Los enfermos, rehenes

Las palabras de la gerente del hospital de Alcal¨¢ de Henares en las que apela a quitar el m¨®vil a los pacientes de covid y evitar el contacto con sus familias para facilitar su traslado al hospital Zendal constituyen un atropello humano, sanitario y, sobre todo y lo m¨¢s grave, pol¨ªtico. En una reuni¨®n grabada por alguno de los asistentes y divulgada por la cadena SER, Dolores Rubio defiende prohibirles el tel¨¦fono, cortar los contactos con las familias y emprender su traslado sin escuchar su opini¨®n. Como m¨¦dica que es y, sobre todo, como gestora de un complejo sanitario como el Hospital Pr¨ªncipe de Asturias de Alcal¨¢ de Henares, Rubio debe saber que la Ley de Autonom¨ªa del Paciente de 2002 reconoce que transmitirle la informaci¨®n cl¨ªnica es obligatorio en el marco del respeto a su autonom¨ªa, a su voluntad, a su dignidad y a su intimidad. El previo consentimiento del enfermo tras recibir la informaci¨®n adecuada es requisito legal para cualquier actuaci¨®n, as¨ª como el derecho del enfermo a decidir libremente entre las opciones cl¨ªnicas disponibles, tambi¨¦n recogido en la ley. La informaci¨®n, adem¨¢s, debe hacerse llegar a los familiares que el paciente haya dispuesto. Cualquiera de estos preceptos legales choca con el esp¨ªritu de las palabras de la gerente del hospital, que ha puesto por delante la consigna pol¨ªtica de enviar pacientes al Zendal frente a la voluntad de los enfermos o de sus familiares.

Si el Gobierno de Madrid ha llegado a obligar al traslado de sanitarios al hospital levantado para hacer frente a la pandemia, e incluso ha amenazado con no renovar contrato a los que se nieguen, las declaraciones de Rubio refuerzan la idea de una gesti¨®n en la que los intereses pol¨ªticos inmediatos est¨¢n por encima de las recomendaciones m¨¦dicas. El hospital en cuesti¨®n, con un coste muy superior a los 50 millones presupuestados, ha sido la apuesta estrat¨¦gica de un Gobierno de Madrid que ha hecho bandera de la oposici¨®n al Gobierno de Pedro S¨¢nchez mientras descuidaba tareas necesarias para combatir la emergencia sanitaria, como la contrataci¨®n de rastreadores, el refuerzo de las plantillas, la optimizaci¨®n de recursos en los hospitales existentes o las restricciones.

La gerente del hospital, vinculada al PP y con una larga experiencia en gesti¨®n sanitaria, demuestra haber tomado a los pacientes como rehenes de esa pol¨ªtica capaz de sacrificar sus derechos en aras de la propaganda. La clase sanitaria se ha distinguido, entre otras cosas, por su capacidad de facilitar la relaci¨®n de enfermos y familiares en una pandemia que les condenaba a una dolorosa separaci¨®n. Las palabras de Rubio, por tanto, no solo degradan los derechos de los pacientes, sino que no tienen ninguna cabida en esa andadura que ha humanizado la realidad de esta enfermedad. Rubio debe dimitir. Y la Comunidad de Madrid tiene que repensar su papel.