Bruselas suspender¨¢ los fondos europeos a los socios que violen la independencia judicial

Las multimillonarias partidas de subvenciones europeas quedar¨¢n en suspenso en aquellos pa¨ªses donde se ¡°impida la revisi¨®n judicial efectiva de decisiones administrativas¡± relacionadas con la ejecuci¨®n de los fondos comunitarios, seg¨²n el borrador de las directrices elaboradas por la Comisi¨®n Europea para aplicar el reglamento de condicionalidad ligado al respeto del Estado de derecho. El texto, al que ha tenido acceso EL PA?S, se decanta por una aplicaci¨®n estricta del reglamento y advierte de que adem¨¢s de investigar los riesgos caso por caso tomar¨¢ en cuenta tambi¨¦n la erosi¨®n acumulada del Estado de derecho que ponga en peligro la adecuada gesti¨®n de los fondos europeos. Ese deterioro ¡°puede justificar proponer medidas que entra?ar¨ªan un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido¡±, se?alan las directrices, en alusi¨®n al posible corte de un man¨¢ comunitario que en pa¨ªses como Polonia o Hungr¨ªa supone en torno al 60% de la inversi¨®n p¨²blica.

El reglamento aprobado a finales del a?o pasado permite por primera vez suspender los fondos a los pa¨ªses donde la buena gesti¨®n de los recursos comunitarios no est¨¦ garantizada por la ausencia de las adecuadas estructuras administrativas, de auditor¨ªa o judiciales. La norma naci¨® con vocaci¨®n de frenar la deriva autoritaria en pa¨ªses como Hungr¨ªa o Polonia. Pero en aras del consenso se restringi¨® su ¨¢mbito de aplicaci¨®n a las violaciones del Estado de derecho que puedan da?ar de manera directa los intereses financieros de la Uni¨®n.

Bruselas conf¨ªa, no obstante, en que sirva para atajar desde los ataques a la independencia judicial a los conflictos de inter¨¦s (como el del primer ministro de la Rep¨²blica Checa, uno de los principales beneficiarios de las ayudas comunitarias en su pa¨ªs) a los casos de corrupci¨®n ligados a la gesti¨®n de partidas comunitarias que van desde los fondos de cohesi¨®n a los de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), pasando por el nuevo fondo de recuperaci¨®n.

El reglamento ya recog¨ªa la posibilidad de suspender las ayudas en caso de ¡°poner en peligro la independencia de los jueces¡±. Pero el borrador de las directrices de la Comisi¨®n convierte a la independencia judicial en uno de los ejes de la nueva vigilancia y detalla las violaciones que podr¨ªan desencadenar la p¨¦rdida de fondos.

La Comisi¨®n ha tenido ya varios lances con Estados miembros sobre la vulneraci¨®n de la independencia judicial, los m¨¢s frecuentes con Polonia. El pasado mes de marzo, Bruselas denunci¨® ante el Tribunal de Justicia europeo la reforma judicial polaca que, entre otras cosas, incluye la posibilidad de sancionar a los jueces que remitan consultas prejudiciales a la corte europea. La Comisi¨®n ha pedido al Tribunal que suspenda cautelarmente la reforma. Pero m¨¢s all¨¢ del coste pol¨ªtico, Varsovia y otras capitales con derivas autoritarias afrontan estos procesos judiciales a sabiendas de que no tendr¨¢n ninguna repercusi¨®n en los multimillonarios fondos que reciben de la Uni¨®n.

La aplicaci¨®n del reglamento podr¨ªa poner fin a esa impunidad. Las directrices apuntan de manera precisa a ¡°leyes nacionales que impiden una revisi¨®n judicial efectiva de decisiones administrativas para implementar el presupuesto de la UE¡±. En el punto de mira tambi¨¦n los pa¨ªses donde se adopten medidas ¡°para obstruir la remisi¨®n de casos relevantes al Tribunal de Justicia de la UE¡±.

El borrador se?ala que ¡°en tales casos, las medidas de suspensi¨®n o prohibici¨®n [de entrega de fondos] previstas en el reglamento de condicionalidad, impuestas de manera acumulativa hasta que termina la violaci¨®n [del Estado de derecho] podr¨ªa proteger el presupuesto de la Uni¨®n¡±.

