Roberta Clarke, presidenta de la CIDH: ¡°Todo estado de excepci¨®n es, por definici¨®n, represivo¡±

A finales de 2023 la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalu¨® incluir a El Salvador en la lista de pa¨ªses que cometen las m¨¢s graves violaciones de derechos humanos en las Am¨¦ricas ¡ªel art¨ªculo 4B de su informe anual¡ª junto a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. El ¡°no¡± se impuso en una votaci¨®n dividida. Pero cada vez hay m¨¢s evidencia de la crueldad de las pol¨ªticas de mano dura del presidente Nayib Bukele, que siguen nutriendo su popularidad internacional al tiempo que alarman a los organismos de derechos humanos. En julio, un reporte de la organizaci¨®n local Cristosal revel¨® la muerte de m¨¢s de 200 adultos y al menos cuatro beb¨¦s en las c¨¢rceles salvadore?as desde que estado de excepci¨®n inici¨® en 2022, sin que ning¨²n caso haya sido esclarecido por las autoridades. Esta semana, la CIDH ha vuelto a exigir el fin de la suspensi¨®n de derechos constitucionales, que cumple m¨¢s de dos a?os ininterrumpidos y ha permitido la detenci¨®n ilegal y encarcelamiento sin pruebas de m¨¢s de 80 mil personas.

¡°Reconocemos la reducci¨®n de la delincuencia y la mejora, por tanto, de la calidad de vida de los salvadore?os¡±, dice Roberta Clarke, presidenta de la Comisi¨®n, en una concesi¨®n al argumentario de Bukele, que acusa a las instituciones de derechos humanos de defender a criminales y negar los resultados de su gesti¨®n. ¡°Pero es indiscutible que hay un estado de excepci¨®n que contin¨²a a pesar de que ya dio los resultados exitosos que buscaba. ?No es capaz el Estado de seguir dando seguridad sin suspender derechos y violar el debido proceso?¡±, critica.

El informe del organismo de la OEA denuncia la existencia en El Salvador de jueces sin rostro, audiencias en las que solo se da a los abogados defensores cinco minutos para refutar los cargos de hasta 500 acusados, y detenidos que pasan meses en prisi¨®n sin saber de qu¨¦ se les acusa. ¡°Las medidas emprendidas durante el r¨¦gimen de excepci¨®n¡±, se lee, ¡°revelan la opci¨®n por un modelo de pol¨ªtica criminal enfocado en medidas altamente represivas, con la suspensi¨®n de derechos y garant¨ªas, y al cual se a¨²nan denuncias de violaciones sistem¨¢ticas y generalizadas de derechos humanos¡±.

La dureza del informe ha dividido otra vez a la Comisi¨®n, que lo aprob¨® por cuatro votos contra tres. Dos comisionados emitieron un voto razonado en el que acusan al pleno de falta de imparcialidad y de, sin af¨¢n de iron¨ªa, violar el derecho de defensa del Estado Salvadore?o. Clarke, originaria de Barbados y con una larga trayectoria en Naciones Unidas antes de su llegada a la CIDH en enero de 2022, niega que el disenso interno desvirt¨²e el informe y asegura que el desacuerdo se limita a ¡°algunos aspectos¡± del reporte. ¡°En el punto de que el estado de excepci¨®n se ha prolongado demasiado y se est¨¢n violando importantes garant¨ªas procesales creo que estamos totalmente de acuerdo¡±, dice.

P. El informe presentado habla de violaciones ¡°sistem¨¢ticas¡± a los derechos humanos. ?Cree que la actual pol¨ªtica de seguridad de El Salvador est¨¢ dise?ada para violar derechos?

