Poder judicial, independencia y soberan¨ªa

Montesquieu construy¨® la doctrina de la separaci¨®n de poderes en p¨¢ginas insuperables en El esp¨ªritu de las leyes (Libro XI cap¨ªtulos IV y VI), cuyas reflexiones sobre la justicia siguen teniendo valor.

El jurista de Burdeos descubre su concepto del poder judicial al rechazar rotundamente la posibilidad de que pudiera ejercerse por un ¡°Senado¡± o cuerpo permanente. Ser¨ªan personas extra¨ªdas del pueblo en determinadas ¨¦pocas del a?o con duraci¨®n limitada y para el exclusivo y concreto objeto o asunto encomendado.

Se opon¨ªa a que lo que llamaba el ¡°terrible poder de juzgar¡± se vinculase con un determinado ¡°estamento¡±, corporaci¨®n, casta o ¡°profesi¨®n¡±. Negaba, incluso, que la Rep¨²blica de Venecia tuviese separaci¨®n de poderes pues, aunque ten¨ªa consejos separados, no hab¨ªa separaci¨®n sino, m¨¢s bien, un ¨²nico poder al proceder los integrantes de todos ellos del mismo grupo social.

El padre de la teor¨ªa de la separaci¨®n de poderes reivindicaba que el poder de juzgar ¡°acabe siendo, por as¨ª decirlo, invisible y nulo¡± porque no habr¨ªa detr¨¢s ni un estamento ni una clase o profesi¨®n que lo condicionase. Ello es llamativo cuando ¨¦l mismo ¡ªmagistrado al principio¡ª proced¨ªa de una familia tradicional de magistrados de la llamada nobleza de toga (noblesse de robe).

El temor de nuestro autor a la estamentalizaci¨®n ser¨ªa hoy mayor si conociera que su idea de lo que era juzgar ha quedado desbordada ¡ªcon toda raz¨®n por cierto¡ª pues no consiste, como pretend¨ªa, en aplicar mec¨¢nicamente leyes perfectas y omniscientes. Para ¨¦l la sentencia judicial no deb¨ªa ser sino mera transcripci¨®n del texto de la Ley, pues si consistiera ¡°en una opini¨®n particular del juez, se vivir¨ªa en una sociedad sin conocer con precisi¨®n qu¨¦ compromisos se habr¨ªan asumido¡±. Desde esa estricta visi¨®n de la misi¨®n del juez defend¨ªa un tipo ideal de juez como ¡°boca que pronuncia las palabras de la Ley; seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor¡±.

La evoluci¨®n de los tiempos ha llevado, contrariando a Montesquieu, a que los jueces s¨ª constituyan una profesi¨®n (precisamente para preservar su independencia) y a que no sean ¡°seres inanimados¡± que pronuncian las palabras de la Ley. Tampoco las leyes pueden ser perfectas resolviendo en todos sus detalles los hipot¨¦ticos e infinitos conflictos presentes y futuros de una sociedad moderna. Los jueces tienen que hacer interpretaciones de las leyes y de los hechos a los que se aplican, lo que abre m¨¢rgenes a la interpretaci¨®n, que no puede ser, sin embargo, ni parcial, ni sesgada, ni arbitraria. Son esos m¨¢rgenes abiertos los que redoblar¨ªan hoy, precisamente, las inquietudes de Montesquieu si supiera que el ¡°gobierno de la justicia¡± (no la Justicia misma o su impartici¨®n) pudiera entregarse a los propios jueces, configur¨¢ndose as¨ª ¡ªprecisamente por tal entrega¡ª como una especie de ¡°estamento¡±.

Su temor a los ¡°estamentos¡± radicaba en que los mismos hac¨ªan peligrar su idea de la separaci¨®n de poderes, que presupone funciones o poderes inicial y previamente unidos en una unidad previa y superior: el Estado de cuya unidad y soberan¨ªa popular siguen dependiendo. Algo va mal si uno de los poderes del Estado ¡ªque los unifica y justifica en la soberan¨ªa del pueblo¡ª queda ¡°gobernado¡± por un ¨®rgano que extrajese su legitimaci¨®n de un grupo social distinto al pueblo soberano del que emanan todos los poderes (art? 2 de la Constituci¨®n). Un poder judicial estamentalizado ¡ªpor su modo de gobierno¡ª ser¨ªa una pieza exc¨¦ntrica a la l¨®gica democr¨¢tica del Estado, que podr¨ªa acabar influyendo y condicionando la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de la Ley de todos y cada uno de los jueces en funci¨®n de las ideolog¨ªas, sesgos o preferencias que dominen en ese ¨®rgano ¡°estamental¡± de gobierno.

