe?a Nieto (ya muerto). La llamada suger¨ªa que el gobierno priista hab¨ªa dado informaci¨®n privilegiada a OHL sobre proyectos carreteros antes de que se llevaran a cabo las licitaciones. Otra de las escuchas filtradas era una conversaci¨®n entre dos directivos que hablaban sobre pagos a jueces para que favoreciesen a la compa?¨ªa.

Las escuchas detonaron diversas investigaciones administrativas para determinar la licitud de los negocios de la firma. Fue el gobierno priista el que conduc¨ªa las indagatorias sobre presuntos actos de corrupci¨®n que involucraban a sus propios funcionarios y a una empresa consentida. En su momento, el presidente de OHL en Espa?a, Juan Miguel Villar Mir, denunci¨® que su filial mexicana estaba siendo objeto de una campa?a de difamaci¨®n y que no se hab¨ªa cometido ninguna irregularidad.

Larga sombra de corrupci¨®n

La llegada de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador a la presidencia de la Rep¨²blica, en 2018, supuso un punto de inflexi¨®n en las investigaciones. En efecto, la Secretar¨ªa de Comunicaciones (SICT) del nuevo Gobierno emprendi¨® en 2020 una revisi¨®n, espec¨ªficamente, sobre la concesi¨®n del Viaducto Bicentenario. Seg¨²n detalles de la carpeta de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa a los que este diario tuvo acceso, la indagatoria de la SICT conclu¨ªa que la adjudicaci¨®n dada por el Estado de M¨¦xico a OHL era ilegal, por lo que la dependencia inici¨® un procedimiento de sanci¨®n contra el gobierno estatal.

El gobierno mexiquense ¡ªya con Del Mazo a la cabeza¡ª aleg¨® que la sanci¨®n no proced¨ªa y sac¨® a relucir una suerte de acuerdo de 1983 en el que la Federaci¨®n hac¨ªa entrega al Estado de M¨¦xico de una fracci¨®n de la autopista M¨¦xico-Quer¨¦taro. La Administraci¨®n de Del Mazo aseguraba que ello ¡°implic¨® la asunci¨®n por parte del Estado de M¨¦xico de facultades que correspond¨ªan a la Federaci¨®n¡±. En realidad, lo que el gobierno federal le hab¨ªa cedido era un peque?o ramal, y nunca el tramo de 22 kil¨®metros sobre el que OHL edific¨® el Viaducto Bicentenario.

Sorpresivamente, fue la propia SICT la que convalid¨® el alegato del gobierno mexiquense y al final cambi¨® el sentido de su procedimiento de sanci¨®n: no solo retiraba las acusaciones iniciales, sino que convalidaba que el Estado de M¨¦xico ten¨ªa el poder de concesionar la operaci¨®n de la vialidad. La dependencia federal y el gobierno estatal suscribieron un nuevo acuerdo para formalizar la irregular concesi¨®n. Los cuatro excolaboradores de Del Mazo que plasmaron su firma son los que han sido llamados este jueves por el juez. Est¨¢ pendiente que la Fiscal¨ªa impute a los exfuncionarios federales que tambi¨¦n ayudaron a OHL.

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