R. El informe se limita a analizar los efectos del estado de excepci¨®n. La Comisi¨®n acepta que fue detonado por el asesinato de m¨¢s de 90 personas entre el 24 y el 27 de marzo de 2022 y en un inicio pretend¨ªa atajar esa emergencia. Pero estamos preocupados por la suspensi¨®n continuada de derechos pese a que la seguridad del pa¨ªs se ha estabilizado. Por eso afirmamos que ya no es necesario. Adem¨¢s, vemos que m¨¢s de 70.000 personas han sido arrestadas, la mayor¨ªa sin ¨®rdenes de detenci¨®n, fuera de las obligaciones procesales del Estado. Hemos constatado arrestos ilegales masivos, As¨ª como allanamientos de viviendas sin orden judicial que los haga legales. Dir¨ªa que s¨®lo el enorme n¨²mero de personas que han sido detenidas desde 2022 habla de lo que est¨¢ sucediendo.

P. ?La forma en que el estado de excepci¨®n se ha implementado en El Salvador y su duraci¨®n son entonces violatorias de los derechos humanos?

R. La Convenci¨®n Interamericana y la Declaraci¨®n Interamericana de Derechos Humanos son bastante claras en relaci¨®n con los est¨¢ndares que debe cumplir un estado de excepci¨®n y establecen que ¨¦ste debe limitarse a la duraci¨®n real de la emergencia, al tiempo estrictamente necesario que dura ¨¦sta. En El Salvador el Estado justific¨® el estado de excepci¨®n original por la alt¨ªsima tasa de homicidios y dos a?os despu¨¦s esa tasa ha disminuido. Y nos preocupa el r¨¦gimen legal que se ha establecido bajo el estado de excepci¨®n. De acuerdo con los est¨¢ndares interamericanos, la prisi¨®n preventiva deber¨ªa ser la excepci¨®n, no la regla, y en El Salvador se ha convertido en una medida obligatoria. Tambi¨¦n nos preocupa que haya jueces sin rostro, y las audiencias masivas en las que se juzga a 400 personas al mismo tiempo, de forma muy r¨¢pida y sumaria, sin oportunidad real para que los acusados se defiendan. O la aplicaci¨®n de penas de prisi¨®n del r¨¦gimen de adultos a menores de 18 a?os. Todo eso tiene que llegar a su fin.

P. ?Considera que los hechos descritos en el informe ameritan que El Salvador sea incluido en el cap¨ªtulo 4B del pr¨®ximo informe anual de la CIDH?

R. La Comisi¨®n no est¨¢ estudiando esta cuesti¨®n en este momento. Estamos centrados en trabajar con el Estado salvadore?o para aplicar las recomendaciones del informe.

P. ?Conf¨ªa usted en que El Salvador cumplir¨¢ esas recomendaciones?

R. Esperamos que el Estado estudie detenidamente el informe y siga colaborando con la Comisi¨®n en la aplicaci¨®n de las recomendaciones. Esa es nuestra expectativa y esperanza.

P. La respuesta que El Salvador a la publicaci¨®n del documento no es esperanzadora. En un comunicado cuestion¨® de forma expl¨ªcita la independencia de la Comisi¨®n, puso en duda la objetividad del informe, y dijo que si la CIDH no transparenta su financiamiento y la forma en que selecciona fuentes de informaci¨®n ¡°su capacidad para proteger los derechos humanos en las Am¨¦ricas seguir¨¢ siendo cuestionada¡±.

R. La Comisi¨®n mantiene lo dicho en el informe. Somos un organismo independiente, compuesto por siete comisionados de toda Am¨¦rica Latina y el Caribe, y que tiene una larga trayectoria de credibilidad en su monitoreo. Recibimos informaci¨®n de diversas fuentes, de defensores de derechos humanos, de Organizaciones No Gubernamentales, de instituciones estatales independientes, y tambi¨¦n del Estado, del gobierno. Desde luego, nos complace seguir dialogando con El Salvador sobre el contenido del informe y sobre la suspensi¨®n de determinados derechos. La Comisi¨®n reconoce la reducci¨®n de la delincuencia y la violencia y la mejora, por tanto, de la calidad de vida de los salvadore?os. Pero es indiscutible que hay un estado de excepci¨®n que contin¨²a a pesar de que ya dio los resultados exitosos que buscaba. Es un hecho objetivo. ?No es capaz el Estado de seguir dando seguridad sin suspender derechos y violar el debido proceso?

