M¨¦xico definir¨¢ esta semana a los candidatos que aparecer¨¢n en la boleta de la elecci¨®n judicial

Hace un a?o, la pol¨¦mica reforma judicial ideada por Morena parec¨ªa un horizonte inalcanzable incluso dentro de las filas del oficialismo. Tras las elecciones del a?o pasado en las que el partido de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador arras¨® en las urnas y se hizo con el control absoluto del Congreso, la ambiciosa enmienda fue aprobada y ahora est¨¢ en su fase de implementaci¨®n. Es un hecho: M¨¦xico ser¨¢ este a?o el primer pa¨ªs que votar¨¢ a todos sus jueces en las urnas. La selecci¨®n de candidatos a un cargo judicial qued¨® en manos de los tres poderes de la Uni¨®n: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que conformaron, cada uno, Comit¨¦s de Evaluaci¨®n para procesar las miles de postulaciones. Las apuestas finales de la Judicatura quedaron definidas el jueves pasado. El Ejecutivo har¨¢ su selecci¨®n este domingo. El Congreso la llevar¨¢ a cabo el martes. Con las tres selecciones quedar¨¢n integradas las boletas que los mexicanos usar¨¢n en los in¨¦ditos comicios del pr¨®ximo 1 de junio, en los que estar¨¢n en juego cerca de 900 cargos judiciales, entre jueces de distrito, magistrados de circuito y electorales, ministros del Supremo y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

El trayecto hasta este punto ha estado marcado por las tensiones entre el partido gobernante y los jueces, los principales afectados por la enmienda constitucional. Ni las protestas en las calles de los funcionarios judiciales ni las renuncias de la mayor¨ªa de los ministros de la Suprema Corte hicieron recular a Morena. El Ejecutivo, primero con L¨®pez Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha se?alado una y otra vez que el Poder Judicial es corrupto y est¨¢ capturado por los conservadores y las ¨¦lites, en perjuicio del pueblo. El argumento de que la Judicatura necesitaba una demolici¨®n y reconstrucci¨®n es la base primordial de la reforma.

En el m¨¢s reciente episodio de la confrontaci¨®n, el Tribunal Electoral (TEPJF) le quit¨® a la Judicatura la facultad de elegir a sus candidatos y la deleg¨® en el Senado, dominado por Morena. El Poder Judicial hab¨ªa detenido el cribado de aspirantes luego de que un juez de amparo orden¨® a los tres poderes frenar el proceso. Solo el Judicial acat¨® la instrucci¨®n. El Tribunal Electoral, controlado por una mayor¨ªa oficialista, destrab¨® la par¨¢lisis a favor de Morena. El pasado jueves, el Senado seleccion¨® a los candidatos de la Judicatura mediante un sorteo parecido al de la loter¨ªa, como se estableci¨® en la Constituci¨®n tras la enmienda.

La toma de relevo no fue amistosa. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fern¨¢ndez Noro?a, acus¨® al Poder Judicial de manipular las listas para que ciertos perfiles, principalmente las mujeres, tuviesen pase directo a la boleta sin someterse a la insaculaci¨®n. Tambi¨¦n se?al¨® que la Judicatura a?adi¨® de ¨²ltimo momento nombres de aspirantes a los listados. Pasando por encima de la norma que proh¨ªbe a los funcionarios inmiscuirse en la elecci¨®n judicial, Noro?a, que milita en el bloque oficialista, llam¨® a los ciudadanos a no votar a los candidatos postulados por el Poder Judicial (en las boletas, al lado del nombre de cada aspirante, se indicar¨¢ cu¨¢l de los tres poderes le ha propuesto). La presidenta Sheinbaum se ha unido al coro y ha se?alado que la actuaci¨®n de la Judicatura ha sido ¡°totalmente irregular¡±.

Con todo, los primeros nombres de candidatos ya son firmes. A la espera de los sorteos por venir del Ejecutivo y el Legislativo, es un hecho que en la boleta de candidatos a ministros del Supremo aparecer¨¢, por ejemplo, Paula Garc¨ªa Villegas S¨¢nchez Cordero, hija de Olga S¨¢nchez Cordero, exministra de la Suprema Corte que se convirti¨® en senadora de Morena en el sexenio de L¨®pez Obrador. Tambi¨¦n figurar¨¢ la abogada Marisela Morales, que fue titular de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica entre 2011 y 2012, en el ¨²ltimo a?o del gobierno de Felipe Calder¨®n (PAN). Tambi¨¦n han asegurado su lugar, en la elecci¨®n para el Tribunal Electoral, la exconsejera del INE Adriana Favela y la exmagistrada electoral Gabriela Villafuerte.

