Abusos de poder en Veracruz y el futuro de la democracia en M¨¦xico

En el Estado de Veracruz se vive una coyuntura pol¨ªtica cr¨ªtica: se experimenta simult¨¢neamente una creciente ingobernabilidad debida al empoderamiento territorial del crimen organizado y una agudizaci¨®n de la intolerancia y del autoritarismo del Gobierno del Estado. Como en la ¨¦poca del PRI, se est¨¢ consolidando un r¨¦gimen autoritario subnacional que carece de l¨ªmites internos. El poder del grupo pol¨ªtico del gobernador Cuitl¨¢huac Garc¨ªa, dirigido por el secretario de Gobierno y verdadero poder tras el trono, Eric Cisneros, es ya comparable, en su capacidad de imponer decisiones a los otros poderes y a la ciudadan¨ªa, al que tuvieron en su ¨¦poca Fidel Herrera y Javier Duarte. Cabe preguntarse si el caso de Veracruz es un experimento sobre los l¨ªmites y alcances del autoritarismo de los gobiernos de Morena, o si simplemente se trata de una prueba m¨¢s de la falta de proyecto pol¨ªtico y de las carencias inocultables de la dirigencia pol¨ªtica del grupo en el poder.

El recrudecimiento autoritario en Veracruz coincide, al igual que en gobiernos previos, con una violencia criminal desatada. En los primeros 15 d¨ªas de enero hubo 35 asesinatos de alto impacto (como cad¨¢veres exhibidos) y un periodista m¨¢s fue v¨ªctima de homicidio. El Gobierno estatal ha perdido el control de diversos territorios, sobre todo en el sur y norte del Estado. La generalizaci¨®n del cobro de piso y de las luchas intestinas entre c¨¦lulas criminales, as¨ª como su intervenci¨®n creciente en la pol¨ªtica local, nos hablan de un escenario de ingobernabilidad en diversos municipios de la entidad. Esta ofensiva se explica en parte porque reci¨¦n han asumido sus cargos nuevos ayuntamientos, con el consiguiente reacomodo de las alianzas de cada grupo criminal regional con las nuevas autoridades municipales. En su desesperaci¨®n, el Gobierno estatal trata de contrarrestar la fragmentaci¨®n del poder mediante recursos ilegales o de dudosa legalidad, que aplica tambi¨¦n a sus enemigos pol¨ªticos. El reciente esc¨¢ndalo suscitado por la denuncia que hizo el senador Ricardo Monreal de la detenci¨®n arbitraria de unos j¨®venes en Xalapa, acusados de ¡°ultrajes a la autoridad¡±, ha sido el motivo por el cual el pa¨ªs se ha enterado de los abusos de poder que caracterizan el ejercicio de gobierno en la entidad, con el pretexto de la lucha contra el crimen.

El tipo penal llamado ¡°ultrajes a la autoridad¡±, que desde el nombre tiene un tufo priIsta, ha sido incluido en varios c¨®digos penales estatales, incluido el de la Ciudad de M¨¦xico. En teor¨ªa, se trataba de sancionar agresiones a las fuerzas del orden. En Ciudad de M¨¦xico dos mujeres sentenciadas bajo ese cargo interpusieron recursos de amparo, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia, la cual determin¨® en marzo de 2016 la inconstitucionalidad de este tipo penal. Sin embargo, esta figura legal sigui¨® presente en varios Estados, y en el caso de Veracruz el c¨®digo local fue reformado en marzo de 2021 para ampliar las causales de ese delito, con la anuencia de un Congreso d¨®cil. Se estableci¨® que si los agentes del orden eran atacados con alguna clase de arma, los responsables sufrir¨ªan prisi¨®n preventiva de oficio.

Para su m¨¦rito, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y algunas asociaciones de abogados se?alaron, desde el momento en que el Congreso estatal aprob¨® las reformas, su car¨¢cter inconstitucional y exigieron su derogaci¨®n. Diputados de oposici¨®n promovieron en abril del mismo a?o una acci¨®n de inconstitucionalidad contra esta reforma al C¨®digo Penal Estatal, sin resultados a la fecha.

A partir de la aprobaci¨®n de la reforma se suscitaron varias detenciones arbitrarias bajo el cargo de ¡°ultrajes a la autoridad¡±, incluidos un periodista, un exsecretario de Gobierno perredista que era candidato de oposici¨®n a una diputaci¨®n, empresarios locales descontentos y j¨®venes, muchos j¨®venes. En el caso denunciado por el senador Monreal en noviembre de 2021, pudo demostrarse fehacientemente la falsedad de la acusaci¨®n de que cuatro j¨®venes agredieron a unos polic¨ªas estatales (que dec¨ªan haber sido atacados con cuchillos) mediante las im¨¢genes de las c¨¢maras de seguridad del sitio donde tuvo lugar el incidente. En realidad lo que Monreal publicit¨® fue apenas uno de las decenas de casos en que el delito de ¡°ultrajes a la autoridad¡± ha sido usado para la detenci¨®n arbitraria de cualquier persona. Monreal, el l¨ªder de Morena en el Senado, encontr¨® en este caso un buen motivo para atacar a un Gobierno estatal caracterizado por su absoluta lealtad al presidente, y posicionarse as¨ª como un pol¨ªtico con independencia de criterio, en su b¨²squeda de la candidatura presidencial en 2024. Para tal fin cre¨®, como presidente del Senado, una comisi¨®n especial para investigar los abusos de autoridad en Veracruz.

