Constituciones anal¨®gicas ante sociedades digitales

Las constituciones siguen siendo instrumentos jur¨ªdicos para una realidad anal¨®gica. Sin embargo, la realidad en la que discurre la actividad cotidiana de gran parte de la ciudadan¨ªa se ve cada vez m¨¢s impregnada de diversas realidades tecnol¨®gicas. Encender el m¨®vil, consultar el mail o leer este diario, pedir una cita m¨¦dica, buscar una direcci¨®n, pagar un recibo o comprobar si tenemos contactos de riesgo por covid en nuestro entorno son una parte ¨ªnfima de las acciones que realizamos cada d¨ªa gracias a la tecnolog¨ªa y a la digitalizaci¨®n. La transformaci¨®n digital de nuestro entorno es un reto de primera magnitud y, antes que despu¨¦s, supondr¨¢ un cambio de paradigma a todos los niveles, tambi¨¦n del jur¨ªdico constitucional. Nuestros ordenamientos no pueden permanecer impasibles ante los enormes cambios que los fen¨®menos antes se?alados producen en nuestras relaciones ciudadanas y con los poderes p¨²blicos que son, a la postre, el objeto de cualquier sistema jur¨ªdico.

Las constituciones modernas, como plasmaci¨®n jur¨ªdico-pol¨ªtica del pacto social de cada comunidad, se asientan sobre el esquema liberal del Estado de derecho democr¨¢tico, m¨¢s o menos social. Pues bien, todo ese entramado de valores principios y normas se ven hoy en d¨ªa claramente afectados por el fen¨®meno de la digitalizaci¨®n, en un sentido muy amplio ¡ªy algo impreciso¡ª del t¨¦rmino. Cualquiera de las actividades se?aladas m¨¢s arriba como ejemplo entra?a, adem¨¢s, el ejercicio de alg¨²n derecho fundamental, aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello; cada vez que utilizamos uno de estos servicios, nuestros datos, elementos propios de nuestra privacidad, incluso intimidad, empiezan a circular convirti¨¦ndose en informaci¨®n para sus receptores. Adem¨¢s, los receptores y/o gestores de aquella informaci¨®n pueden ser p¨²blicos o privados.

Fij¨¦monos ahora en internet. La red permite una comunicaci¨®n y un intercambio de contenidos sin intermediaci¨®n aparente, en un espacio sin fronteras. Todo ello propiciado por una serie de plataformas, mayoritariamente en manos privadas. Aunque creamos que la red y las redes sociales son algo parecido a un foro p¨²blico, lo cierto es que son otras personas (en sentido jur¨ªdico) privadas las que procuran aquel espacio donde ofrecen esas posibilidades casi infinitas de comunicaci¨®n, aparentemente, sin coste. Sin embargo, en esos intercambios vamos dejando por el camino datos de todo tipo que aquellas empresas utilizan en su propio beneficio de m¨²ltiples y muy imaginativas maneras. Se trata, en definitiva, de entidades privadas que prestan un servicio con la intenci¨®n de obtener r¨¦ditos econ¨®micos. Las plataformas son, a la postre, terceros particulares, cada vez m¨¢s poderosos, con un modelo de negocio que tiene como eje central nuestros datos, saber cosas sobre nosotros, que pueden utilizar directamente o poni¨¦ndolos en manos de terceros, privados y p¨²blicos, para ofrecernos productos y servicios, pero tambi¨¦n, atenci¨®n, opciones pol¨ªticas.

En efecto, cada vez est¨¢ m¨¢s claro que, desde un punto de vista institucional, la digitalizaci¨®n puede comportar enormes peligros para las democracias. El aparataje tecnol¨®gico es en buena parte invisible (sobre todo para la ciudadan¨ªa), de dif¨ªcil fiscalizaci¨®n para los poderes p¨²blicos, porque se escapa a los instrumentos de control propios de la realidad anal¨®gica, con unos tiempos propios y de manera transfronteriza. La neutralidad tecnol¨®gica es, en ocasiones, solo aparente porque, sin ser la ciudadan¨ªa consciente, se produce una suerte de secuestro tecnol¨®gico de su voluntad, que puede llegar a convertirse en una potencial fuerza desestabilizadora de las democracias. Hemos conocido campa?as de desprestigio de determinadas candidaturas electorales, sabemos de la utilizaci¨®n del microtargeting como t¨¦cnica para captar la atenci¨®n, y el voto, de sectores espec¨ªficos de la poblaci¨®n, conocemos el uso de la mentira como instrumento de campa?a. Todo ello, adem¨¢s, con unos sesgos muchas veces impl¨ªcitos en los propios sistemas de rastreo y tratamiento de los datos, que acrecienta las m¨²ltiples discriminaciones sociales ya existentes.

