Las campa?as anticipadas de los aspirantes a jueces ponen m¨¢s presi¨®n al INE

Los jueces que aspiran a un nuevo cargo dentro de la judicatura, en los comicios previstos para el pr¨®ximo 1 de junio, han aprovechado una enorme laguna en la reforma judicial que les ha permitido promover sus candidaturas antes de tiempo y utilizar indebidamente recursos p¨²blicos. Desde hace semanas, tres ministras de la Suprema Corte de Justicia, Yasm¨ªn Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, afines al oficialismo, han hecho varias giras a los Estados para participar en eventos organizados por Morena, el partido en el Gobierno, y han aparecido en diversos medios para publicitar sus aspiraciones. Decenas de jueces y magistrados federales han seguido su ejemplo y han dado el mismo impulso anticipado a sus candidaturas. La intensa publicidad de los aspirantes ha puesto m¨¢s presi¨®n al Instituto Nacional Electoral (INE), que debe impedir las precampa?as y llevar a buen puerto la compleja elecci¨®n, con un calendario demasiado ajustado y unos recursos p¨²blicos limitados.

Funcionarios del Poder Judicial y abogados de la oposici¨®n han presentado quejas ante el INE y le han exigido garantizar el piso parejo para todos los contendientes y, sobre todo, frenar el desv¨ªo de dinero p¨²blico para fines pol¨ªticos. La mayor¨ªa de los aspirantes que han hecho campa?a anticipada a¨²n son jueces en funciones y est¨¢n obligados por la ley a utilizar los recursos a su cargo de manera imparcial, m¨¢s a¨²n trat¨¢ndose de impartidores de justicia. Adem¨¢s de eso, la reforma permite a los actuales jueces el pase directo a la boleta electoral en caso de que acepten participar en los comicios judiciales. En ese escenario, no tienen necesidad de hacer precampa?a, una figura existente en la legislaci¨®n mexicana para que los pol¨ªticos disputen internamente en sus partidos la nominaci¨®n a un cargo. Es decir, se trata de un recurso necesario cuando no se tiene la candidatura asegurada, lo que no es el caso de los juzgadores actualmente en precampa?a.

El INE tiene de por s¨ª enormes retos para organizar la elecci¨®n judicial. Primero, porque la enmienda ¡ªimpulsada por Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y abrazada por la presidenta Claudia Sheinbaum¡ª estableci¨® un calendario electoral demasiado ajustado. En cuesti¨®n de meses, el ¨¢rbitro electoral deb¨ªa planificar unos in¨¦ditos comicios en los que ser¨¢n electos alrededor de 900 cargos judiciales de entre miles de candidatos. La organizaci¨®n implic¨® el dise?o de una nueva cartograf¨ªa electoral ¡ªhacer coincidir los circuitos judiciales con los distritos electorales¡ª, el dise?o de boletas, la elaboraci¨®n de urnas y la capacitaci¨®n de funcionarios del INE en los entresijos de la complicada reforma. Pese a ello, el oficialismo, que domina el Congreso federal, suministrador del presupuesto p¨²blico, ha regateado al Instituto los dineros para llevar a buen puerto los comicios y le ha ordenado ajustarse el cintur¨®n.

Luego est¨¢ otra de las funciones del INE: supervisar que los aspirantes a un cargo judicial cumplan con lo que les ordena la ley. El lunes, Movimiento Ciudadano (MC) present¨® ante el Instituto una queja en la que denuncia el c¨²mulo de giras a los Estados, conferencias, entrevistas en medios y publicaciones en redes sociales hechas por las ministras Esquivel, Ortiz y Batres para promocionar sus aspiraciones fuera de tiempo. Seg¨²n los lineamientos de la enmienda judicial, la campa?a para la elecci¨®n iniciar¨¢ el 28 de marzo y durar¨¢ 60 d¨ªas. ¡°En ning¨²n caso habr¨¢ etapa de precampa?a¡±, zanja la norma. Aunque la prohibici¨®n es expresa, la reforma no indic¨® cu¨¢l es la ruta para denunciar las infracciones ni sus penalizaciones. De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que rige cualquier proceso electoral ¡ªincluido, en teor¨ªa, el de jueces¡ª, el aspirante que viole esa prohibici¨®n puede perder el derecho a convertirse en candidato. El INE no se ha pronunciado respecto a las quejas por campa?as adelantadas.

