Las pol¨ªticas de energ¨ªa y cambio clim¨¢tico: una propuesta para alcanzar consensos sociales y territoriales

En las intervenciones en el Pleno del Congreso de los Diputados y con m¨¢s detalle en la Comisi¨®n de Transici¨®n Ecol¨®gica y Reto Demogr¨¢fico venimos se?alando una carencia sustancial en el dise?o de la pol¨ªtica energ¨¦tica y ahora tambi¨¦n de la relativa al cambio clim¨¢tico y a la transici¨®n energ¨¦tica: las pol¨ªticas energ¨¦ticas obvian que los hechos que regulan suceden en territorios concretos.

Para corregir esta pr¨¢ctica defendemos la necesidad urgente de incluir la dimensi¨®n socio-territorial en las pol¨ªticas energ¨¦ticas, en sus leyes, reglamentos y planes. Los hechos econ¨®micos que pretende ordenar y regular el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico no suceden solamente en la abstracci¨®n del mercado o del pool energ¨¦tico, o en el sistema inform¨¢tico que resuelve las subastas de renovables, sino que tienen lugar en territorios, en parcelas y fincas agrarias de propietarios p¨²blicos y privados. Y sus efectos o los de las subastas de energ¨ªa renovable producen efectos fundamentales y a veces irreversibles en paisajes, en pueblos y comarcas.

Desde el compromiso innegociable con los objetivos de descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa, con la lucha contra el cambio clim¨¢tico y con el impulso de las energ¨ªas renovables, entendemos que es necesario clarificar el escenario legislativo de la transici¨®n energ¨¦tica, que es imprescindible consensuar los objetivos ambientales y socioecon¨®micos, y explicitar c¨®mo se va a actuar sobre estos dos procesos en marcha: la reforma del mercado el¨¦ctrico y el despliegue de las centrales de energ¨ªas renovables. Es necesaria la coordinaci¨®n de los agentes privados con el sector p¨²blico, incluidas las comunidades aut¨®nomas, as¨ª como la sincronizaci¨®n en el tiempo del dise?o de la normativa y del despliegue de la nueva industrializaci¨®n del territorio que provocan las centrales de renovables.

Se debe extender los beneficios de las renovables a las comunidades locales y a los territorios en los que se implantan. No puede ser que el desarrollo de las energ¨ªas renovables, la modernizaci¨®n del sector el¨¦ctrico lo soporten, sin compensaci¨®n, los territorios de la Espa?a vaciada. Por ello, en el n¨²cleo de la pol¨ªtica de energ¨ªas renovables y en todas sus acciones es imprescindible integrar principios que ahora mismo no lo est¨¢n. Es prioritario impulsar la generaci¨®n distribuida, lo que quiz¨¢ debe reflejarse en las propias subastas el¨¦ctricas. Es imprescindible que el Estado garantice con rigor y en todas sus dimensiones el control ambiental y de los paisajes en el despliegue de renovables. Es esencial que el Estado regule, certifique y exija la participaci¨®n de las comunidades locales y de los territorios en los beneficios del sector de las renovables. Es inaplazable incluir, de manera prioritaria, en las subastas de energ¨ªa renovable la repotenciaci¨®n de los aerogeneradores de las centrales de renovables que ya han quedado obsoletos.

La dimensi¨®n territorial debe ser el cuarto pilar de las pol¨ªticas energ¨¦ticas. En nuestra visi¨®n, el contenido de las pol¨ªticas energ¨¦ticas y de cambio clim¨¢tico se apoya en tres pilares: la regulaci¨®n del mercado energ¨¦tico, del pool energ¨¦tico, con un sistema marginalista puro en la formaci¨®n del precio de la electricidad, la pol¨ªtica de descarbonizaci¨®n y de lucha contra el cambio clim¨¢tico, y el impulso y ayudas a las energ¨ªas renovables. En esos tres soportes se asienta el tablero de las medidas energ¨¦ticas del ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico.

El repaso a la legislaci¨®n de la actual Administraci¨®n o de las anteriores permite comprobar que lo territorial no existe, que no ha existido para las pol¨ªticas energ¨¦ticas, sin embargo los hechos econ¨®micos y ambientales que regulan estos instrumentos pol¨ªticos o legislativos no suceden en la abstracci¨®n. Hay un olvido reiterado en los anteriores y en el actual Gobierno: la dimensi¨®n territorial en la pol¨ªtica energ¨¦tica. Una grave omisi¨®n que es necesario revertir: la pol¨ªtica de energ¨ªas renovables y la relativa a la lucha contra el cambio clim¨¢tico deben incorporar una dimensi¨®n territorial que contemplen sus dimensiones ambientales, sus impactos sociales y econ¨®micos en las comunidades locales, as¨ª como su relevante funci¨®n territorial y su capacidad de arrastre para el desarrollo de comarcas y ¨¢reas rurales. Este pilar pol¨ªtico debe configurar un marco para el consenso social y territorial, para la incorporaci¨®n e identificaci¨®n de las comunidades locales con el proceso de despliegue de las energ¨ªas renovables.

