Inseguridad jur¨ªdica como s¨ªntoma

El estado de alarma decretado el pasado 26 de octubre ha deca¨ªdo esta medianoche y con ¨¦l tres importantes herramientas de lucha contra la pandemia: el toque de queda, la limitaci¨®n de las reuniones sociales y los cierres territoriales. Aunque los contagios han entrado en fase de claro retroceso, la incidencia es todav¨ªa alta en muchas partes de Espa?a. Queda ahora en manos de los gobiernos auton¨®micos decidir las medidas a tomar, con la dificultad a?adida de que se han quedado sin paraguas jur¨ªdico y toda restricci¨®n que afecte a derechos fundamentales deber¨¢ ser respaldada por autorizaci¨®n judicial.

Los primeros compases han mostrado lo que todos sab¨ªan: que esta nueva fase estar¨¢ marcada por la disparidad de criterios judiciales al menos hasta que las decisiones de cada tribunal superior de justicia lleguen al Supremo y este pueda unificar criterios. Mientras tanto, Espa?a se mantendr¨¢ en una fase de complicaciones en la que mientras una comunidad con baja incidencia como Valencia ha obtenido el aval jur¨ªdico para mantener el toque de queda, otra con una situaci¨®n mucho peor, el Pa¨ªs Vasco, se ha encontrado con que se le denegaba.

Lo ocurrido con el estado de alarma es un s¨ªntoma amargo de c¨®mo el clima pol¨ªtico en el que se ha instalado el pa¨ªs dificulta la buena gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos. Lo l¨®gico hubiera sido prorrogar el estado de alarma un poco m¨¢s, hasta que el proceso de vacunaci¨®n haya avanzado lo suficiente como para ofrecer mayor tranquilidad, y ofrecer as¨ª un claro respaldo jur¨ªdico para las medidas restrictivas que pueden ser necesarias en lugares del pa¨ªs con incidencia todav¨ªa alta. Es comprensible el debate sobre qu¨¦ medidas tomar seg¨²n las circunstancias; no lo es acerca de un instrumento que, simplemente, constituye el respaldo legal perfecto. Pero la pol¨ªtica espa?ola, en su estado actual, hace pr¨¢cticamente inviables las soluciones pragm¨¢ticas.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez tiene sin duda responsabilidad en no haber encauzado esta nueva desescalada en una situaci¨®n de mayor seguridad jur¨ªdica. Pero es evidente que si esto ha sido as¨ª es en enorme medida por la oposici¨®n oportunista del PP, que con frecuencia ha usado la pandemia para golpear al Gobierno y avanzar en sus intereses partidistas. Con una oposici¨®n responsable, el Ejecutivo probablemente habr¨ªa considerado de otra manera una pr¨®rroga adaptada a las nuevas circunstancias, quiz¨¢ hasta el inicio del verano. Es significativa la comparaci¨®n con Italia, donde el Gobierno precisamente decret¨® a finales de abril una pr¨®rroga hasta julio de un instrumento parecido al estado de alarma. Ah¨ª hay debate sobre las medidas concretas, pero ning¨²n problema serio sobre el armaz¨®n jur¨ªdico.

Espa?a se ve pues abocada a una indeseable judicializaci¨®n de la desescalada. Provoca serias dudas que los tribunales est¨¦n llamados a ejercer una suerte de funci¨®n de coparticipaci¨®n en las decisiones ejecutivas. Reconforta al menos que la vacunaci¨®n avance a buen ritmo. Eso permite pensar que lo peor est¨¢ superado. Pero queda camino por recorrer y ser¨ªa un grave error ceder a la tentaci¨®n de una reapertura excesiva. Costar¨ªa m¨¢s contagios y llegar a un verano econ¨®micamente decisivo en condiciones poco atractivas para el turismo extranjero.