Ana Piquer: ¡°La militarizaci¨®n promovida por el Gobierno de M¨¦xico no ha mejorado la seguridad¡±

La chilena Ana Piquer asume la direcci¨®n de Amnist¨ªa Internacional para Am¨¦rica en momentos convulsos de una regi¨®n siempre convulsa. La organizaci¨®n se enfrenta a retos dif¨ªciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el Ej¨¦rcito y pol¨ªticas de mano dura para garantizar la seguridad, ...

La chilena Ana Piquer asume la direcci¨®n de Amnist¨ªa Internacional para Am¨¦rica en momentos convulsos de una regi¨®n siempre convulsa. La organizaci¨®n se enfrenta a retos dif¨ªciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el Ej¨¦rcito y pol¨ªticas de mano dura para garantizar la seguridad, se persigue a voces disidentes y donde la violencia golpea con fuerza a activistas, periodistas, mujeres y personas que aspiran a puestos pol¨ªticos, como es el caso de M¨¦xico y su sangriento proceso electoral. Piquer (Santiago de Chile, 49 a?os) critica el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad ciudadana y las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tanto entusiasmo levantan entre algunos pol¨ªticos latinoamericanos. ¡°Si el de Bukele es el modelo a seguir, todos estamos en graves problemas¡±, advierte. Piquer, que asumi¨® su cargo en abril, analiza en esta entrevista los retos que en materia de defensa de derechos humanos enfrenta el continente.

Pregunta. Asume el liderazgo de Amnist¨ªa en Am¨¦rica en una situaci¨®n bastante complicada. ?Ve un retroceso en materia de derechos humanos en la regi¨®n?

Respuesta. Lamentablemente s¨ª. Estamos en un momento bastante delicado, porque han ido tomando fuerza ciertas narrativas en aspectos como la seguridad que intentan justificar que se comentan violaciones de derechos humanos. Nos enfrentamos a gobiernos que cada vez m¨¢s toman medidas para impedir que las voces que perciben como disidentes, que no est¨¢n de acuerdo con las medidas que est¨¢n adoptando, sean silenciadas de diferentes formas y eso pasa por estigmatizaci¨®n, criminalizaci¨®n, persecuci¨®n y vigilancia.

P. ?Hay una situaci¨®n en particular que le preocupe en este momento?

R. En casi todos los pa¨ªses de la regi¨®n tenemos alarmas. Todas las organizaciones de la sociedad civil enfrentan desaf¨ªos muy grandes. En el caso de Estados Unidos, con el contexto electoral que se viene; en El Salvador, con todas las medidas que ha adoptado el r¨¦gimen del presidente Bukele, como el control de la seguridad y las medidas represivas que han causado tantas violaciones de derechos humanos. En el caso de Ecuador, la progresiva militarizaci¨®n, mientras que en Venezuela llevamos a?os denunciando una represi¨®n constante en contra de cualquier voz disidente, lo que se ha agudizado en estos ¨²ltimos meses de cara a las futuras elecciones. Tenemos pa¨ªses que vienen de historias de represi¨®n m¨¢s largas como Nicaragua o Cuba. Y luego est¨¢ Argentina, donde la elecci¨®n del presidente Milei ha saltado varias alarmas en t¨¦rminos de lo que implica la protecci¨®n de los derechos humanos.

P. Milei lleg¨® al poder con un discurso negacionista sobre las violaciones cometidas durante la dictadura militar. ?Le preocupa esta posici¨®n del presidente?

R. Sin duda. El negacionismo de las violaciones de derechos humanos nos lleva al riesgo de no aprender de esas lecciones y facilitar el camino para volver a una historia similar. Argentina ha sido un pa¨ªs que ha tenido un proceso muy interesante en cuanto al combate contra la impunidad, que ha sido capaz de llevar a juicio a altos mandos de las Fuerzas Armadas por esas violaciones de derechos humanos, y en ese sentido la promoci¨®n de un discurso negacionista a estas alturas es muy da?ino y, de alguna manera, es un intento de retroceder en toda esta historia de lucha contra la impunidad.