Las pr¨¢cticas en vigor en todas las comunidades aut¨®nomas para la instalaci¨®n de cada una de las centrales de renovables en Espa?a ponen de relieve que la pol¨ªtica energ¨¦tica del Estado debe incorporar una pol¨ªtica de evaluaci¨®n ambiental rigurosa, que atienda al hecho real, que considere todos los efectos ambientales de la instalaci¨®n as¨ª como las dimensiones de las instalaciones, sin fraccionamientos u ocultamientos; que tenga la certificaci¨®n del Estado en unos par¨¢metros de calidad ambiental que el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico debe formular.

En la misma l¨ªnea, para la elecci¨®n de los emplazamientos, se hace imprescindible un modelo de planificaci¨®n f¨ªsica para la instalaci¨®n de las centrales renovables que incorpore las garant¨ªas, el procedimiento, la transparencia, la participaci¨®n ciudadana y la equidistribuci¨®n de beneficios, en l¨ªnea con el modelo dan¨¦s para esta finalidad.

El emplazamiento de las centrales de energ¨ªa renovables debe basarse en el respeto riguroso a las condiciones ambientales, a las normas de ordenaci¨®n del territorio, a las cartas del paisaje o, en su defecto, a los valores paisaj¨ªsticos y en el acuerdo y la participaci¨®n expl¨ªcita y amplia de las comunidades locales. Para ello es importante impulsar f¨®rmulas de participaci¨®n de estas comunidades locales que pueden ir desde el consenso alcanzado en procesos transparentes, regulados e implementados, a las compensaciones econ¨®micas o la incorporaci¨®n en el accionariado del proyecto de las comunidades locales o de vecinos que lo deseen. Por ello es importante respetar la ordenaci¨®n del territorio y las cartas del paisaje, sin buscar atajos con las declaraciones de ¡°proyectos de inter¨¦s auton¨®mico¡±.

En este sentido el Ministerio, en l¨ªnea con lo que se?alan reconocidos juristas, no debe permitir la aplicaci¨®n del procedimiento de expropiaci¨®n forzosa, en los procedimientos para la instalaci¨®n de las centrales de energ¨ªas renovables. Dado que la actividad de generaci¨®n de electricidad se ha convertido en una actividad econ¨®mica industrial privada como otra cualquiera, que puede ser libremente ejercida, no cabe la aplicaci¨®n de esta normativa sobre expropiaci¨®n forzosa que favorec¨ªa claramente los derechos de las empresas promotoras o de las empresas dedicadas a la gesti¨®n de autorizaciones y a la obtenci¨®n de terrenos, frente a los derechos de los propietarios rurales o de los Ayuntamientos o de otras administraciones.

Paralelamente, en el marco de esta pol¨ªtica territorial de las energ¨ªas renovables, en la b¨²squeda del consenso social y territorial, se hace necesario impulsar el desarrollo econ¨®mico de las comarcas que reciben las instalaciones de renovables, impulsar nuevas oportunidades y fortalecer la cohesi¨®n territorial; por estas razones proponemos la creaci¨®n de un canon extrafiscal sobre las centrales de energ¨ªas renovables que deber¨ªa nutrir el fondo de compensacio?n ambiental de las energ¨ªas renovables.

Este canon busca vincular, en un compromiso insoslayable, la oportunidad que representan la transici¨®n energ¨¦tica y la econom¨ªa verde con el desarrollo econ¨®mico y territorial de las comarcas de ¨¢reas despobladas que sufren un atraso hist¨®rico producto de d¨¦cadas de olvido. Cabe recordar que en Espa?a ya han existido precedentes similares a esta propuesta: la ley 7/1981 reguladora del canon sobre la producci¨®n de la energ¨ªa el¨¦ctrica, vigente hasta la entrada del IVA en 1985, que permiti¨® la modernizaci¨®n de la red de carreteras de algunas comarcas turolenses.

Tom¨¢s Guitarte Gimeno es diputado de Teruel Existe.