El r¨¦gimen de excepci¨®n de Bukele como instrumento para aplastar las disidencias

Es com¨²n de algunos gobiernos ejercer el poder a partir de la idea de la homogeneidad y su contraste: que los buenos est¨¢n de este lado y no de aquel otro. El Gobierno de Nayib Bukele se ha esforzado por hacer creer dentro y fuera de El Salvador que las 71.000 personas detenidas en los 19 meses que lleva activo el estado de excepci¨®n pertenecen a las maras o han colaborado con sus integrantes. El que nada debe nada teme, repite el oficialismo; quienes van presos, algo malo habr¨¢n hecho. Ese relato, que ha permeado entre la poblaci¨®n, ya tiene fisuras. El escrutinio de las ONG locales y de la comunidad internacional ha permitido ver los pliegues de la cifra bruta y ha hallado miles de casos de detenciones arbitrarias. Entre esas v¨ªctimas de la injusticia sobresale un perfil muy espec¨ªfico de perseguidos en el estado de excepci¨®n: los activistas, los defensores de derechos humanos.

Acusados de pandilleros, encasillados falsamente en las filas de la Mara Salvatrucha 13 o de Barrio 18, su detenci¨®n en realidad tiene motivaciones pol¨ªticas. Por incomodar, se los encierra. Para aleccionarlos, desmovilizarlos, aplacar sus luchas. El Gobierno de Bukele ha reconocido oficialmente que 6.000 personas han sido capturadas injustamente bajo el estado de excepci¨®n, una pol¨¦mica medida impuesta desde marzo de 2022 para combatir la violencia de las maras. No existe hasta ahora un censo puntual de cu¨¢ntos, entre quienes siguen presos y los que han logrado salir de las prisiones, son defensores de derechos humanos. Los casos conocidos hasta ahora han alcanzado cierta visibilidad gracias a los esfuerzos de las propias ONG.

La Asociaci¨®n de Desarrollo Econ¨®mico Social (Ades), que consagra su lucha a la defensa de los recursos naturales, ha sido objeto del acoso del Gobierno. Cinco integrantes de la organizaci¨®n, establecida en el monta?oso departamento de Caba?as, fueron detenidos y encarcelados en enero, acusados de haber cometido un homicidio en el periodo de la guerra civil (1980-1992). El expediente est¨¢ sustentado en el testimonio de una persona que asegura haber atestiguado el crimen hace m¨¢s de tres d¨¦cadas. La ONG no ha parado de exigir la liberaci¨®n de sus compa?eros. A finales de agosto, consiguieron que un juez cambiara la medida cautelar por la de prisi¨®n domiciliaria. Fue un peque?o avance, pero los activistas siguen vinculados a proceso, a merced del monstruo que se alimenta de prisioneros.

Vidalina Morales, la l¨ªder de Ades, vivi¨® en carne propia los estragos del r¨¦gimen persecutorio. Su hijo, de 34 a?os, fue capturado en mayo, acusado de ser ¡°marero¡±. Las supuestas pruebas: vest¨ªa shorts y adem¨¢s tiene un ¡°alias¡±, justo como los pandilleros. ?Qu¨¦ alias era ese? Rayo, apodo que le dieron de ni?o los chicos de la comunidad, m¨¢s bien como una burla, porque su hijo corr¨ªa torpemente detr¨¢s del bal¨®n, cuenta Vidalina. La activista, de 55 a?os, con una trayectoria de d¨¦cadas en la lucha ambientalista, protest¨® por la detenci¨®n y, con el apoyo de su comunidad, logr¨® que su hijo saliera de la c¨¢rcel. La Fiscal¨ªa certific¨® que, durante la detenci¨®n y el encierro, el joven fue golpeado por los polic¨ªas.

A las detenciones se suma el hecho de que el presidente Bukele orden¨® el despliegue de retenes militares en Caba?as. Los activistas de Ades creen que detr¨¢s de la persecuci¨®n hay una agenda oculta: que el Gobierno busca revertir la prohibici¨®n a la actividad minera que est¨¢ vigente en El Salvador desde 2017. Alfredo Leiva, integrante de la ONG, describe algunas se?ales. Por ejemplo, Bukele cre¨® una Direcci¨®n General de Energ¨ªa, Hidrocarburos y Minas, con facultades para otorgar permisos de exploraci¨®n y explotaci¨®n minera. Adem¨¢s, en mayo de 2021, El Salvador se uni¨® a un foro internacional con sede en Canad¨¢ que promueve la miner¨ªa. El Gobierno no inform¨® de su incorporaci¨®n a esta entidad, llamada IGF Mining, hasta meses despu¨¦s, cuando algunos de sus representantes visitaron el pa¨ªs centroamericano para una ¡°asistencia t¨¦cnica¡±.

¡°La captura de los compa?eros, todas las arbitrariedades, todos los manejos que se han dado durante estos ¨²ltimos meses, nos llevan a concluir que el inter¨¦s del Gobierno es abrir otra vez la miner¨ªa¡±, afirma Leiva. ¡°Estamos frente a actos de criminalizaci¨®n de las personas que han estado luchando contra la miner¨ªa en Caba?as. Son acciones para amedrentar a las comunidades que en el pasado resistieron ante las empresas mineras¡±, a?ade.

Vidalina cuenta que el activismo de Ades y las comunidades lograron hace a?os frenar un proyecto de explotaci¨®n de oro de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold. Las luchas de la ONG contribuyeron a la prohibici¨®n de 2017, que convirti¨® a El Salvador en ejemplo mundial contra el extractivismo. ¡°En estas luchas, lo primero que una se espera es la muerte, porque estamos luchando contra poderes. En el pasado fue la empresa Pacific Rim; ahora es m¨¢s complicado, porque hoy es un Estado, que tiene inter¨¦s en reabrir la miner¨ªa en consorcio con empresas transnacionales¡±, dice la l¨ªder. ¡°Por eso tocan a nuestros hijos, para amedrentarnos, aterrorizarnos. Nos est¨¢n mandando un claro mensaje, quieren debilitar toda esa lucha, esa resistencia en Caba?as contra los proyectos extractivistas¡±, explica.

