Vigilancia atenta a los fondos de la UE
La Comisi¨®n busca reforzar la democracia con la gesti¨®n del paquete econ¨®mico de recuperaci¨®n
La Comisi¨®n Europea est¨¢ ultimando las directrices sobre las condiciones ligadas al respeto del Estado de derecho en la gesti¨®n y distribuci¨®n de los multimillonarios fondos comunitarios. Las directrices ser¨¢n la gu¨ªa para la puesta en marcha del reglamento aprobado a finales del a?o pasado y que entr¨® en vigor el 1 de enero. Esa norma permite por primera vez suspender los fondos a los pa¨ªses cuyo Estado de derecho no garantice una gesti¨®n adecuada de los recursos comunitarios, financiados por todos los contribuyentes europeos.
El borrador de las directrices apunta a los ataques contra la independencia judicial como una de las principales causas para suspender los fondos en los pa¨ªses que pongan en peligro la separaci¨®n de poderes. Pero se?ala tambi¨¦n la erosi¨®n generalizada o sist¨¦mica de los controles administrativos y judiciales como posible desencadenante de una suspensi¨®n de los fondos aunque no haya un caso concreto de malversaci¨®n.
Esa f¨®rmula, que est¨¢ en proceso de consulta con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, dar¨ªa a Bruselas la posibilidad de atajar el deterioro del Estado de derecho por una v¨ªa mucho m¨¢s expeditiva que el art¨ªculo 7 del Tratado de la Uni¨®n, que requiere en ciertos pasos la unanimidad. Polonia y Hungr¨ªa, que est¨¢n sometidos desde hace a?os a procedimientos de este art¨ªculo, han evitado cualquier castigo gracias a su apoyo mutuo y a la complicidad de otros socios comunitarios que temen verse incursos en expedientes similares. El nuevo reglamento permitir¨¢ cortar el man¨¢ comunitario por mayor¨ªa cualificada, una seria advertencia para pa¨ªses donde hasta el 60% de la inversi¨®n p¨²blica depende de la solidaridad europea como es el caso de Hungr¨ªa o Polonia.
Bruselas debe aplicar esta dur¨ªsima norma con total transparencia, equidad y sin ninguna discriminaci¨®n. Ning¨²n pa¨ªs debe sentirse objeto de una vigilancia especial, entre otras cosas, para que ciertos gobiernos no alimenten el victimismo y la eurofobia entre sus opiniones p¨²blicas. Pero la Comisi¨®n debe ser inflexible en la exigencia de una gesti¨®n garantista de unos fondos que son la expresi¨®n de la integraci¨®n europea. La UE no puede seguir siendo un simple cajero autom¨¢tico para gobiernos que no creen en sus valores, y m¨¢s cuando se trata del fondo de recuperaci¨®n contra la pandemia, que supone el mayor esfuerzo financiero acometido por la UE en toda su historia.
El texto legal ci?e la posible suspensi¨®n de los fondos a deficiencias del Estado de derecho que tengan un impacto real y demostrable en la gesti¨®n del dinero comunitario. La Comisi¨®n Europea parece dispuesta a aprovechar de este modo todo el margen de maniobra que ofrece el reglamento para evitar que los gobiernos que fragilizan la democracia sigan aprovechando los fondos europeos. Parad¨®jicamente, esos fondos alimentan en ocasiones la deriva autoritaria porque se canalizan a trav¨¦s de redes clientelistas ligadas a los dirigentes en el poder.
El enorme salto en la solidaridad europea que supone el fondo de recuperaci¨®n (con subvenciones financiadas por primera vez a trav¨¦s de deuda compartida) reclama un salto similar en el nivel de exigencia para que las opiniones p¨²blicas en todos los pa¨ªses, pero sobre todo en los principales contribuyentes, no se vuelva contra el proyecto y reclame el final de los trasvases financieros.
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