Sobre la instrucci¨®n interminable: una gota malaya

El 17 de julio, s¨¢bado, se publicaba esta noticia en las p¨¢ginas de Internacional: ¡°El ejecutivo de Draghi se propone agilizar la justicia, algo que jam¨¢s ha logrado poner de acuerdo a los partidos italianos¡±. Y es que se trata -era el titular mayor- de ¡°una reforma que explica 30 a?os de historia pol¨ªtica¡±. En particular, ¡°la propuesta busca acortar el tiempo que un imputado sea improcesable¡±.

A los espa?oles ese tipo de discurso nos resulta familiar, porque se reproduce cada vez que un pol¨ªtico, luego de haberse visto linchado en la opini¨®n p¨²blica (con dimisi¨®n incluida), termina por ser absuelto. Las lamentaciones recuerdan el t¨ªtulo de El honor perdido de Katherina Blum, la famosa novela de Heinrich B?ll: ?qui¨¦n me devuelve mi reputaci¨®n? Un discurso que a muchos ciudadanos nos suena a chamusquina porque conocemos el pa?o: los que se dedican a ese oficio tienen un doble lenguaje, cuando no una doble moral, seg¨²n que hablen de su propio partido o del otro. Y eso sin contar con que en no pocas ocasiones ha sido el mismo sujeto el que ha desplegado toda suerte de artima?as -aforamientos y desaforamientos inclusive- para posponer el veredicto final, confiando en que entre tanto el acusador se aburra.

Pero claro que, por debajo o al margen del cinismo del gremio, en la queja hay mucho de atendible. Una instrucci¨®n penal demasiado extensa en el tiempo -y adem¨¢s en la plaza p¨²blica, el ¨¢gora de los griegos, porque, digan lo que digan las leyes sobre los secretos, la mediatizaci¨®n del trabajo judicial forma parte de la sociedad del espect¨¢culo- puede constituir una forma de tortura -una suerte de gota malaya- que, por psicol¨®gicamente agobiante, est¨¦ en entredicho de la Convenci¨®n de Ginebra contra los malos tratos. Que los pol¨ªticos abracen una causa (en ocasiones, con intenciones malsanas) no significa que la causa devenga siempre indefendible. Ni tan siquiera cuando son ellos las v¨ªctimas.

Italia es el laboratorio del mundo. Todo lo nuevo se ensaya all¨ª antes de expandirse. Empecemos por las patolog¨ªas: en 1922, el fascismo; entre 1947 y 1992, la partitocracia hasta el grado de la caricatura, con las secuelas de la lottizazione de los cargos p¨²blicos (el reparto por cuotas) y la corrupci¨®n transversal: la famosa tangent¨®poli; desde 1992, con Mani pulite, el ascenso de la judicatura -una judicatura adem¨¢s convertida en icono: gente omnisciente y arcang¨¦lica- al papel de ¨¢rbitro del sistema, como si de ese otro gremio no formara parte gente de carne y hueso; y, tambi¨¦n en los ¨²ltimos treinta a?os, el populismo, porque sin el original de Berlusconi no habr¨ªamos tenido la copia de Trump.

Pero el laboratorio tambi¨¦n sirve para las vacunas, o sea, los remedios. Ahora estamos en uno de esos momentos felices: el Gobierno apartidista de Draghi, al que se augura m¨¢s suerte que al de Mario Monti hace diez a?os. S¨®lo ese tipo de gobernantes pueden presentar una propuesta de limitaci¨®n de los plazos de la instrucci¨®n penal sin que la gente sospeche que hay gato encerrado.

Bien sabemos que las normas forman parte del mundo de lo ideal y que las cosas no se arreglan por el mero hecho de enviar un papel -por mucho celof¨¢n parlamentario con el que venga envuelto- a un Bolet¨ªn Oficial. Pero, aun con ese d¨¦ficit estructural, es lo cierto que no verse sometido a una instrucci¨®n penal eterna constituye, a nivel europeo, un derecho humano (todo debe conducirse en un ¡°plazo razonable¡±: Art. 6.1 del Convenio de 1950, el que administra el Tribunal de Estrasburgo. Y en Espa?a se trata de un derecho fundamental, porque el Art. 24 de la Constituci¨®n proscribe, dentro de las (inevitables) dilaciones, las que alcanzan el grado de lo indebido: todo en la vida tiene un l¨ªmite. M¨¢s a¨²n, el Art. 121 proclama la facultad de ser indemnizado por el funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia. Y resulta anormal (aunque no resulte estad¨ªsticamente infrecuente, con las coartadas que son conocidas: la carga de trabajo de Su Se?or¨ªa y dem¨¢s cantinelas) pasarse de determinada raya a la hora de enviciarse toqueteando un sumario.

Y eso aun cuando el umbral de lo tolerable -los plazos que no van m¨¢s all¨¢ de lo razonable, las dilaciones que no alcanzan lo indebido, las patolog¨ªas en lo cronol¨®gico que entran dentro de lo normal- no sea posible establecerlo a punto fijo y desde luego no pueda ser el mismo para todos y cada uno de los escenarios. Que la gota pase a considerarse malaya depende de muchas circunstancias, como se ha dicho mil veces. Eso, al nivel m¨¢s alto, el internacional o el constitucional. Con un rango inferior tenemos otras cosas, como la Ley 41/2015, de 5 de octubre, con su conocida modificaci¨®n del Art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero todo eso tan bonito se queda en el terreno de lo plet¨®rico, porque, se insiste, la realidad se muestra cerradamente aristot¨¦lica y prosaica: el vallis lacrimorum de los Salmos.

Y es que en Espa?a han cambiado muchas cosas -en el sentido de la modernizaci¨®n- desde los venturosos 1978 y 1986. Pero, en lo que hace a los ritmos de la burocracia -judicial y tambi¨¦n administrativa- no hemos progresado tanto -dicho sea con las excepciones y los matices de rigor- desde que en 1833, todav¨ªa en el reinado de Fernando VII, Mariano Jos¨¦ de Larra, en su ¡°Vuelva usted ma?ana¡±, explicara con acidez las tribulaciones de un franc¨¦s que hab¨ªa venido a investigar la genealog¨ªa de los D¨ªaz y los D¨ªez.

Confiemos, as¨ª pues, en Italia, el laboratorio del mundo, tambi¨¦n para lo bueno. Si le sonr¨ªe el ¨¦xito, alg¨²n d¨ªa nos acabar¨¢ alcanzando a nosotros.

Antonio Jim¨¦nez-Blanco Carrillo de Albornoz es catedr¨¢tico de Derecho Administrativo