Ayuda para morir

M¨¢s de un mes despu¨¦s de su entrada en vigor, la ley de la eutanasia ¡ªaprobada en marzo despu¨¦s de 20 a?os de intentos frustrados, y efectiva desde el pasado 25 de junio¡ª sufre una aplicaci¨®n a varias velocidades en el territorio espa?ol, con tropiezos administrativos que deben superarse. Para empezar, cuatro comunidades ni siquiera han constituido las comisiones de garant¨ªa y evaluaci¨®n, el tercer filtro de control de una ley extremadamente garantista y ¨®rganos indispensables para que la prestaci¨®n se haga efectiva. Deb¨ªan estar operativas cuando la ley entrase en vigor, pero a estas alturas, a¨²n est¨¢n enzarzadas en el entramado administrativo de una aprobaci¨®n. Las entidades sociales tambi¨¦n denuncian la falta de formaci¨®n de los profesionales sanitarios sobre la norma y el proceso de solicitud de la prestaci¨®n de ayuda a morir, retrasos en los plazos y trabas burocr¨¢ticas.

No hay un aluvi¨®n de demandas. Tampoco se esperaba. Las comunidades, de hecho, ni siquiera aportan cifras sobre casos en tr¨¢mite, pero la Asociaci¨®n Derecho A Morir Dignamente s¨ª ha constatado un goteo de solicitudes esparcidas por varias comunidades que, en total, se cuentan por decenas, sin llegar al centenar. Todas y cada una de ellas tienen derecho a un circuito de acceso impecable, sin vaivenes ni portazos.

Es preciso reconocer que la ley ha entrado en vigor en un momento bastante convulso en Espa?a, con la quinta ola de coronavirus golpeando con intensidad, los centros sanitarios volcados en la atenci¨®n a los enfermos de covid y las plantillas menguadas por las vacaciones del personal. Pero las leyes hay que cumplirlas; los derechos que estas establecen deben atenderse sin excepciones. Es por tanto responsabilidad de las Administraciones poner al alcance de los profesionales sanitarios los recursos y refuerzos necesarios para cumplir la ley y la voluntad ¨²ltima de los pacientes que reclaman ayuda para morir. Urge hacerlo. Bastante han esperado ya.