P. ?Est¨¢ en riesgo lo que ha avanzado Argentina en t¨¦rminos de derechos humanos?

R. Este discurso hace que permeen narrativas que le restan importancia a la gravedad de lo que ocurri¨®, lo niegan, lo hacen desaparecer, y eso facilita que luego se puedan cometer hechos similares o se adopten medidas que puedan ser contradictorias con los derechos humanos. La memoria hist¨®rica, la memoria de las violaciones de derechos humanos, siempre va a ser fundamental para dar garant¨ªas de no repetici¨®n. Tratar de borrar esa memoria es una receta para que se repitan hechos similares, y eso puede, por supuesto, ser un retroceso grav¨ªsimo.

P. M¨¦xico es un pa¨ªs que pasa por una situaci¨®n dif¨ªcil de violencia. Hay una elecci¨®n en curso con m¨¢s de treintena candidatos asesinados. ?C¨®mo analizan desde Amnist¨ªa este proceso electoral?

R. No es la primera vez que ocurre en un contexto electoral, y surgen las preocupaciones relacionadas a qu¨¦ medidas se adoptan para dar soluciones a las situaciones de violencia, a lo que ocurre con el crimen organizado, que sean realmente duraderas y que pongan en el centro los derechos humanos, que no pasen por violar derechos para garantizar la seguridad, porque sin derechos humanos tampoco puede haber seguridad.

P. ?Ha fallado el Estado mexicano en garantizar las medidas de protecci¨®n a quienes aspiran a un puesto p¨²blico?

R. Todo a punta a que no ha habido medidas suficientes dada la inseguridad en que se ha desarrollado este proceso, y sobre todo a nivel local. El Gobierno ha promovido mucho la militarizaci¨®n como soluci¨®n a los problemas de seguridad, pero esto tambi¨¦n est¨¢ mostrando que esos procesos de militarizaci¨®n no est¨¢n dando la respuesta que se esperaba. Eso da la raz¨®n a muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana que han cuestionado la militarizaci¨®n como soluci¨®n y que han advertido que puede llevar a m¨¢s violaciones de derechos humanos, en lugar de resolver el problema de violencia. Queda todav¨ªa una una deuda muy grande en t¨¦rminos de impunidad, de medidas de protecci¨®n, de prevenci¨®n y de atender la ra¨ªz de la violencia.

P. ?Qu¨¦ riesgos tiene dar tanto poder al Ej¨¦rcito y los militares en un pa¨ªs como M¨¦xico?

R. Es una preocupaci¨®n que no aplica solo para M¨¦xico. Las Fuerzas Armadas no est¨¢n capacitadas ni dise?adas para resguardar la seguridad ciudadana, sino que est¨¢n preparadas para la guerra y tienen otro tipo de formaci¨®n. Los gobiernos deben dar las garant¨ªas de que las personas que est¨¢n cumpliendo esas funciones tengan la capacitaci¨®n necesaria y est¨¦n sometidas a los mismos est¨¢ndares de uso de la fuerza a la que estar¨ªa sometida la polic¨ªa o cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero normalmente eso no se da as¨ª. Hay siempre un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos cuando son las fuerzas militares las que est¨¢n tomando roles de seguridad ciudadana.

P. ?Es la de M¨¦xico una democracia truncada debido al nivel de violencia que sufre el proceso electoral?

R. No hacemos una evaluaci¨®n de la calidad democr¨¢tica, no es parte de nuestra funci¨®n, pero s¨ª puedo decir que en el contexto de las elecciones, y en general en M¨¦xico, los desaf¨ªos en materia de derechos humanos son enormes. Las personas que est¨¢n levantando voces cr¨ªticas al Gobierno, defendiendo los derechos humanos, han estado bajo mucho ataque, e incluso bajo estigmatizaci¨®n, y eso ha contribuido a reducir el espacio de debate y aumenta los riesgos para esas voces.

P. La violencia tambi¨¦n afecta a Colombia. El proceso de paz gener¨® mucha esperanza entre la poblaci¨®n, pero siguen las amenazas contra activistas.

R. Colombia ha sido por muchos a?os el pa¨ªs del mundo con m¨¢s asesinatos de personas defensoras. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, al menos en el discurso, apunta en la direcci¨®n correcta, pero en el territorio lo que vemos es que la situaci¨®n no ha mejorado, incluso en algunos casos ha empeorado. Lamentablemente, en lo que se refiere a personas defensoras de la tierra, el medio ambiente y comunidades ind¨ªgenas no se est¨¢n dando las medidas de protecci¨®n que se requieren.