El Ejecutivo y el Legislativo probar¨¢n su suerte con perfiles cercanos a Morena. Entre sus cartas fuertes a la Suprema Corte aparecen Estela R¨ªos, que fue consejera jur¨ªdica en la presidencia de L¨®pez Obrador; Bernardo B¨¢tiz, un abogado que ha colaborado durante m¨¢s de dos d¨¦cadas con el exmandatario; y Jaime C¨¢rdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de la FGR. Para llegar al Tribunal de Disciplina ¡ªque vigilar¨¢ la conducta de los jueces¡ª se han anotado la hija de B¨¢tiz, Susana B¨¢tiz Zavala, y Celia Maya, excandidata del oficialismo a la gubernatura de Quer¨¦taro.

Magros controles

Una vez que los Comit¨¦s de Evaluaci¨®n de cada uno de los tres poderes de la Uni¨®n afine su lista final de aspirantes, deber¨¢ enviarla al Senado para que este, a su vez, la turne al Instituto Nacional Electoral (INE), que oficializar¨¢ el registro de candidatos. Esto no puede suceder m¨¢s all¨¢ del 12 de febrero. El 30 de marzo iniciar¨¢ oficialmente el periodo de campa?as, que tendr¨¢ una duraci¨®n de 60 d¨ªas (hasta el 28 de mayo).

En total, 5.379 candidatos llegar¨¢n a la boleta. La ley referente a la elecci¨®n judicial les proh¨ªbe recibir financiamiento p¨²blico o privado, lo que obliga a los aspirantes a usar su propio dinero para financiar sus gastos de traslado, hospedaje y comida. No podr¨¢n contratar espacios en medios de comunicaci¨®n ¡ªradio, televisi¨®n o peri¨®dicos¡ª ni en bardas, anuncios espectaculares u otros por el estilo en la v¨ªa p¨²blica. Esto limita a los candidatos a ¨²nicamente hacer campa?a en asambleas locales y a participar en foros o debates.

El INE, sin embargo, ha suavizado las prohibiciones. Esta semana, el ¨®rgano encargado de la elecci¨®n rebaj¨® la gravedad de la sanci¨®n que se impondr¨¢ a los aspirantes que no presenten su informe de ingresos y gastos de campa?a. En un proceso electoral ordinario, no entregar ese documento ¡ªque sirve para fiscalizar el origen de los recursos de un candidato y prevenir actos de corrupci¨®n¡ª ha sido motivo suficiente para que el INE anule el derecho de una persona a participar en la contienda. Esta vez, la falta ameritar¨¢ una simple amonestaci¨®n o una multa.

La norma para la elecci¨®n judicial tambi¨¦n proh¨ªbe las precampa?as, pese a lo cual varios jueces federales han promovido sus aspiraciones antes de tiempo y utilizado indebidamente recursos p¨²blicos. Desde hace semanas, las ministras de la Suprema Corte Yasm¨ªn Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, afines al oficialismo, han hecho varias giras a los Estados para participar en eventos organizados por Morena y han aparecido en diversos medios para publicitar sus aspiraciones, sin contar su intensa promoci¨®n en redes sociales. Decenas de jueces y magistrados federales han seguido su ejemplo y han dado el mismo impulso anticipado a sus candidaturas. El INE no ha intervenido para frenar esa flagrante precampa?a.

En el otro lado de la moneda est¨¢n los aspirantes a jueces sin tal capacidad de recursos. Y los que tengan que hacer campa?a en distritos ubicados en zonas controladas por el crimen organizado, o peor, en aquellas donde se libran abiertas guerras entre c¨¢rteles ¡ªSinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco¡ª. Varios postulantes han pedido al INE garant¨ªas de seguridad para lanzarse a la b¨²squeda del voto. No obstante, el ¨®rgano electoral ha estado m¨¢s ocupado en organizar la in¨¦dita elecci¨®n con los recursos que Morena le ha concedido a cuentagotas. Con las condiciones que ya se advierten, los comicios judiciales suponen una prueba de fuego para la democracia mexicana.