El reencuentro

Mal que le pese, el presidente Aragon¨¨s (sugerente apellido para el primer mandatario de la Generalitat catalana) es el representante ordinario del Estado en su comunidad aut¨®noma. Su poder solo emana de unas elecciones celebradas en cumplimiento del mandato constitucional y estatutario que su partido violent¨® con la mascarada de refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n celebrado el 1 de octubre de 2017. De modo que su renuencia a acompa?ar al jefe del Estado en sus visitas oficiales a Catalu?a no es solo una falta de educaci¨®n sino un abandono flagrante de sus responsabilidades, libremente asumidas cuando se present¨® a las elecciones. Por eso es lamentable que el presidente del Gobierno espa?ol preguntado por esas ausencias dijera que en ocasi¨®n de una visita de Estado como la de Corea del Sur ser¨ªa deseable que estuvieran las principales autoridades locales y auton¨®micas. Ni una menci¨®n por su parte a que era precisamente la presencia del rey de Espa?a, y ninguna otra, lo que hac¨ªa protocolaria y pol¨ªticamente exigible que el presidente catal¨¢n acudiera. Pero ya est¨¢ probado que, lejos de fortalecer la independencia de las instituciones de nuestra democracia, el PSOE lo ¨²nico que pretende es ocuparlas.

Convertidos los inminentes indultos a los facciosos en un apasionado debate pol¨ªtico antes que en el ejercicio de un derecho que corresponde arbitrar al Gobierno de la naci¨®n, se oculta la verdadera motivaci¨®n de la concesi¨®n de los mismos: garantizar la mayor¨ªa parlamentaria suficiente para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental. Nada que objetar, pero mejor hubiera sido reconocerlo as¨ª. Nos hubi¨¦ramos ahorrado la torpeza dial¨¦ctica de S¨¢nchez al adjetivar de venganza las sentencias condenatorias de los jueces y el espect¨¢culo inmundo de empresarios y obispos jaleando al que manda a ver si a ellos tambi¨¦n les toca algo. La s¨®lida argumentaci¨®n que el ministro de Justicia expuso en sede parlamentaria explicando que el derecho de gracia estaba reglamentado legalmente y que era obligatorio dar tr¨¢mite a los expedientes ha quedado hecha a?icos por los contadores de historias de La Moncloa, siempre anhelantes de que el relato sustituya a la ley. Banqueros y curas apoyan por eso unas medidas de gracia que todav¨ªa no han sido siquiera argumentadas formalmente por quien debe hacerlo, no han sido debatidas por quienes deben concederlas, ni refrendadas por quien debe firmarlas. Y por si fuera poco, no se sabe todav¨ªa en qu¨¦ consisten, aunque un poco m¨¢s se sabe despu¨¦s de la informaci¨®n que publicara ayer mismo EL PA?S. Se trata al parecer de un indulto colectivo, disfrazado con matices individuales, y su ¡°utilidad p¨²blica¡± se refiere a ¡°fomentar la convivencia en Catalu?a¡±. Ha sido negociado previamente con los partidos que dirigen los sediciosos, apalabrado con organizaciones sociales, sindicales, empresariales y clericales sin luz ni taqu¨ªgrafos. Y hasta se han movilizado manifestaciones desde el poder para apoyar la medida. Todo tiene un tono populista muy a la moda, quede donde quede el imperio de la ley.

La promesa del reencuentro como explicaci¨®n no deja de ser una rom¨¢ntica expresi¨®n de cari?o. El se?or Aragon¨¦s insiste en que los indultos son buenos pero insuficientes por lo que reclamar¨¢ la amnist¨ªa y el derecho de autodeterminaci¨®n. El se?or S¨¢nchez jura y perjura que su reencuentro con Catalu?a (con la mitad de ella) ser¨¢ en el marco constitucional. Si de lo que se habla es de la Constituci¨®n vigente, esta declara en su pre¨¢mbulo que pretende consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley; en su t¨ªtulo preliminar proclama que la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan los poderes del Estado, ese al que representa tambi¨¦n el president de la Generalitat; que su forma pol¨ªtica es la Monarqu¨ªa parlamentaria; que la Constituci¨®n misma se fundamenta en la indisoluble unidad de la naci¨®n espa?ola, patria com¨²n e indivisible de todos; y que todos los espa?oles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, diga lo que diga la ministra Cel¨¢a. Bienvenido sea pues el reencuentro en el marco de esa ley que los sediciosos violaron, por lo que fueron sentenciados a severas penas en juicio p¨²blico, oral y contradictorio, con toda clase de garant¨ªas procesales. Pero por el momento no parece que el marco constitucional sea el que orla el prop¨®sito del se?or Aragon¨¨s, a juzgar por lo que ¨¦l mismo dice.

