¡®Fue el Estado 1965-1990¡¯: un informe para el pueblo de M¨¦xico
Durante ese per¨ªodo, las instituciones de formaci¨®n, procuraci¨®n y administraci¨®n de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino para gestionar el crimen y disciplinar a la poblaci¨®n
Hoy presentamos a la sociedad mexicana la colecci¨®n Fue el Estado 1965-1990 del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Hist¨®rico (MEH), uno de los cinco ejes en que estuvo constituida la Comisi¨®n para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Hist¨®rico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH).
El informe est¨¢ dividido en seis vol¨²menes y compuesto por casi 5.000 cuartillas (sin contar anexos). Es el resultado de casi dos a?os y medio de investigaci¨®n en los que se levantaron m¨¢s de un millar de testimonios en 23 Estados de la Rep¨²blica y se revisaron m¨¢s de 90 acervos documentales. El objetivo central fue presentar una fotograf¨ªa del alcance real de la violencia estatal durante el periodo conocido como ¡°Guerra Sucia¡±.
Fue el Estado 1965-1990, accesible a partir de hoy en la p¨¢gina de internet del MEH, est¨¢ centrado en el estudio de comunidades de v¨ªctimas tradicionalmente invisibilizadas, as¨ª como en el an¨¢lisis de numerosas violaciones graves a los derechos humanos que han quedado silenciadas u ocultadas por los discursos oficiales.
La tesis central de la colecci¨®n Fue el Estado 1965-1990 es la siguiente: durante el periodo examinado, el Estado mexicano se articul¨® como un Estado contrainsurgente, autoritario y violento, que castig¨® no solo a los grupos insurgentes pol¨ªtico-militares de car¨¢cter socialista ¡ªlo que es sabido y es muy importante¡ª, sino tambi¨¦n a todo tipo de disidencias sociales y pol¨ªticas que pudieran poner en riesgo la seguridad pol¨ªtica del Estado.
As¨ª, el Estado posrevolucionario de partido hegem¨®nico o ¡°casi ¨²nico¡± reprimi¨®, desarticul¨® y aniquil¨® disidencias pol¨ªtico-militares; pol¨ªtico-partidistas; ind¨ªgenas, campesinas y afromexicanas; del movimiento urbano popular; religiosas y sexogen¨¦ricas; as¨ª como en contextos de resistencia a obras de desarrollo; de lucha contra el narcotr¨¢fico; hacia poblaciones racializadas y marginadas; a refugiados, periodistas y hasta a miembros de las fuerzas de seguridad a manos de sus propios mandos.
Adem¨¢s, gener¨® una institucionalidad adecuada y funcional a esos objetivos. Las instituciones de formaci¨®n, procuraci¨®n y administraci¨®n de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino, primordialmente, para proveer de seguridad pol¨ªtica al Estado, gestionar el crimen y disciplinar a la poblaci¨®n en torno de un modelo social injusto y desigual.
?Por qu¨¦ son relevantes estas conclusiones?
1.- Se prueba que hubo poco espacio para la acci¨®n pol¨ªtica y social disidente. Es decir, quienes tomaron las armas entre 1965 y 1990 tuvieron buena parte de raz¨®n al hacerlo; las v¨ªas pac¨ªficas de transformaci¨®n se encontraban clausuradas.
2.- Se establece que toda disidencia de la norma hegem¨®nica fue pol¨ªtica en s¨ª misma y puso en riesgo la estructuraci¨®n del poder en ese momento. Es decir, modelos de vida o actividades sin intenci¨®n directamente pol¨ªtica, como las sexodiversas, marginadas o de resistencia a la ley, debilitaban los poderes establecidos y, por tanto, en la l¨®gica de ese Estado autoritario, hab¨ªa que aniquilarlas.
3.- Se evidencia que la actual situaci¨®n de violencia en el pa¨ªs y las caracter¨ªsticas que manifiesta tienen su origen en aquellos a?os de violencia contrainsurgente. As¨ª, por ejemplo, nuestro informe documenta el fen¨®meno de la transferencia de t¨¢cticas, m¨¦todos y procedimientos de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado, por colaboraci¨®n, contagio o ejemplaridad.
4.- Se propone que no podremos desmontar la violencia y la impunidad del presente si no esclarecemos y desarmamos las violencias y complicidades del pasado. La impunidad del pasado habilita y alimenta la impunidad del presente.
El informe que hoy entregamos a la sociedad mexicana es resultado del esfuerzo de decenas de investigadores que trabajaron con honestidad y profesionalismo. Lo hicieron a pesar de condiciones laborales precarias y de la obstaculizaci¨®n de la investigaci¨®n por parte de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena). Tanto la Sedena como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) desacataron la orden presidencial de abrir sus archivos hist¨®ricos.
Por supuesto, el informe del MEH no pone fin a la investigaci¨®n sobre violencia estatal en el periodo. Al contrario, abre nuevas v¨ªas anal¨ªticas para entender el pasado. Lo hace con la convicci¨®n de que sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen la capacidad de detonar procesos de justicia, b¨²squeda y reparaci¨®n.
Con la publicaci¨®n y difusi¨®n del informe concluiremos nuestro mandato como comisionados. Por supuesto, tenemos la expectativa de que sus hallazgos y recomendaciones lleven a su reconocimiento p¨²blico de parte del Estado, en la figura del presidente de la Rep¨²blica, de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el periodo.
Con todo, ning¨²n reconocimiento ser¨¢ mayor al trabajo realizado que el que el Informe abra un espacio de conversaci¨®n amplio, que convoque a los y las mexicanas a enfrentar un futuro m¨¢s justo e incluyente. Cada una de sus p¨¢ginas es una lanza que rompemos para aportar al fortalecimiento de una ciudadan¨ªa cabal y una poderosa cultura de Derechos Humanos como cimiento de nuestra democracia.
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