Si en nuestro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªcon mayor¨ªa de jueces (12 sobre 20)¡ª esta mayor¨ªa fuese elegida directamente por jueces (en lugar de por el Congreso y el Senado por mayor¨ªa de 3/5 de entre los candidatos propuestos por los jueces como ahora ocurre) amenazar¨ªa con transformarse en un ¨®rgano propiedad de los jueces al suponer que env¨ªan al CGPJ a sus ¡°representantes¡± en condiciones de mayor¨ªa, es decir de dominio. Los jueces ejercer¨ªan, cada uno, no solo el ¡°poder judicial¡± o justicia, sino que se sentir¨ªan ¡ªellos mismos a trav¨¦s de sus ¡°representantes¡±¡ª como titulares del ¡°gobierno del poder judicial¡±. En definitiva el CGPJ devendr¨ªa en cierto modo en el ¡°estamento¡± del que abominaba Montesquieu.

A trav¨¦s de esa eventual apropiaci¨®n del CGPJ por los ¡°representantes¡± de los jueces, la Justicia se alejar¨ªa de la proclamaci¨®n recogida en el art¨ªculo 117.1 de la Constituci¨®n de que la misma ¡°emana del pueblo¡± y se ¡°administra¡± en nombre del Rey, como jefe del Estado. Tal alejamiento comprometer¨ªa tambi¨¦n el esencial reconocimiento de que la soberan¨ªa reside en el pueblo espa?ol ¡°del que emanan los poderes del Estado¡± (art? 1 CE).

El Derecho de la UE nada dice sobre la organizaci¨®n judicial de los pa¨ªses miembros: los Tratados no le dan competencia alguna sobre ello. No puede, pues, ni proponer ni sugerir, la elecci¨®n de los miembros del CGPJ por los jueces. Resultan ins¨®litas, por su falta total de competencia, las palabras del comisario belga de Justicia de la UE al respecto invocando err¨®neamente supuestos y vinculantes est¨¢ndares europeos. M¨¢s todav¨ªa cuando en la UE hay muchos pa¨ªses relevantes sin consejos del poder judicial; otros los tienen, pero muchos o con menos competencias que el nuestro o con presencia mayoritaria de quienes no son jueces o sin capacidad decisoria final. Una UE en que en pa¨ªses tan importantes e inequ¨ªvocamente democr¨¢ticos, como Alemania, Suecia, Austria o Dinamarca ¡ªpor no citar m¨¢s que algunos¡ª son los ministros de Justicia los que, a diferencia de Espa?a, tienen las competencias de ¡°gobierno del poder judicial¡± ajustadas a sus normas internas. Siendo muy superior el modelo espa?ol (precisamente por la presencia mayoritaria de jueces ¡°representativos¡± del pluralismo de los jueces, pero no ¡°representantes¡± de los mismos) no es posible justificar el actual bloqueo ni que el comisario europeo de Justicia, sin la menor competencia, se permita repartir culpas entre partidos de un pa¨ªs miembro blanqueando y difuminando, as¨ª, la exclusiva responsabilidad del ¨²nico que la tiene.

El atentado a la Constituci¨®n del principal partido de la oposici¨®n por incumplir su deberes constitucionales no se califica as¨ª porque sus propuestas de elecci¨®n de los jueces del CGPJ por los propios jueces se olviden completamente de las preocupaciones de Montesquieu; tampoco porque no reflexione sobre por qu¨¦ pa¨ªses netamente democr¨¢ticos de la UE tienen modelos y matices diversos de gobierno del poder judicial, incluso sin consejos judiciales. Se califica as¨ª por negarse a cumplir una ley constitucional que, adem¨¢s, es la aprobada por el propio PP en 2013, cuando derog¨® el cap¨ªtulo sobre esta cuesti¨®n sustituy¨¦ndolo por otro ¨ªntegramente de su propia autor¨ªa, que es el que ahora incumple. El viejo aforismo ¡°soporta la ley que t¨² mismo hiciste¡± (legem patere quam ipse fecisti) contiene una regla universal de Derecho y honorabilidad cuyo incumplimiento alerta de que una democracia peligra cuando partidos relevantes, al despreciar deliberadamente la Ley ¡ªpara mayor inri la que ellos mismos promovieron y aprobaron¡ª se sit¨²an fuera de la Ley.

Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo Fern¨¢ndez del Castillo es catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Estado.