C¨®mo evitar m¨¢s retrocesos democr¨¢ticos en M¨¦xico antes de que sea demasiado tarde

A principios de este a?o, decenas de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra las reformas legislativas que har¨ªan trizas al respetado Instituto Nacional Electoral (INE), antes de las elecciones estatales de este a?o y las presidenciales de 2024. En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo: ¡°Hoy, en M¨¦xico, observamos un gran debate sobre las reformas electorales, sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales, que ilustran la vibrante democracia que se vive en M¨¦xico¡±. Sin embargo, los hechos recientes, sugieren que a no ser que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n tome medidas, la democracia que vive M¨¦xico podr¨ªa no ser tan vibrante despu¨¦s de todo.

La nueva legislaci¨®n, conocida en M¨¦xico como el ¡°plan B,¡± cuenta con el apoyo del presidente L¨®pez Obrador y su partido, Morena. El ¡°plan B¡± fue adoptado despu¨¦s de que no se reuniera la mayor¨ªa de dos tercios necesaria en el Congreso para adoptar el ¡°plan A¡±, una reforma constitucional que buscaba tambi¨¦n socavar la independencia y capacidades del INE. Aprobado por mayor¨ªa simple, el ¡°plan B¡± elimina m¨¢s del 80% del personal profesional del INE, limita gravemente la capacidad del instituto para supervisar las elecciones y permite al Poder Ejecutivo interferir en las partidas presupuestales, la estructura y las decisiones internas del INE, as¨ª como en el registro electoral. Dado el papel clave que jug¨® el INE en la transici¨®n de M¨¦xico de siete d¨¦cadas de r¨¦gimen de partido ¨²nico a un pa¨ªs con elecciones cre¨ªbles, estos cambios golpean el coraz¨®n de la democracia mexicana.

El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n de M¨¦xico declar¨® inconstitucional un decreto legislativo (que limitaba la capacidad del INE para monitorear la propaganda gubernamental) por considerar que violaba ¡°el procedimiento legislativo, en particular el principio de deliberaci¨®n informada y democr¨¢tica¡±. El presidente respondi¨® insultando a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n y anunciando una propuesta de reforma constitucional para que los jueces sean electos por votaci¨®n popular.

Estos ataques a la Corte se suman a otros intentos de menoscabar la independencia judicial, que, junto con los constantes ataques del presidente a oponentes pol¨ªticos, medios de comunicaci¨®n independientes y grupos de la sociedad civil, son serias alertas tempranas del declive democr¨¢tico del pa¨ªs.

La decisi¨®n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n sobre el resto del ¡°plan B¡± a¨²n se encuentra pendiente. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a trav¨¦s del Stanford Law School¡¯s Rule of Law Impact Lab, present¨® un amicus curiae en la impugnaci¨®n del INE sobre la constitucionalidad del resto de la reforma. Conforme al derecho internacional y mexicano, M¨¦xico tiene la obligaci¨®n de proteger el derecho al voto y a participar en elecciones libres y justas. Es as¨ª que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n tiene la oportunidad de seguir protegiendo la democracia en M¨¦xico.

Sin embargo, incluso si la Corte hace lo correcto y declara inconstitucional el resto del ¡°plan B¡±, la batalla por la democracia mexicana a¨²n no ha terminado. Adem¨¢s de su propuesta de reformar la Constituci¨®n para exigir que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n sean electos, el presidente anunci¨® un ¡°plan C¡±, a trav¨¦s del cual pretende asegurarse que Morena y sus aliados obtengan una super mayor¨ªa en ambas c¨¢maras para lograr ahora s¨ª, reformar la Constituci¨®n. L¨®pez Obrador no parece tener planes de detenerse, y el abecedario tiene 27 letras.

Los ataques del presidente al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n no constituyen ataques aislados a las instituciones democr¨¢ticas. L¨®pez Obrador, tambi¨¦n ha llamado a eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n y Protecci¨®n de Datos Personales (INAI), cuya independencia ha sido hist¨®ricamente reconocida. Ha transferido sistem¨¢ticamente el control de las funciones civiles ¡ªcomo la gesti¨®n de puertos, aeropuertos y aduanas¡ª a los militares, que est¨¢n implicados en pol¨ªticas migratorias y estrategias de seguridad p¨²blica abusivas. Incluso, intent¨® transferir la Guardia Nacional al control militar. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n impidi¨® la transferencia por considerarla inconstitucional.

A pesar de sus continuos esfuerzos por socavar la democracia en el pa¨ªs, el presidente L¨®pez Obrador sigue contando con altos ¨ªndices de aprobaci¨®n, debido en parte a que mucha gente en M¨¦xico se encuentra dispuesta a sacrificar sus libertades individuales ante su promesa de acabar con la violencia y la desigualdad. Ambas cuestiones siguen siendo motivo de gran preocupaci¨®n en el pa¨ªs.

En este contexto, es de vital importancia apoyar ¡ªantes de que sea demasiado tarde¡ª los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n para frenar el retroceso democr¨¢tico en M¨¦xico.

Aun cuando la influencia de Estados Unidos en Am¨¦rica Latina ha disminuido, todav¨ªa puede desempe?ar un papel fundamental en determinados pa¨ªses y, sin duda, M¨¦xico es uno de ellos. Sin embargo, la pol¨ªtica exterior del Gobierno estadounidense hacia M¨¦xico se encuentra estrechamente vinculada a consideraciones internas y a su pr¨¢ctica de delegar la implementaci¨®n de su pol¨ªtica migratoria a la regi¨®n. Ello llev¨® a que la preocupaci¨®n por la democracia mexicana quede relegada a un segundo plano.

Es cierto que Estados Unidos cuenta con su propio problema de declive democr¨¢tico, especialmente tras el atentado del 6 de enero en el Capitolio. Sin embargo, callar o transmitir mensajes equ¨ªvocos sobre el estado de la democracia en M¨¦xico no ayuda a la legitimidad internacional de Estados Unidos ni a su objetivo de mejorar las condiciones en M¨¦xico o a abordar las causas estructurales de la migraci¨®n.

Podr¨ªa pensarse que el Gobierno de Biden se encuentra esperando a ver qu¨¦ sucede con las pr¨®ximas elecciones presidenciales, con la esperanza de que los da?os en este sexenio sean limitados y que un nuevo presidente mexicano ayude a solucionar el enredo actual. Esta es una apuesta muy peligrosa. Estados Unidos necesita apoyar abierta e inequ¨ªvocamente a las instituciones electorales y judiciales independientes de M¨¦xico que act¨²an como control del Poder Ejecutivo, incluyendo a trav¨¦s de su embajada en Ciudad de M¨¦xico. Y deber¨ªa hacerlo pronto, antes de que la democracia mexicana haya perdido toda su vitalidad.

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