P. Existe la posibilidad de que se derogue el estado de excepci¨®n pero sigan los procedimientos que conducen a violaciones de los derechos humanos y el debido proceso. Se han aprobado m¨²ltiples reformas penales que no est¨¢n propiamente incluidas en el r¨¦gimen de excepci¨®n.

R. Claramente, la Comisi¨®n est¨¢ preocupada por la separaci¨®n de poderes, por los controles y equilibrios que deben garantizar una democracia estable y el derecho que todo el mundo tiene a ser escuchado por un juez y defenderse de una acusaci¨®n. Seguiremos abogando por que el Estado garantice un juicio justo, la independencia de la justicia... Son obligaciones claramente establecidas por el sistema interamericano de derechos humanos. S¨¦ que no respondo a su pregunta, pero es todo lo que puedo decir. No quiero especular sobre lo que vendr¨¢. Solo puedo asegurar que la Comisi¨®n seguir¨¢ prestando atenci¨®n a lo que suceda en El Salvador.

P. El Gobierno salvadore?o insin¨²a que el hecho de que se haya aprobado por 4 votos a 3, y no por unanimidad, resta credibilidad al informe. ?Cree usted que es as¨ª?

R. En absoluto. Dos de los votos disidentes hicieron objeciones parciales, no a todo el informe. Es necesario hacer esa distinci¨®n. En un organismo colegiado puede haber opiniones diversas, y por eso el reglamento de la CIDH establece las formas en que ¨¦stas pueden expresarse. Pero no creemos que el disenso en s¨ª desvirt¨²e el informe, en primer lugar porque, como dije, las objeciones son parciales y en mi opini¨®n no se refieren o afectan al asunto central, que son las implicaciones legales del estado de excepci¨®n y la suspensi¨®n de derechos humanos en El Salvador.

P. Dice que las objeciones no son a la totalidad, pero en su voto razonado los comisionados Bernal y Ral¨®n cuestionan el rigor del informe. Son ellos los primeros en poner en duda la imparcialidad de la CIDH. Es un ataque muy duro que viene de sus propias filas.

R. Ser¨ªa bueno hablar con el comisionado Bernal para que sea ¨¦l quien explique sus puntos de desacuerdo con el informe, pero tambi¨¦n se debe tomar en cuenta que hay un voto concurrente de otros dos comisionados que hacen un recuento del proceso de elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de este informe. En todo caso, no creo que el disenso socave el informe y la preocupaci¨®n central que expresa la Comisi¨®n, que es la prolongaci¨®n de un estado de emergencia que suspende derechos humanos, que aplica a los ni?os el mismo r¨¦gimen penitenciario que a los adultos, y que opera a trav¨¦s de operadores de justicia an¨®nimos y juicios masivos. Podemos tener desacuerdos sobre cifras y algunos aspectos, pero en el punto de que el estado de excepci¨®n se ha prolongado demasiado y se est¨¢n violando importantes garant¨ªas procesales creo que estamos totalmente de acuerdo.

P. El voto concurrente al que se usted se refiere, el de los comisionados Caballero y Pochak, afirma que la suspensi¨®n de garant¨ªas ¡°carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democr¨¢tico¡±. ?El estado de excepci¨®n est¨¢ siendo una herramienta para debilitar la democracia en El Salvador?

