C¨¢rcel, calle y abandono: otras realidades del cierre de psiqui¨¢tricos

En mayo pasado, el Congreso aprob¨® una serie de reformas a la legislaci¨®n en materia de salud mental y adicciones. En general, atiende a demandas importantes como la autonom¨ªa y la capacidad jur¨ªdica de las personas con discapacidad mental para tomar sus propias decisiones, y establece tambi¨¦n gu¨ªas de atenci¨®n, prevenci¨®n y reducci¨®n de riesgos y da?os. Adem¨¢s, atiende la demanda de integraci¨®n comunitaria y la prohibici¨®n de la hospitalizaci¨®n involuntaria.

El problema es que utilizaron esta prohibici¨®n para justificar el cierre de los psiqui¨¢tricos y ofrecer ¨²nicamente atenci¨®n ambulatoria. Lo que significa el avance en derechos y libertad para unos es tambi¨¦n retroceso y abandono para otros.

La reforma establece que la atenci¨®n psiqui¨¢trica se dar¨¢ en los hospitales generales y que paulatinamente los hospitales psiqui¨¢tricos deber¨¢n cerrar para convertirse en generales. Por un lado, esto significa que m¨¢s personas podr¨¢n tener cerca de sus domicilios consultas y acceso a medicamentos psiqui¨¢tricos. Por el otro, significa que no tendr¨¢n acceso a espacios adecuados con la especializaci¨®n y seguimiento que implica la atenci¨®n psiqui¨¢trica como cualquier otra: cardiolog¨ªa, pediatr¨ªa, cancerolog¨ªa, etc.

Hay historias terribles de abusos y malos tratos en los hospitales psiqui¨¢tricos y ello ha servido tambi¨¦n de argumento para justificar su cierre. Sin embargo, el deber del Estado es hacerse cargo y erradicar estas pr¨¢cticas que se dan no s¨®lo ah¨ª sino en muchos servicios de salud p¨²blica. Mejorar la calidad de los servicios significa garantizar un trato humano a pacientes, pero tambi¨¦n al personal m¨¦dico que no tiene, en muchas ocasiones, ni la infraestructura adecuada ni el material para trabajar. Tampoco reciben sueldos suficientes y trabajan por jornadas extenuantes.

Al cerrar los psiqui¨¢tricos, el Estado se lava las manos para atender a quienes voluntaria o jur¨ªdicamente as¨ª lo requieran. Ejemplo de ello son las personas inimputables, es decir, aquellas que al momento de cometer un delito no ten¨ªan la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos.

En 2016, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos public¨® un pronunciamiento en que contabiliz¨® 4,476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del pa¨ªs, de los cuales 1,054 fueron declarados inimputables y 3,422 con discapacidad psicosocial. Ante ello, recomend¨® que estas personas fueran internadas en centros de salud especializados y no en las c¨¢rceles, ya que deben ser tratadas como personas enfermas y no como delincuentes.

En este sentido, la reforma de salud mental crea una contradicci¨®n legal, ya que el C¨®digo Penal establece que para esta poblaci¨®n las y los jueces pueden disponer medidas alternativas a la prisi¨®n como el internamiento en instituciones sanitarias especializadas en salud mental. Al dejar de existir condenar¨¢n a estas personas a ser atendidas por el sistema carcelario en vez del de salud, con todas las complicaciones en seguridad que esto puede significar.

Tambi¨¦n est¨¢n los requerimientos de las personas m¨¢s olvidadas del sistema: personas sin una red familiar y comunitaria que les cuide o quienes viven en situaci¨®n de calle y padecen enfermedades mentales que seguir¨¢n viviendo su enfermedad en soledad y en riesgo.

La atenci¨®n ambulatoria resulta insuficiente para ellas y ellos, ya que deben tener constante observaci¨®n en el suministro de sus medicamentos psiqui¨¢tricos. En vez de continuar indiferente, el Estado debe garantizarles atenci¨®n m¨¦dica y refugio.

Finalmente, quienes reciban tratamiento ambulatorio requerir¨¢n del apoyo de una red de personas cuidadoras que tambi¨¦n deben ser atendidas en la legislaci¨®n y en los presupuestos a fin de que no acent¨²e las desigualdades de g¨¦nero y evitar que las labores de cuidado recaigan principalmente en las mujeres.

En s¨ªntesis, aunque la reforma tiene claros avances, se queda coja. La atenci¨®n psiqui¨¢trica voluntaria y ambulatoria puede y debe garantizarse en los hospitales generales, pero tambi¨¦n en hospitales especializados en psiquiatr¨ªa. Es decir: acceso a la salud y bienestar para todas y todos.

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