Bruselas se decanta, adem¨¢s, por utilizar el nuevo reglamento para perseguir irregularidades que podr¨ªan corregirse por otras v¨ªas (como el control financiero de los fondos) pero que al alcanzar un car¨¢cter sist¨¦mico o generalizado requieren una intervenci¨®n m¨¢s dr¨¢stica y menos quir¨²rgica.

¡°La Comisi¨®n considera que cuando una violaci¨®n del Estado de derecho afecta o corre riesgo de afectar a m¨²ltiples programas o fondos de la Uni¨®n, cabe esperar un impacto substancial en el presupuesto de la Uni¨®n o en los intereses financieros de la Uni¨®n¡±, se?alan las directrices. El texto a?ade que en esos casos de falla sist¨¦mica o generalizada ¡°puede justificarse proponer medidas que entra?en un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido¡±.

El recurso de Hungr¨ªa y Polonia

Las directrices son el primer paso para la puesta en marcha de un reglamento que est¨¢ en vigor desde el pasado 1 de enero pero que la Comisi¨®n Europea ha aceptado no aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre un recurso presentado por Hungr¨ªa y Polonia para intentar frenar la norma.

El caso judicial, que se tramita por procedimiento acelerado, podr¨ªa quedar resuelto a finales de este a?o o principios del pr¨®ximo. Pero la Comisi¨®n, que conf¨ªa en la victoria ante los jueces, advierte de que la aplicaci¨®n ser¨¢ retroactiva y que sus pesquisas sobre posibles violaciones del Estado de derecho est¨¢n en marcha desde el primer d¨ªa, por lo que podr¨¢ explotar toda la informaci¨®n o las denuncias recibidas durante los meses de espera.

El Parlamento Europeo considera inadmisible la suspensi¨®n de facto del reglamento hasta que llegue la sentencia. Y la semana pasada aprob¨® una resoluci¨®n, por ampl¨ªsima mayor¨ªa, en la que amenaza con denunciar a la Comisi¨®n ante el Tribunal europeo por no cumplir con sus obligaciones.

El choque institucional denota el creciente disgusto entre muchos socios por el trasvase de importantes recursos presupuestarios hacia pa¨ªses donde el Estado de derecho se fragiliza por momentos y la separaci¨®n de poderes se diluye de manera imperceptible a corto plazo pero potencialmente muy peligrosa a medio y largo plazo. La inquietud ha ido a m¨¢s con el nuevo marco presupuestario (2021-2027), que asciende a 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones de euros del fondo de recuperaci¨®n para superar la crisis de la covid-19.

Bruselas insiste, de todos modos, en que el nuevo reglamento no va dirigido contra ning¨²n pa¨ªs en concreto. Y la historia muestra que las medidas de disciplina a veces recaen en los socios m¨¢s inesperados. Alemania, que impuls¨® el Pacto de Estabilidad, se vio incursa en un expediente por superar el 3% de d¨¦ficit p¨²blico. Berl¨ªn tuvo que maniobrar para suspender el pacto y evitar el riesgo de recibir una humillante sanci¨®n. En cuanto al reglamento que penaliza la manipulaci¨®n de las estad¨ªsticas, introducido despu¨¦s de que Grecia trucase las cuentas p¨²blicas, fue estrenado con Espa?a, que pag¨® una multa de 20 millones de euros por la manipulaci¨®n de las cifras de la Generalitat valenciana.

En el terreno de la independencia judicial, Espa?a ya recibi¨® un bocinazo de la Comisi¨®n cuando el PSOE y Unidas Podemos plantearon una reforma, despu¨¦s abandonada, que pretend¨ªa rebajar la mayor¨ªa parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bruselas ha advertido de que seguir¨¢ muy de cerca la reforma de ese ¨®rgano judicial y ha recomendado a Espa?a que consulte con la llamada Comisi¨®n de Venecia, el ¨®rgano del Consejo de Europa que supervisa las reformas de calado constitucional o especialmente sensibles para una democracia de calidad.