R. Es dif¨ªcil separar las violaciones de los derechos humanos de la institucionalidad democr¨¢tica, y de la existencia o no de un entorno propicio para la democracia y la libertad de expresi¨®n, porque todo estado de excepci¨®n es, por definici¨®n, un estadio represivo. En el caso de El Salvador hemos recibido informes de defensores de derechos humanos y periodistas que sienten miedo a expresar su punto de vista sobre el estado de excepci¨®n o el funcionamiento del Estado en su conjunto, precisamente debido al impacto que el r¨¦gimen de excepci¨®n ha tenido en el marco de garant¨ªas en el pa¨ªs.

P. Las diferencias en la Comisi¨®n, ?se limitan al caso de El Salvador o est¨¢ la CIDH atravesando una crisis interna m¨¢s profunda?

R. Yo no dir¨ªa que la Comisi¨®n atraviesa una crisis. Creo que tenemos distintos puntos de vista sobre la definici¨®n de los derechos humanos y la forma en que los est¨¢ndares interamericanos se aplican en cada pa¨ªs o la forma en que los Estados deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Como cuerpo colegiado tenemos que trabajar juntos en ello y continuar dialogando. Las diferencias de opini¨®n son parte de la vida. Y repito: en el caso de El Salvador, los argumentos centrales del informe de la Comisi¨®n est¨¢n fuera de discusi¨®n.

P. Son diferencias importantes, y en todo el continente hay sectores que acusan a los organismos de derechos humanos est¨¢n ideologizados o sesgados. Se ataca a la CIDH pero tambi¨¦n a organizaciones como Amnist¨ªa Internacional o a Naciones Unidas y su agenda 2023. En medio de esa crispaci¨®n, ?se siente la CIDH respaldada por la OEA y sus miembros?

R. S¨ª. Creo que los Estados miembros de la OEA mantienen su compromiso fuerte y permanente con la Comisi¨®n Interamericana. Por supuesto, las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurren en contextos espec¨ªficos, vinculadas a la pol¨ªtica de los pa¨ªses, pero las cr¨ªticas no nos llegan desde un solo lugar del mapa pol¨ªtico o ideol¨®gico sino de un amplio abanico de pa¨ªses que cuestionan nuestro an¨¢lisis o nuestros datos. Supongo que eso indica que, en t¨¦rminos de independencia, algo estamos haciendo bien.

P. Hace dos a?os el presidente Bukele dijo que los pa¨ªses deber¨ªan evaluar retirarse de organizaciones como la CIDH ¡°que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo¡±. ?Le preocupa la posibilidad de que El Salvador cumpla la amenaza y abandone el sistema interamericano de derechos humanos?

R. Lo que esperamos de todos los Estados miembros es que eval¨²en el trabajo de la Comisi¨®n de forma justa y teniendo en cuenta la forma en que ¨¦sta ha funcionado a lo largo de sus 65 a?os. ?Cu¨¢les han sido siempre sus m¨¦todos de verificaci¨®n? ?Qu¨¦ tipo de di¨¢logos sostiene con diferentes actores? Si se hace una evaluaci¨®n justa de la Comisi¨®n quedar¨¢ muy claro que hace un enorme esfuerzo por tener un amplio rango de fuentes en las que sustentar su monitoreo y con las que verificar la informaci¨®n que obtiene. Tambi¨¦n permanecemos muy atentos a lo que tengan que decir los Estados y a la informaci¨®n que nos proporcionan. En general, la Comisi¨®n acoge con satisfacci¨®n el escrutinio. Y el apoyo constructivo, que creo que es necesario para todo el sistema. El di¨¢logo es el ¨²nico camino para seguir manteniendo la confianza en la integridad de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos.

P. ?Cree que el Gobierno de El Salvador permitir¨¢ en el corto plazo una visita de la Comisi¨®n?

R. Las visitas in loco son ¨²tiles, tanto para la Comisi¨®n como para los Estados. Visitar El Salvador nos permitir¨ªa reunirnos en persona con actores tanto estatales como no gubernamentales y de sociedad civil, y ser¨ªa una oportunidad para aclarar puntos de vista y diferencias entre la Comisi¨®n y el Estado.