La lucha ind¨ªgena que busca ponerle freno al Tren Maya

Genomel¨ªn L¨®pez no ha votado nunca. En su remota comunidad enclavada en la selva de Calakmul, en el Estado mexicano de Campeche, pocos se interesan por unos pol¨ªticos que rara vez se han preocupado por ellos. Ind¨ªgena chontal y guardi¨¢n de las semillas nativas de su tierra, Genomel¨ªn, de 40 a?os, ha dedicado su vida a cultivar ma¨ªz amarillo y palomero, chiles jalape?os, frijoles negros o ajonjol¨ª.

Por eso le sorprende que el presidente de su pa¨ªs, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, haya afirmado que hay intereses ¡°pol¨ªticos y electorales¡± detr¨¢s del amparo que ¨¦l y un centenar de ind¨ªgenas, habitantes de la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n y organizaciones en defensa del medio ambiente interpusieron en contra de una de las megaobras insignia del Gobierno, el Tren Maya.

La ofensiva legal obtuvo la semana pasada una importante victoria despu¨¦s de que un juzgado de Campeche ordenase la suspensi¨®n de las obras del segundo tramo del tren mientras se resuelve el juicio. No es la primera vez que el plan de infraestructura llega a los tribunales: hasta ahora acumula tres suspensiones derivadas de nueve amparos presentados por ind¨ªgenas mayas, chuun t¡¯aan y chol.

La v¨ªa f¨¦rrea recorrer¨¢ 1.500 kil¨®metros a trav¨¦s de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucat¨¢n y Quintana Roo, pero el proyecto es mucho m¨¢s que un tren de pasajeros. Se estima que el 70% de los ingresos resulten del transporte de carga, en buena parte de combustibles (para dar servicio a los seis gasoductos del sureste del pa¨ªs) y productos de la pujante agroindustria de la regi¨®n, como la soya o el cerdo.

Adem¨¢s, contempla la construcci¨®n de ¡°polos de desarrollo¡± alrededor de las 19 estaciones del tren en los que ¡°se propiciar¨¢ el ordenamiento urbano¡± e incluir¨¢n ¡°servicios e infraestructura¡±. La opacidad con la que se ha mantenido el plan no ha permitido conocer muchos detalles sobre ese reordenamiento territorial, pero es lo que m¨¢s preocupa a los demandantes.

En la comunidad de Ricardo Payro, donde vive Genomel¨ªn L¨®pez, inquieta de d¨®nde saldr¨¢ el agua para abastecer un polo de desarrollo en un lugar donde escasea. Sus cosechas dependen de la temporada de lluvias y para el uso dom¨¦stico la recolectan en cisternas para los meses secos. ¡°Nos vamos a quedar sin agua para complacer al turismo¡±, teme.

El acceso a esta rec¨®ndita ¨¢rea de M¨¦xico es complicado, lo que ha mantenido al turismo masivo alejado a pesar de que alberga una de las zonas arqueol¨®gicas m¨¢s importantes del pa¨ªs y la segunda mayor extensi¨®n de bosque tropical de Am¨¦rica, despu¨¦s del Amazonas. El jaguar es el m¨¢s distinguido de los 86 tipos de mam¨ªferos de la reserva, donde habitan m¨¢s de 280 especies de aves y 50 de reptiles.

¡°No queremos convertirnos en otro Canc¨²n, all¨ª ya se acabaron todo el manglar. Aqu¨ª todav¨ªa nos queda selva alta¡±, dice Geno, como le conocen los compa?eros del Consejo Regional Ind¨ªgena y Popular de Xpujil. Quince miembros de la organizaci¨®n se han sumado a la batalla legal.

El amparo argumenta que el megaproyecto viola el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el art¨ªculo 4? de la Constituci¨®n. El presidente dio el banderazo de inicio a las obras en junio pasado a pesar de que la Secretar¨ªa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) todav¨ªa no hab¨ªa autorizado la Manifestaci¨®n de Impacto Ambiental (MIA), algo que no ocurri¨® hasta principios de diciembre. Esa dependencia no atendi¨® las solicitudes de entrevista de EL PA?S sobre el tema y se limit¨® a responder que las acciones legales interpuestas corresponden al Poder Judicial.

La MIA no solo se present¨® despu¨¦s del inicio de la construcci¨®n, sino que dividi¨® el proyecto en diferentes fases en lugar de contemplar las posibles afectaciones del conjunto de la obra. Esto viola la Ley General de Equilibrio Ecol¨®gico, asegura Xavier Mart¨ªnez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), una de las organizaciones que present¨® la querella.