La laguna legal vino como anillo al dedo a las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, las ¨²nicas integrantes del Supremo que han decidido participar en la elecci¨®n judicial. La denuncia de MC, a la que ha accedido este peri¨®dico, relata puntualmente su recorrido proselitista. Por ejemplo, las tres togadas acudieron a la investidura de la morenista Roc¨ªo Nahle como gobernadora de Veracruz, y a la de Eduardo Ram¨ªrez, tambi¨¦n de Morena, como mandatario de Chiapas. La ministra Esquivel, adem¨¢s, acudi¨® a la toma de posesi¨®n de Alejandro Armenta, de Morena, como gobernador de Chiapas. Por separado, las tres togadas han participado en foros y conferencias organizadas por legisladores del oficialismo o por sindicatos afines, pese a otra prohibici¨®n de la reforma: los partidos no pueden financiar a ning¨²n candidato (tampoco pueden hacerlo los entes privados).

En esos eventos, a los que han asistido cientos de personas, se han desplegado grandes anuncios con el rostro de las ministras, sus nombres y esl¨®ganes de campa?a, signos inequ¨ªvocos de proselitismo. ¡°Justicia de puertas abiertas¡±, ofrece Esquivel. ¡°Justicia para todos¡±, vende Ortiz. ¡°La ministra del pueblo¡±, se denomina Batres. En los actos pol¨ªticos que les organizan, las ministras se toman fotos con funcionarios y pol¨ªticos morenistas, que luego publican en sus redes sociales. En su pasarela medi¨¢tica, Batres tuvo un espacio en un programa del Sistema P¨²blico de Radiodifusi¨®n, la cadena financiada con recursos p¨²blicos, y en el Instituto Nacional de Formaci¨®n Pol¨ªtica de Morena, la escuela de cuadros del partido guinda. Esquivel public¨® un video con el secretario de Gobierno de Ciudad de M¨¦xico, C¨¦sar Cravioto, en el que este le declara su apoyo. Ortiz dijo en una entrevista para Milenio que ¡°aspira a ser la ministra m¨¢s votada¡± y ofreci¨® dar ¡°prioridad¡± a Veracruz. Son todos c¨®digos de alguien en busca de un cargo de elecci¨®n.

MC indica en su denuncia que la aparici¨®n de las ministras en eventos de Morena ¡°podr¨ªa no solo constituir un acto anticipado de campa?a, sino tambi¨¦n un quebrantamiento del principio de imparcialidad y otros que rigen el gasto p¨²blico, debido al posible uso de vi¨¢ticos u otros gastos en dicho evento¡±. El periodista Carlos Loret public¨® una investigaci¨®n en la que se?ala que al menos la ministra Batres ha cargado a la Corte sus viajes proselitistas por los Estados. Fuentes del Supremo han afirmado a este diario que la mec¨¢nica del desv¨ªo consiste en agendar giras oficiales fuera de Ciudad de M¨¦xico para, tras despacharlas, atender en esos lugares una agenda pol¨ªtica privada.

Un grupo de funcionarios judiciales prepara una denuncia contra otros juzgadores en precampa?a. Se?alan al menos a 25 jueces y magistrados, miembros de un grupo llamado Faro Judicial y varios de los cuales acudieron en octubre a la C¨¢mara de Diputados a una reuni¨®n con Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, mientras cientos de trabajadores de la judicatura se manifestaban en las calles contra la reforma oficialista. La magistrada Julia Ram¨ªrez, de un tribunal colegiado con sede en Yucat¨¢n, se ha fotografiado en eventos auspiciados por Morena. Mismo caso de la jueza Ingrid Ter¨¢n, de un tribunal laboral en Yucat¨¢n; el juez Antonio Ord¨®?ez, de un tribunal laboral en Ciudad de M¨¦xico, y la jueza Blanca Ochoa, de un juzgado de distrito en materia administrativa de Ciudad de M¨¦xico.

Las campa?as anticipadas han levantado muchas cr¨ªticas dentro del Poder Judicial. El ministro del Supremo Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ha afirmado que no solo las precampa?as est¨¢n prohibidas, sino que, a la fecha, ni siquiera hay candidatos, pues los Comit¨¦s de Evaluaci¨®n formados para depurar a los aspirantes a¨²n se encuentran revisando las solicitudes. Alc¨¢ntara se?ala que es preocupante no solo la fuga de dinero p¨²blico en actos de campa?a, sino tambi¨¦n el abandono de las funciones para las que los jueces han sido seleccionados; la afectaci¨®n a la imparcialidad con la que deben resolver los asuntos, y ¡°la paulatina diluci¨®n de los principios electorales que permitieron a este pa¨ªs afianzarse como una democracia, incluso en el sentido m¨ªnimo, y permitir la alternancia¡±. La reforma judicial ya supon¨ªa un salto a lo desconocido para los mexicanos. Los costos de la aventura se han puesto de manifiesto.