Del narcoestado al conflicto armado

El pasado 7 de agosto el presidente L¨®pez Obrador declar¨® que M¨¦xico hab¨ªa sido un narcoestado. Para ¨¦l, tal situaci¨®n se dio por la convivencia entre algunas autoridades policiales y servidores p¨²blicos con los c¨¢rteles de la droga. La reacci¨®n a sus palabras fue casi inmediata. M¨¢s all¨¢ de las cercan¨ªas o distancias con los expresidentes Calder¨®n y Pe?a y con sus respectivos equipos de trabajo, pr¨¢cticamente nadie acept¨® tal calificaci¨®n. Algunos articulistas hicieron notar, con raz¨®n, las evidentes diferencias existentes entre Estados como Afganist¨¢n, Guinea Bis¨¢u o Kosovo con el nuestro. Otros compararon los ¨ªndices de violencia existentes entre 2012 y la actualidad, para demostrar que lejos de haber mejorado el pa¨ªs se encuentra en igual o peor situaci¨®n. Y unos m¨¢s, con agudeza, se preguntaron si la semejanza entre las condiciones pasadas y presentes permit¨ªan extender tal calificaci¨®n al actual Gobierno.

Pienso que estas cr¨ªticas llevaron al presidente L¨®pez Obrador a corregir pocas horas despu¨¦s sus declaraciones. Para hacerlo, apunt¨® que no preparaba las charlas ma?aneras para expresar m¨¢s libremente lo que sent¨ªa. Sin discutir aqu¨ª lo que implica el que el presidente quiera hacer gobierno desde las conferencias ma?aneras y no prepare lo que en ellas va a decir, el se?alamiento produjo distintas consecuencias. La retractaci¨®n puso de manifiesto que ni el propio presidente ni alguno de sus colaboradores se percataron de las implicaciones. No es lo mismo que los articulistas o los acad¨¦micos nacionales o extranjeros consideren que un pa¨ªs es un narcoestado, a que lo declare el correspondiente jefe de Estado, dadas las consecuencias que acarrea tanto en el ¨¢mbito dom¨¦stico como en el internacional.

Al interior del pa¨ªs de inmediato surge la pregunta por las razones para determinar que aquello que fue no subsiste m¨¢s. Supongamos que, efectivamente, Genaro Garc¨ªa Luna y sus cercanos dominaron la operaci¨®n policiaca y se vincularon con la delincuencia organizada. De ello no se sigue, claro est¨¢, que su sola separaci¨®n del cargo haya terminado con las redes y acuerdos que los cuerpos de seguridad en el pasado o en la actualidad mantuvieron y mantienen con los delincuentes. ?Qu¨¦ pasar¨ªa si, otra suposici¨®n, se descubriera que en la actualidad otros elementos mantienen iguales o parecidas relaciones con los mismos o diferentes narcotraficantes? ?Las autoridades actuales estar¨ªan dispuestas a aceptar que su Gobierno tiene la misma condici¨®n que aquella que se?alaron para sus antecesores?

La pregunta anterior abre otro problema. ?Bajo qu¨¦ criterios es posible afirmar que el indicado narcoestado ha desaparecido? La respuesta no puede ser la acostumbrada pr¨¦dica performativa del presidente. Es decir, el mero sostenimiento por su parte de que lo que hab¨ªa ya no lo hay desde y porque ¨¦l lleg¨® al poder. Si efectivamente hubo narcoestado, ello se debi¨® a la existencia de varios indicadores: relaciones de poder, coberturas, acuerdos e impunidades. Por ello, la certificaci¨®n del cambio tiene que pasar por la comprobaci¨®n de la modificaci¨®n sustantiva de aquellos. Como es f¨¢cilmente apreciable, al no haber grandes cambios en los datos delictivos ni, menos a¨²n, en las causas que los generan, queda la duda fundada acerca de si alguna vez hubo narcoestado o no y de, si lo hubo, por el contrario, sigue existiendo.

Adem¨¢s de las repercusiones internas, hay una m¨¢s que no podemos perder de vista. Desde hace algunos a?os existe la discusi¨®n acerca de si M¨¦xico vive un ¡°conflicto armado no internacional¡±. No se trata de determinar si en M¨¦xico hay violencia, pues desde luego la hay. Se trata de saber si esta se da en condiciones tales que se le deba asignar un sentido jur¨ªdico espec¨ªfico y sus correspondientes efectos. El ¡°conflicto armado no internacional¡± se define como el enfrentamiento armado prolongado entre las fuerzas gubernamentales y las de uno o m¨¢s grupos delictivos, o de estos entre s¨ª al interior del territorio de un Estado, dados ciertos niveles de intensidad y organizaci¨®n de las partes.

En el informe presentado en 2019 por el Instituto Tecnol¨®gico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Comisi¨®n Mexicana de Defensa y Promoci¨®n de los Derechos Humanos ¨Ccon el apoyo de la Universidad de Leiden y el Grotius Centre for International Legal Studies¡ª, se concluy¨® que las caracter¨ªsticas del conflicto entre las fuerzas armadas y los c¨¢rteles del narcotr¨¢fico entre 2006 y 2017 constituyeron un ¡°conflicto armado no internacional¡±. A su juicio, los c¨¢rteles satisficieron las condiciones de intensidad y organizaci¨®n. El de Ju¨¢rez de 2006 a 2011; el de Sinaloa de 2006 a 2017; el Jalisco Nueva Generaci¨®n de 2010 a 2017; la Familia Michoacana de 2006 a 2010; los Caballeros Templarios de 2011 a 2015; los Zetas de 2010 a 2017 y el de los Beltr¨¢n Leyva de 2008 a 2012. En s¨ªntesis, en el informe se estableci¨® que de 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y esas organizaciones. Tambi¨¦n, a modo de ejemplo, se?ala que de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200.000 asesinatos, y el n¨²mero de personas que abandonaron sus hogares como consecuencia de la violencia relacionada con las drogas se increment¨®, igualmente aument¨® el despliegue militar en todo el pa¨ªs. La consecuencia de determinar que un pa¨ªs vive un ¡°conflicto armado no internacional¡± es muy relevante. Es prioridad lograr la aplicaci¨®n del derecho internacional humanitario con el prop¨®sito de limitar los m¨¦todos y medios de guerra, y proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.

La asignaci¨®n del car¨¢cter de narcoestado hecha por el presidente abri¨® diversos temas y no solo los que ¨¦l, supongo, ten¨ªa en mente al hacerlo. Me parece de gran importancia, en efecto, determinar la condici¨®n de los Gobiernos que precedieron al actual a fin de identificar responsables y asignar responsabilidades ah¨ª donde corresponda conforme a derecho. Tambi¨¦n para hacerse cargo de la totalidad de los efectos que los actos conlleven. En el informe del ITESO y la Comisi¨®n Mexicana de Defensa y Promoci¨®n de los Derechos Humanos el corte es hasta el 2017. De entonces para ac¨¢ las condiciones de guerra interna entre las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en contra de los c¨¢rteles de la droga, me parece, han aumentado. Si ello es as¨ª, ?no es necesario discutir abiertamente las condiciones de los enfrentamientos y de las maneras en las que la poblaci¨®n debe ser protegida? De este pasado-presente tambi¨¦n es necesario hablar.