El abogado alerta que el Tren Maya ¡°fragmentar¨¢ los ecosistemas de la pen¨ªnsula de Yucat¨¢n¡±. Adem¨¢s de Calakmul, la l¨ªnea ferroviaria atravesar¨¢ ocho importantes ¨¢reas naturales, como la reserva de Los Petenes, en Campeche, o la de Sian Ka¡¯an, en Quintana Roo. ¡°El proyecto est¨¢ repitiendo un esquema de desarrollo que trae grandes impactos a la sostenibilidad y pareciera que no hemos aprendido la lecci¨®n¡±, dice Mart¨ªnez.

La manifestaci¨®n de impacto ambiental prev¨¦ deforestar 800 hect¨¢reas de selva (equivalentes a unos 1.120 campos de f¨²tbol) en la primera de las dos fases de la construcci¨®n. El documento argumenta que compensar¨¢ la tala con un programa de reforestaci¨®n y reubicaci¨®n de especies.

¡°Estos megaproyectos dicen: ¡®hay 50 ceibas que cuestan 1.000 pesos, pero yo voy a invertir un mill¨®n de pesos, entonces est¨¢ justificado que las tale¡¯. Pero nosotros no vemos el valor econ¨®mico, para nosotros la ceiba es un ¨¢rbol que simboliza los tres planos del universo¡±. Pedro Uc, ind¨ªgena maya de la localidad de Buctzotz, en Yucat¨¢n, abandona su hablar pausado a medida que avanza la conversaci¨®n sobre lo que califica como ¡°el mal llamado Tren Maya¡±.

¡°Ni se consulta, ni nos preguntan, ni nos toman en cuenta cuando se decide construir este proyecto que responde a intereses ajenos a los de las comunidades ind¨ªgenas¡±, dice ya con el ritmo acelerado, calificando como una ¡°farsa¡± la consulta p¨²blica que promovi¨® el Gobierno de L¨®pez Obrador en diciembre de 2019, criticada incluso por las Naciones Unidas.

En 2018, Pedro Uc se uni¨® con representantes de 25 comunidades de Yucat¨¢n para formar la Asamblea de Defensores del Territorio Maya M¨²uch¡¯ X¨ªinbal y luchar contra los megaproyectos, las granjas porc¨ªcolas y la soya transg¨¦nica que dice que amenazan su territorio. Cr¨ªtico con L¨®pez Obrador, reprueba que ¡°est¨¦ trabajando con las mismas empresas corruptas que los Gobiernos anteriores¡±.

Un reciente informe de la organizaci¨®n Poder revel¨® que el 90% de las licitaciones del Tren Maya han sido adjudicadas de forma directa. Uno de los contratos m¨¢s jugosos, el del tramo cuatro, se entreg¨® sin concurso p¨²blico por 25.800 millones de pesos a la constructora mexicana ICA. Esa fue una de las firmas que particip¨® en la edificaci¨®n del aeropuerto de Ciudad de M¨¦xico, que finalmente fue cancelado en 2018 por el presidente bajo acusaciones de corrupci¨®n.

Adem¨¢s, el contrato del tramo dos de la obra ¨Cel que ha quedado suspendido esta semana por orden del juez¨C lo gan¨® un consorcio formado por una filial de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim y gran inversionista del cancelado aer¨®dromo, y la espa?ola FCC, imputada en Panam¨¢ por un caso de corrupci¨®n relacionado con Odebrecht, la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica Latina. Un portavoz de Grupo Carso declin¨® hacer comentarios a este diario sobre la decisi¨®n judicial.

Pedro Uc y sus compa?eros de la Asamblea han impulsado otros tres amparos contra el Tren Maya asesorados por la organizaci¨®n en defensa de los derechos humanos Indignaci¨®n. Todos fueron rechazados por el juez, pero un tribunal superior decidi¨® turnar uno de ellos a la Suprema Corte para que decida si deben ser admitidos o no.

El activista sabe que la lucha ser¨¢ complicada ¡°porque hay demasiados intereses econ¨®micos involucrados¡±. Ha vivido en carne propia lo que significa en M¨¦xico luchar contra esos intereses: a finales de 2019, ¨¦l y su hijo recibieron una amenaza de muerte que les daba un plazo de 48 horas para abandonar su comunidad. Pero all¨ª siguen. ¡°Aunque sepamos que no tenemos esperanzas de ganar vamos a luchar siempre¡±.