Enredados

Que se requiere alg¨²n tipo de regulaci¨®n o autoregulaci¨®n en las redes sociales lo sabemos todos. Hay un riesgo evidente en la difusi¨®n indiscriminada de materiales aberrantes y en la utilizaci¨®n de las plataformas para cometer e incitar cr¨ªmenes, desde la pederastia hasta el asesinato. Pero si bien estamos de acuerdo en la necesidad de alg¨²n tipo de control o autocontrol, diferimos en la manera de conseguirlo, entre otras cosas por los muchos peligros que eso entra?a. ?Qu¨¦ se restringe? ?Qui¨¦n lo hace? Las preguntas son pertinentes, las respuestas terriblemente inc¨®modas.

Con Trump o sin Trump era un tema que ven¨ªa debati¨¦ndose a nivel planetario desde hace tiempo, pero ciertamente el cierre de las cuentas de Twitter y Facebook del ahora expresidente actualizaron la pol¨¦mica. En M¨¦xico el partido en el poder ha anunciado un proyecto de ley que aborda el tema. Si de por s¨ª es un asunto controvertido, el hecho de que sea objeto de una iniciativa unilateral de parte del partido mayoritario, en un ambiente pol¨ªticamente tan polarizado como el mexicano ha generado las posiciones m¨¢s encontradas.

Y si bien es imposible despolitizarlo, entre otras cosas porque lo ha politizado el propio presidente, el proyecto merecer¨ªa ser examinado cabalmente en su contenido y en sus implicaciones. Lo peor que podr¨ªa pasar es que sea aprobado o reprobado simplemente por ser un campo de batalla m¨¢s en la confrontaci¨®n de dos fuerzas pol¨ªticas, al margen de sus m¨¦ritos y dem¨¦ritos. Y lo digo en los dos sentidos. Ser¨ªa lamentable que los legisladores oficialistas, que son mayor¨ªa, lo aprueben por el mero hecho de provenir de la bancada de Morena; pero ser¨ªa desafortunado descalificarlo por su procedencia, sin ver siquiera su contenido.

Este martes, a pregunta expresa, el presidente L¨®pez Obrador parecer¨ªa haber desahuciado el proyecto al responder que no debe haber ning¨²n mecanismo de regulaci¨®n y que es opuesto a cualquier tipo de censura. Sin embargo, cuesta trabajo creer que el l¨ªder del Senado haya actuado por su cuenta, considerando que el proyecto aterrizaba una molestia reiterada del presidente en contra de estas plataformas. Si se trata de una rectificaci¨®n, es m¨¢s que bienvenida.

Y no obstante que se trata de temas delicados, eso no significa que debamos ignorarlos. Porciones de la propuesta de Monreal son intransitables en su formulaci¨®n, pero en conjunto la iniciativa ofrece la oportunidad de debatir un problema real.

Veamos los aspectos fundamentales. En esencia el proyecto intenta quitar a las plataformas el poder absoluto que detentan sobre las cuentas de los usuarios y sus contenidos, que hasta ahora se manejan como una propiedad exclusiva de estas empresas. Para el Gobierno de la 4T parecer¨ªa constituir un tema de soberan¨ªa nacional (los centros de decisi¨®n est¨¢n en el extranjero) e ideol¨®gico (son empresas privadas y no sociales, comunitarias o estatales quienes definen los l¨ªmites y alcances de la comunicaci¨®n social en las redes).

En el fondo, eso es lo que est¨¢ en debate en el proyecto de ley: las plataformas son privadas, pero en ellas se construye la conversaci¨®n comunitaria y se est¨¢n convirtiendo en el foro decisivo en el que los ciudadanos se informan y forman opini¨®n sobre los asuntos p¨²blicos.

La propuesta del ¡°proyecto Monreal¡±, como se le conoce, otorga al Estado la preeminencia para definir los criterios que tendr¨ªan que aplicarse para regular los excesos, y para ello se cita al art¨ªculo 6to constitucional que permite sancionar un contenido que ¡°ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque alg¨²n delito, o perturbe el orden p¨²blico¡±.

Que la autoridad sea quien decida si una expresi¨®n o una opini¨®n perturba el orden p¨²blico o la moral, es una posibilidad que pone los pelos de punta a cualquiera. De hecho, deber¨ªa espantar a los propios lopezobradoristas, porque alg¨²n d¨ªa podr¨ªan volver a ser oposici¨®n y bajo esa norma cualquier cr¨ªtico del poder podr¨ªa ser censurado o algo peor, bajo la consideraci¨®n de que su caricatura o una frase perturba la paz social. Si bien se propone que la intervenci¨®n estatal se canalice mediante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, un organismo descentralizado, el presidencialismo de nuestro sistema pol¨ªtico convierte al intermediario en un mero eufemismo.

En una sociedad perfecta siempre ser¨ªa preferible que los t¨¦rminos de la conversaci¨®n de la comunidad sean fijados por una entidad p¨²blica y no por un grupo de nerds convertidos en millonarios que operan desde su burbuja y en atenci¨®n a criterios de rentabilidad. Pero en una realidad en la que tradicionalmente el poder se ha ejercido de manera arbitraria, entregar a la clase pol¨ªtica tal preeminencia sobre los ciudadanos (y la oposici¨®n) es absurdo y potencialmente muy da?ino. La medicina podr¨ªa ser m¨¢s perjudicial que la enfermedad.

Con todo, el proyecto contempla temas muy rescatables en todo lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios, quienes hasta ahora han sido meros rehenes. Por ejemplo, la exigencia para que estas redes transparenten los criterios con los cuales se cancela una cuenta o mecanismos que obliguen a responder a un ciudadano afectado.

Las redes sociales llegaron para quedarse y su impacto ser¨¢ cada vez m¨¢s decisivo. Su virtud reside en la libertad que ofrecen, pero es evidente que han comenzado a ser utilizados con prop¨®sitos aviesos y da?inos que deben ser corregidos. No es aconsejable que tal control lo ejerzan exclusivamente los fundadores que profitan de ellos, pero tampoco los Gobiernos en cuyas manos podr¨ªan convertirse en un terrible mecanismo de control y represi¨®n. M¨¢s temprano que tarde habr¨ªa que encararlo desde la perspectiva de los propios usuarios y desde la l¨®gica del inter¨¦s ciudadano.