En esta l¨ªnea, son destacables los retos que plantea la utilizaci¨®n de la inteligencia artificial y los algoritmos. Aunque existen investigaciones rigurosas que desmienten que la digitalizaci¨®n sea la causa, reputados autores nos insisten en que el algoritmo en las redes acaba conformando c¨¢maras de eco y burbujas de filtro que nos acercan a aquellos que piensan como nosotros, debilitando la pluralidad del debate p¨²blico. Tambi¨¦n se pone el acento en la polarizaci¨®n que generan las redes y, muy importantes, los des¨®rdenes informativos (desinformaci¨®n, informaci¨®n err¨®nea, informaci¨®n incorrecta) que propician y que son aprovechados por empresas, grupos con intereses pol¨ªticos o gobiernos, para condicionar nuestras actitudes pol¨ªticas, a la postre, perturbar el fair play sobre el que debe sostenerse una democracia.

Las plataformas se han convertido en una pieza clave de nuestras democracias porque a trav¨¦s de ellas ejercemos derechos b¨¢sicos como la comunicaci¨®n, la informaci¨®n, la protesta, la educaci¨®n o la reivindicaci¨®n laboral. Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales de comunicaci¨®n, las plataformas son de muy dif¨ªcil control. Son poderes difusos, poco transparentes en su toma de decisiones en relaci¨®n con el ejercicio de nuestros derechos m¨¢s b¨¢sicos. Hasta hace poco solo pod¨ªa censurar una publicaci¨®n un juez, en las condiciones marcadas por la Constituci¨®n. Un diario pod¨ªa decidir no publicar una noticia o una opini¨®n siguiendo una determinada l¨ªnea editorial, marcada con anterioridad y siendo una decisi¨®n editorial-empresarial individualizada. Las grandes plataformas, sin embargo, eliminan cada d¨ªa cientos de miles de mensajes en sus redes porque no cumplen sus propios c¨®digos de conducta a trav¨¦s de la aplicaci¨®n de algoritmos. Se han convertido, de facto, en los intermediarios entre el hecho o la opini¨®n y el resto de la ciudadan¨ªa.

En un mundo sin fronteras f¨ªsicas, intangible a los ojos del usuario, ?bastan los est¨¢ndares cl¨¢sicos de garant¨ªa de los derechos para regular estos nuevos ¨¢mbitos de interacci¨®n? Joan Barata, por ejemplo, se?ala la diferencia que existe entre Estados Unidos y Europa en relaci¨®n con el tratamiento a las redes. En Estados Unidos, de momento, las plataformas no son tratadas como foro p¨²blico. En Europa parece que la tendencia es a considerarlas como prestadoras de una suerte de servicio p¨²blico. La diferencia es relevante, puesto que supone poder exigirles unas u otras obligaciones. En Estados Unidos los conflictos que se generan entre una plataforma y una usuaria se resuelven como un conflicto entre particulares, esto es, entre dos sujetos ejerciendo sus derechos e intereses. En Europa, la cosa es algo m¨¢s compleja y el nivel de exigencia a las plataformas tiende a ser m¨¢s alto que a un particular, por la funci¨®n a la que sirven. De momento la tendencia europea es la de implicar a los prestadores, a las plataformas, en la regulaci¨®n de c¨®mo ejercer nuestros derechos en la llamada aldea global a trav¨¦s, por ejemplo, de los c¨®digos ¨¦ticos mixtos.

Esto plantea cuestiones que afectan de lleno a alguna de las premisas b¨¢sicas del constitucionalismo en materia de vinculaci¨®n y eficacia de los derechos. Una de las m¨¢s relevantes es que la digitalizaci¨®n ha venido a intensificar las relaciones entre privados, las relaciones horizontales, siendo, en muchas ocasiones, mayor el poder de las empresas del sector digital sobre nuestros derechos que el de los poderes p¨²blicos. Nuestra capacidad de control sobre las actividades de aquellas y nuestra capacidad de tutela se han ido difuminando. Por razones como esta debemos tender hacia un nuevo pacto social digital.