Colombia y la verdad

El tribunal de paz de Colombia imput¨® el jueves a la antigua c¨²pula de las FARC una serie de delitos relacionados con el secuestro, una pr¨¢ctica sistem¨¢tica durante m¨¢s de medio siglo de conflicto armado. Los l¨ªderes de la guerrilla hoy extinta y convertida en partido pol¨ªtico, encabezados por el excomandante en jefe Rodrigo Londo?o, Timochenko, no se enfrentan, sin embargo, a condenas de c¨¢rcel. El prop¨®sito del sistema de justicia transicional, conocido como Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), es el de imponer penas alternativas a cambio de que los acusados confiesen sus cr¨ªmenes y reparen a las v¨ªctimas.

La imputaci¨®n supone un paso decisivo hacia la reconciliaci¨®n y el esclarecimiento de la verdad en un pa¨ªs a¨²n dividido por los acuerdos de paz de 2016. La corte, que juzga los delitos m¨¢s graves perpetrados durante la guerra, ha sido blanco de constantes cr¨ªticas por parte del sector m¨¢s radical del partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico. El propio presidente, Iv¨¢n Duque, intent¨® reformar este sistema de justicia, pero el Constitucional se lo impidi¨®. Y su mentor, el exmandatario ?lvaro Uribe, intenta ahora promover un refer¨¦ndum para derogarlo.

Los principales argumentos de los detractores tienen que ver con una supuesta impunidad, favorecida por los acuerdos de La Habana alcanzados por Juan Manuel Santos. El tribunal, como ocurre en otros procesos de transici¨®n, tiene sin embargo el objetivo de cerrar heridas e imponer castigos que permitan pasar p¨¢gina. Su prioridad es el reconocimiento de las atrocidades cometidas durante el conflicto y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas.

Timochenko y otros antiguos jefes guerrilleros han pedido perd¨®n en repetidas ocasiones y han reconocido que los secuestros, uno de los cr¨ªmenes m¨¢s repudiados por la sociedad colombiana, fueron un ¡°grav¨ªsimo error¡±. El hecho de que tres relevantes excombatientes de las FARC ¡ªque han enterrado sus siglas para denominarse Comunes¡ª imputados por delitos de lesa humanidad se sienten en el Congreso y que su formaci¨®n pol¨ªtica tenga una representaci¨®n m¨ªnima garantizada es algo que despierta un leg¨ªtimo rechazo y es cierto que nadie puede pedir olvido por sus cr¨ªmenes. Pero fue una condici¨®n necesaria para que se acabara una guerra.

Santos sostuvo que pensar en una justicia perfecta no permite la paz. Por eso el trabajo de la JEP es crucial para que los cr¨ªmenes de la guerrilla reciban condenas contundentes, aunque las penas no contemplen el ingreso en prisi¨®n. La sala aport¨® m¨¢s de 2.000 testimonios de v¨ªctimas e insisti¨® en que, adem¨¢s de las armas, los exguerrilleros tienen que entregar la verdad. Al mismo tiempo, el Gobierno debe proteger a quienes dejaron atr¨¢s la violencia: m¨¢s de 250 excombatientes han sido asesinados tras la firma de los acuerdos. Es urgente detener esa sangr¨ªa.