Se ha criticado muchas veces, y con raz¨®n, que el conflicto catal¨¢n haya desembocado en la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal de manera temprana, antes de haber procurado soluciones pol¨ªticas. Se responsabiliza con toda justicia al presidente Rajoy por su incapacidad para afrontar un problema que en realidad no quiso ni ver desde que tomara posesi¨®n del cargo. Pero se olvidan las responsabilidades del PSOE, y singularmente del PSC, en este embrollo. Toda la pol¨ªtica de Rodr¨ªguez Zapatero respecto a Catalu?a fue consecuencia del apoyo que recibi¨® de los socialistas catalanes a su nombramiento como secretario general del partido frente a la candidatura de Jos¨¦ Bono. Id¨¦nticas razones inspiran hoy a S¨¢nchez en sus relaciones con Esquerra Republicana. La partitocracia y el clientelismo se han adue?ado de la pol¨ªtica en detrimento de la democracia y de los intereses generales. ?C¨®mo extra?arse de que el expresidente de CaixaBank apoye incondicionalmente las decisiones de S¨¢nchez despu¨¦s de que su entidad absorbiera a Bankia en condiciones que ahora critican incluso los ministros que las sancionaron? Moncloa agita el cascabel de los fondos europeos de recuperaci¨®n y todo el mundo acude a aplaudir y de paso a ver qu¨¦ cae. La gratitud del Ibex, indultos incluidos, siempre tiene precio.

Otra precisi¨®n: el reencuentro no puede ser entre Catalu?a y Espa?a, puesto que esta no ha existido nunca sin aquella, sino entre las instituciones del Estado y las de la autonom¨ªa catalana. Eso ya fue representado en el inicio de la Transici¨®n, incluso antes de aprobar el texto constitucional y casi como inicial condici¨®n del mismo, por el president Tarradellas y el presidente Su¨¢rez. Como el tiempo pasa conviene recordar a las nuevas generaciones que Josep Tarradellas fue ministro de la Generalitat antes y despu¨¦s de la victoria del Frente Popular en 1936. Encarcelado por el Gobierno de la Rep¨²blica tras la rebeli¨®n de Companys, lo eligieron secretario general de Esquerra Republicana durante la Guerra Civil, y abandon¨® el cargo en 1954 cuando fue nombrado presidente de la Generalitat en el exilio. En su calidad de tal se abraz¨® cordialmente con Adolfo Su¨¢rez, antiguo ministro secretario general del Movimiento, eufemismo para designar al partido ¨²nico durante el franquismo. Con tales antecedentes, no s¨¦ si en aplicaci¨®n de la ley de desmemoria hist¨®rica les querr¨¢n tambi¨¦n quitar sus nombres a los aeropuertos de Barcelona y Madrid.

Es obvio que para tratar de arreglar el destrozo que los facciosos todav¨ªa presos han generado en Catalu?a resultar¨¢ bueno que dejen de dar ¨®rdenes a sus ac¨®litos desde la c¨¢rcel. De modo que procede liberarlos aunque amenacen que lo volver¨¢n hacer, y adem¨¢s no es probable que lo intenten, m¨¢s all¨¢ de los sonoros vocablos. Deber¨¢ cuidar el Gobierno en este tr¨¢mite no agredir como acostumbra a la independencia y prestigio de los tribunales. Resulta parad¨®jico que siendo el poder judicial el ¨²nico que no se somete a elecci¨®n popular sea hoy el que mejor defiende y garantiza los derechos de los ciudadanos y las exigencias de la democracia frente a la sumisi¨®n del Parlamento al aparato de los partidos. Por ¨²ltimo, puesto que se va a decretar el final de las mascarillas en la lucha contra la pandemia, bien podr¨ªa el Gobierno de la naci¨®n quitarse del todo su verdadera m¨¢scara, y decirnos qu¨¦ proyecto, al margen verborreas, tiene para encontrarse y reencontrarse con el se?or Aragon¨¨s, con a may¨²scula, en el marco de la Constituci¨®n. Si es que lo sabe.