P. ?Qu¨¦ medidas debe tomar el Gobierno del presidente Petro para mejorar la situaci¨®n de quienes defienden los derechos humanos en Colombia?

R. Primero tiene que ver con mejorar los mecanismos de protecci¨®n a las personas. Existen esos mecanismos en Colombia y conocemos casos de defensores a quienes les han salvado la vida, pero siguen teniendo muchas falencias en t¨¦rminos de recursos de implementaci¨®n. Luego hay un tema que tiene que ver con el rol de las fiscal¨ªas y garantizar que los ataques a personas defensoras no queden impunes, porque la impunidad es brutal.

P. ?La justicia colombiana no cumple con su rol para evitar que estos cr¨ªmenes queden en la impunidad?

R. Hemos tenido una posici¨®n muy cr¨ªtica frente a la Fiscal¨ªa. La mayor parte de los ataques a personas defensoras quedan sin investigaci¨®n o los procesos no llegan a nada. Hay una falencia importante en asegurar los recursos y las capacidades para que las investigaciones se hagan de manera efectiva, que las primeras diligencias en terreno se hagan r¨¢pido, que se haga un esfuerzo m¨¢s consistente por llegar a las personas responsables. Esa impunidad es parte de las razones por las cuales los ataques se siguen repitiendo.

P. Ha mencionado antes las controvertidas pol¨ªticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele en El Salvador. ?C¨®mo valora ahora la situaci¨®n de ese pa¨ªs?

R. El Salvador est¨¢ pasando en este momento por una grav¨ªsima crisis de derechos humanos. Bajo la premisa de atender los problemas de seguridad graves que ten¨ªa el pa¨ªs, y que era necesario atender, se est¨¢ pasando por encima de los derechos humanos. No puede obligarse a la poblaci¨®n a tener que elegir entre seguridad y derechos. Hoy d¨ªa en El Salvador hay casi 80.000 personas detenidas, hay un hacinamiento carcelario de casi el 150%, tenemos denuncias graves de tortura y malos tratos dentro de la c¨¢rcel, ha habido ya muertes bajo custodia y hemos recolectado testimonios de familias de personas que han sido injustamente detenidas, simplemente por su apariencia, por el lugar donde viv¨ªan, porque ten¨ªan tatuajes. No es una soluci¨®n a la situaci¨®n de seguridad violar derechos humanos, porque lo que est¨¢s haciendo es sustituir la violencia de las pandillas por la violencia estatal.

P. La poblaci¨®n de El Salvador, sin embargo, apoya las pol¨ªticas de mano dura del presidente. ?l cuenta con una valoraci¨®n muy alta de su gesti¨®n.

R. La poblaci¨®n de El Salvador ven¨ªa de una situaci¨®n de violencia grav¨ªsima y de alguna forma ven en esto una salida que hasta ahora no se les hab¨ªa presentado. El problema es que esta es una soluci¨®n de corto plazo, que en definitiva lo que est¨¢ llevando es a tener personas presas sin juicios justos, muchas de ellas inocentes; personas torturadas, c¨¢rceles hacinadas, poblaciones completas en temor de ser detenidas solo por vivir donde viven.

P. Ese modelo parece atractivo para otros pol¨ªticos latinoamericanos. Medidas similares ha tomado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

R. Se ha creado esta narrativa de un ¡®modelo Bukele¡¯ exitoso. Hemos visto im¨¢genes similares del trato a los presos en Honduras, en Ecuador, y voces en diferentes pa¨ªses que levantan esto como el camino a seguir. El problema es que parte de ese modelo tiene que ver no solamente con esta supuesta mano dura contra la delincuencia, sino tambi¨¦n con cooptar los poderes del Estado, con eliminar todos los pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho, concentrando el poder en un Gobierno que no admite cr¨ªtica. Eso es lo que socava en su m¨¢s profunda base los derechos humanos. Si ese es el modelo a seguir estamos en problemas graves toda la poblaci¨®n, porque las voces disidentes empiezan a ser acalladas, los defensores derechos humanos empiezan a ser atacados. Esto solo puede empeorar si se sigue por ese camino.

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