Ley de secretos, ley de Estado

El hecho de que Espa?a siga manteniendo, 45 a?os despu¨¦s de la muerte de Franco, una ley de secretos oficiales heredada de la dictadura produce bochorno. Es cierto que la norma de 1968 se retoc¨® en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constituci¨®n, pero su car¨¢cter anacr¨®nico lo evidencia el que atribuya la potestad de clasificar documentos ¡ªadem¨¢s de al Consejo de Ministros¡ª a un ¨®rgano que ya no existe: la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Lo m¨¢s grave es que la ley todav¨ªa vigente no contempla un plazo de caducidad para la desclasificaci¨®n de documentos; de forma que, si el ¨®rgano que los clasific¨® ¡ªya solo puede hacerlo el Gobierno¡ª no se preocupa de levantar el secreto, este se prolonga in aeternum. Historiadores e investigadores se ven en la tesitura de peregrinar por los archivos extranjeros para reconstruir episodios cruciales de la historia de Espa?a mientras sus fuentes documentales siguen cerradas a cal y canto, lo que resulta dif¨ªcil de explicar e imposible de entender.

Espa?a necesita dotarse de una legislaci¨®n homologable a la de las democracias avanzadas, que fije un plazo m¨¢ximo de clasificaci¨®n de los documentos al t¨¦rmino del cual, con todas las salvaguardas que se consideren oportunas, sean de libre acceso para la opini¨®n p¨²blica y los estudiosos. Esto es tan obvio que, por dos veces, en 2016 y en 2020, el Congreso ha admitido a tr¨¢mite una proposici¨®n de ley del PNV con este objetivo. Sin embargo, recurriendo a una t¨¦cnica que roza el filibusterismo parlamentario ¡ªla pr¨®rroga indefinida del plazo de enmiendas¡ª, el PP y el PSOE han bloqueado su tramitaci¨®n.

El Gobierno ha tomado finalmente la iniciativa y ha creado una comisi¨®n, dirigida por la Vicepresidencia Primera con representantes de Defensa, Exteriores e Interior, para elaborar su propio anteproyecto. Es l¨®gico que una ley de este calado surja de una iniciativa del Gobierno y no de un de grupo minoritario de la C¨¢mara, siempre que exista el firme prop¨®sito de llevarla a buen puerto y no sea una excusa para descartar la proposici¨®n del PNV. Pero es necesario que se busque el consenso de la mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas y, muy especialmente, del Partido Popular, ya que se trata ¡ªen este caso el adjetivo no le viene grande¡ª de una cuesti¨®n de Estado.

El proyecto tiene que conjugar la salvaguarda de aquellas materias cuya difusi¨®n pueda poner en riesgo la seguridad nacional o la defensa de los intereses generales con la necesaria transparencia que debe regir el comportamiento de los poderes p¨²blicos. La ley debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Espa?a e incorporar los mecanismos de acceso de jueces y diputados a la informaci¨®n clasificada. Son asuntos complejos, pero no irresolubles si hay voluntad pol¨ªtica de abordarlos, lo que ha faltado hasta ahora. Ser¨¢ adem¨¢s necesario modernizar los archivos p¨²blicos, de forma que los documentos sean accesibles y, una vez desaparecido el obst¨¢culo legal, no lo impida la falta de medios materiales. La pulcritud democr¨¢tica de un pa¨ªs depende tambi¨¦n de la capacidad de analizar y comprender su pasado. Espa?a debe establecer un marco normativo mejor y compartido para ello.