Sin reforma el¨¦ctrica no habr¨¢ transici¨®n energ¨¦tica

En junio, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista espa?ol ha alcanzado los 84€/MWh, casi duplicando la media de los ¨²ltimos diez a?os. El mayor beneficiario han sido las empresas el¨¦ctricas, que han visto c¨®mo el encarecimiento de la generaci¨®n el¨¦ctrica con gas inflaba los m¨¢rgenes de beneficio de la gran mayor¨ªa de las centrales porque sus costes no han aumentado.

El Gobierno, consciente del impacto social y econ¨®mico de la subida de la electricidad, ha aprobado este mes una rebaja temporal del IVA de la electricidad para los consumidores dom¨¦sticos ¡ªque ha pasado del 21% al 10%¡ª y ha suspendido el impuesto del 7% sobre el valor de la producci¨®n el¨¦ctrica. Pero el problema no es el impuesto, sino la base sobre la que se aplica. En tramitaci¨®n parlamentaria hay dos medidas que pretenden atajar el precio elevado de la luz. La primera es un anteproyecto de ley que evitar¨¢ que los consumidores paguen cerca de mil millones de m¨¢s por el CO2 no emitido en las centrales nucleares e hidroel¨¦ctricas. La segunda medida es la creaci¨®n del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema El¨¦ctrico, que repartir¨¢ una parte del coste del sistema el¨¦ctrico entre todos los sectores energ¨¦ticos. Si logran aprobarse, estas medidas ir¨¢n paulatinamente reduciendo la factura hasta un 15%, pero previsiblemente no entrar¨¢n en vigor antes de 2022.

La raz¨®n de por qu¨¦ la electricidad es cara hay que buscarla en la regulaci¨®n el¨¦ctrica, que conf¨ªa en un ¨²nico precio, ¡ªprincipalmente el que ofertan las centrales de gas en el mercado¡ª para remunerar a la mayor¨ªa de las centrales el¨¦ctricas, aunque estas tengan costes muy dispares y, en su mayor parte, inferiores a los precios ofertados por las centrales de gas.

?Qu¨¦ hacer? Existe un amplio consenso sobre los grandes objetivos que la reforma estructural del sistema energ¨¦tico, en la que ya trabaja el Gobierno, deber¨ªa perseguir. Por una parte, la nueva regulaci¨®n deber¨ªa retribuir de forma adecuada y estable los costes del suministro el¨¦ctrico, tanto de los activos existentes, como de las nuevas inversiones necesarias para transitar hacia un sistema el¨¦ctrico descarbonizado. Por otro lado, deber¨ªa favorecer que los consumidores paguen los precios de un mercado adecuadamente dise?ado, capaz de revelar los verdaderos costes de la electricidad. El debate radica en c¨®mo traducir esto en medidas concretas.

La nueva regulaci¨®n podr¨ªa vertebrarse en torno a dos mercados: de corto y de largo plazo. El mercado a corto plazo asegurar¨ªa que la producci¨®n se llevara a cabo en todo momento con las fuentes de generaci¨®n m¨¢s eficientes, y que la demanda, en la medida de lo posible, contribuyera a alcanzar los equilibrios del sistema. A su vez, los mecanismos a largo plazo servir¨ªan para ajustar la retribuci¨®n de las centrales de generaci¨®n el¨¦ctrica a sus propios costes, asegurando que los consumidores no paguen por la electricidad m¨¢s de lo que cuesta.

Para las nuevas centrales de energ¨ªas renovables, el regulador, en representaci¨®n del sistema el¨¦ctrico, deber¨ªa celebrar subastas de contratos a largo plazo (como el pasado mes de enero). La competencia entre los inversores permitir¨ªa a todos los consumidores beneficiarse de los costes cada vez menores de las renovables, al remunerar su producci¨®n al precio de la subasta (que reflejar¨¢ sus costes medios) y no al precio vol¨¢til e incierto que los mercados a corto plazo fijan hora a hora. En todo caso, las inversiones en renovables habr¨¢n de hacerse evitando posibles impactos adversos y aportando beneficios econ¨®micos y sociales en los territorios donde se ubiquen. Se trata de involucrar a los ciudadanos y a las administraciones locales en el cambio del modelo energ¨¦tico. La apuesta por el autoconsumo individual y compartido tambi¨¦n contribuir¨¢ a ello.

Para las centrales el¨¦ctricas existentes, y en concreto, para las anteriores a la Ley del Sistema El¨¦ctrico de 1997, dif¨ªcilmente se podr¨¢ recurrir a mecanismos competitivos para corregir una sobre retribuci¨®n fruto de un contexto en el que la competencia ha estado y est¨¢ ausente. Pero se podr¨ªa recurrir a una auditor¨ªa regulatoria que identifique un precio razonable para su producci¨®n, teniendo en cuenta sus costes variables y los de inversi¨®n que no hubieran sido recuperados a trav¨¦s de los pagos regulados y m¨¢rgenes de beneficio que han percibido desde entonces. Y ello, naturalmente, con independencia de lo que reflejen las cuentas de las empresas propietarias, que no son producto de la realidad econ¨®mica, sino de sus pr¨¢cticas contables. No olvidemos que el marco regulatorio vigente antes de 1997 les garantizaba generosamente la recuperaci¨®n de sus costes, pero no el exceso retributivo del que gozan.

Sin una reforma de esta naturaleza no ser¨¢ posible avanzar en la transici¨®n energ¨¦tica. Los elevados precios de la electricidad desincentivar¨ªan la electrificaci¨®n como v¨ªa principal para la descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa, y la sociedad se opondr¨ªa a las pol¨ªticas medioambientales si se traducen ¡ªinjustificadamente¡ª en el encarecimiento de un bien tan esencial como la electricidad. Es tarea de la regulaci¨®n que los costes y beneficios de la transici¨®n energ¨¦tica se repartan de forma equitativa.

Natalia Fabra es Catedr¨¢tica de Econom¨ªa de la Universidad Carlos III de Madrid.