No es de extra?arse que en este contexto de absoluto control pol¨ªtico local por parte de Morena, s¨®lo la intervenci¨®n externa de un senador poderoso como Monreal haya logrado que la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, a quien el senador Monreal alert¨® de las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Veracruz, emitiera con sorprendente rapidez (el 30 de diciembre) una recomendaci¨®n que hace notar la inconstitucionalidad de esta figura legal, condena el abuso de autoridad cometido contra los j¨®venes cuya detenci¨®n denunci¨® Monreal, ordena la reparaci¨®n del da?o y la sanci¨®n a los funcionarios responsables. Recomienda asimismo al Legislativo local la derogaci¨®n del art¨ªculo 331 del c¨®digo penal, que valida ese delito.

El gobernador del Estado tuvo que reconocer a principios de enero que era necesario aceptar la recomendaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. La derogaci¨®n de este delito implicar¨ªa la liberaci¨®n de decenas de personas injustamente detenidas. Si algo demuestra el caso de Veracruz es que dar poderes extraordinarios a la polic¨ªa conduce indefectiblemente a abusos de poder y a la corrupci¨®n m¨¢s descarada. Pero a la fecha nada ha pasado a¨²n, y en cambio la confrontaci¨®n pol¨ªtica al interior de Morena se ha agudizado.

Como respuesta pol¨ªtica a las denuncias del senador Monreal, el Gobierno estatal detuvo el 23 de diciembre pasado a Jos¨¦ Manuel del R¨ªo Virgen, secretario t¨¦cnico del Senado y operador pol¨ªtico de Monreal, bajo la acusaci¨®n de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato de su propio partido (Movimiento Ciudadano) a alcalde de Cazones, peque?o municipio costero del Centro-Norte del Estado, acontecido en junio pasado a solo tres d¨ªas de la elecci¨®n. La detenci¨®n arbitraria de este personaje fue una venganza pol¨ªtica, dada la carencia de pruebas de la acusaci¨®n. Para colmo, el juez de control le impuso una detenci¨®n preventiva de ?un a?o y tres meses! A pesar de lo patente del abuso de poder, el presidente L¨®pez Obrador extern¨® r¨¢pidamente su apoyo al gobernador Cuitl¨¢huac Garc¨ªa (quien en realidad no gobierna), al igual que la jefa de Gobierno de Ciudad de M¨¦xico, Claudia Sheinbaum. Los c¨¢lculos electorales y el premio a la lealtad cuentan m¨¢s que la ley y la justicia.

En Veracruz, Morena arras¨® en las elecciones de junio pasado, aprovechando la debilidad de la oposici¨®n y la masividad de su clientela pol¨ªtica, de manera que controla el Congreso estatal y la mayor¨ªa de los gobiernos municipales. La centralizaci¨®n autoritaria del poder en el secretario de Gobierno ha facilitado su tarea de control del Poder Judicial estatal, que ha sufrido una verdadera cat¨¢strofe institucional y moral. El Gobierno ha impuesto a magistrados y a dos presidentas del Tribunal Superior de Justicia, ambas carentes del m¨ªnimo m¨¦rito profesional. Por otra parte, la Fiscal¨ªa supuestamente aut¨®noma est¨¢ patentemente al servicio del Gobierno, no de los ciudadanos. Veracruz constituye hoy el m¨¢s grave caso de intervenci¨®n pol¨ªtica de un Gobierno estatal en el funcionamiento de un Poder Judicial local en todo el pa¨ªs.

Hace unos d¨ªas un video supuestamente subido a redes por ¡°Anonymus¡± (y que es patentemente una producci¨®n de alg¨²n sector del Gobierno), amenaz¨® indirectamente de muerte a varios periodistas locales y acus¨® al exgobernador Miguel ?ngel Yunes de ser el forjador del empoderamiento criminal. El video, de una bajeza moral y de una vulgaridad inconcebibles, indica el grado de degradaci¨®n del grupo pol¨ªtico que controla el Gobierno veracruzano. Cabe preguntarse si en Veracruz se est¨¢ probando el grado de tolerancia que hay en el pa¨ªs hacia las formas m¨¢s burdas de autoritarismo en los gobiernos locales de Morena.

Para colmo, la mitad de la bancada de Morena en el Senado, incluidos los senadores veracruzanos, forzaron en d¨ªas recientes la remoci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre Veracruz. Su presidente, el viejo pol¨ªtico local Dante Delgado, renunci¨® a su cargo y denunci¨® la maniobra como una muestra m¨¢s de la voluntad pol¨ªtica presidencial de ocultar los abusos de poder de sus aliados. En Veracruz la noticia se celebr¨® como un triunfo del gobernador, sin menci¨®n alguna a los problemas de fondo. Es urgente detener este peligroso proceso, antes de que Veracruz se convierta en la imagen del futuro del pa¨ªs, que ser¨ªa ni m¨¢s ni menos la restauraci¨®n plena del autoritarismo priista.

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