Culpables por alzar la voz

La organizaci¨®n Socorro Jur¨ªdico Humanitario, asentada en San Salvador, la capital, ha documentado la detenci¨®n sistem¨¢tica de activistas. ¡°El r¨¦gimen de excepci¨®n no es parcializado, no es ¨²nicamente para delincuentes. Han capturado a personas que est¨¢n organizadas, hablo de sindicalistas, representantes de trabajadores del sector informal, defensores del medio ambiente, personas que denuncian corrupci¨®n y nepotismo, o que denuncian narcotr¨¢fico¡±, detalla Ingrid Escobar, directora de la ONG.

Escobar pone de ejemplo el caso de Rodolfo Pereira, dirigente de los comerciantes de Soyapango, detenido en junio de 2022. ¡°Dos d¨ªas antes de que ¨¦l iba a dar una conferencia de prensa, llega la polic¨ªa a su casa y le dice sin m¨¢s que hab¨ªan recibido una llamada an¨®nima de que ¨¦l era pandillero, y se lo llevan. A la fecha, el compa?ero sigue preso. No sabemos si est¨¢ con vida, ni su familia ni su abogado han tenido la oportunidad de hablar con ¨¦l¡±, cuenta.

La organizaci¨®n ha registrado la detenci¨®n de 17 l¨ªderes de sindicatos de alcald¨ªas y dependencias del Gobierno, acusados todos del delito de asociaci¨®n delictuosa e incluso terrorismo. Otros 146 trabajadores sindicalizados han sido despedidos, y 38 m¨¢s han sido suspendidos. La lista sigue creciendo. La presi¨®n de la ONG ha conseguido que 10 de los dirigentes capturados salgan de prisi¨®n. De los detenidos, uno, Jos¨¦ Le¨®nidas Bonilla, muri¨® en la c¨¢rcel por no tener acceso a tratamiento para la diabetes que padec¨ªa (las muertes por enfermedades no atendidas se han vuelto comunes entre los presos). ¡°El compa?ero no era pandillero, no ten¨ªa antecedentes penales, nunca hab¨ªa estado en una c¨¢rcel, ni siquiera en detenci¨®n administrativa. Dej¨® en la orfandad a una ni?a de 15 a?os con discapacidad mental, y un gran sufrimiento para toda su familia y para nosotros, sus compa?eros de lucha¡±, se lamenta Escobar.

Socorro Jur¨ªdico comparte oficinas en la capital con el Movimiento de Trabajadores de la Polic¨ªa Nacional Civil (MTP). Su dirigente, Marvin Reyes, es un exagente que trabaj¨® 21 a?os en la corporaci¨®n. La vocaci¨®n de la ONG ha sido la defensa de los derechos laborales de los polic¨ªas, pero en el Gobierno de Bukele se ha convertido en una plataforma de denuncia de los excesos cometidos en la lucha contra las pandillas. Por su trayectoria en la PNC, los agentes en activo le comparten a Reyes quejas internas.

¡°Tenemos a un compa?ero que fue detenido en junio de 2022 por orden de la direcci¨®n general de la PNC. Detenido en el contexto del r¨¦gimen de excepci¨®n solamente por compartir en un grupo de WhatsApp, integrado por miembros de la polic¨ªa, informaci¨®n de unos compa?eros que exig¨ªan su licencia [permiso para descansar], ya que ten¨ªan 10 d¨ªas de no salir. El director dio la orden de detenerlo bajo el delito de apolog¨ªa del delito, porque, seg¨²n las autoridades de la PNC, estaba incitando a la rebeli¨®n a los dem¨¢s¡±, cuenta Reyes.

El dirigente denunci¨® en su momento c¨®mo los mandos exig¨ªan a los polic¨ªas una ¡°cuota¡± de detenciones al d¨ªa. ¡°Cada patrulla deb¨ªa capturar dos o tres personas por d¨ªa. Se lleg¨® al punto de que los jefes les dec¨ªan: ¡®Miren, si no vienen con los tres detenidos, mejor no vengan a la base. Hasta que tengan a todos, se reportan¡¯. Muchas veces los compa?eros se preguntaban de d¨®nde iban a sacar la cuota. Entonces empezaron a detener a los vagos, los ebrios, los drogadictos, los rockeros. As¨ª se llevaron a mucha gente¡±, se?ala.

Reyes, que ya ha sido objeto de acoso digital de parte de las hordas de simpatizantes de Bukele (muchos bots tambi¨¦n), estuvo a punto de ser capturado este jueves, seg¨²n lo ha denunciado ¨¦l mismo. Agentes de la polic¨ªa lo visitaron en las oficinas de la ONG y lo ¡°invitaron¡± a ir a presentar una denuncia a ra¨ªz de unos comentarios que hizo en un medio sobre corrupci¨®n interna en la PNC. El dirigente considera que se trat¨® de una maniobra para encerrarlo. ¡°Esto es una clara persecuci¨®n pol¨ªtica hacia las voces disidentes que se?alan aspectos de corrupci¨®n, de delitos que est¨¢n cometiendo instituciones de seguridad p¨²blica¡±, ha dicho a trav¨¦s de un video. Reyes ha salido bien librado esta vez, pero tiene dudas de que la paz vaya a ser duradera: ¡°Se pueden inventar cualquier cosa, a uno lo llevan a la c¨¢rcel y de ah¨ª puede salir muerto¡±.

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