Nicol¨¢s Maduro, en el peor de los banquillos

La dictadura de Nicol¨¢s Maduro se acredit¨® el trist¨ªsimo m¨¦rito de ser el primer r¨¦gimen latinoamericano en ser juzgado por cr¨ªmenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. La novedad se conoci¨® el mi¨¦rcoles pasado, durante una conferencia de prensa en la que Maduro y el fiscal de ese tribunal, el escoc¨¦s Karim Khan, anunciaron la firma de un memorando para avanzar en la investigaci¨®n de privaciones ileg¨ªtimas de la libertad, torturas y desapariciones forzadas que el gobierno venezolano pudiera haber cometido para reprimir y castigar las protestas que se realizaron en su contra en 2017. Khan abri¨® de este modo una pesquisa formal, es decir, avanz¨® sobre el estudio preliminar que hab¨ªa hecho su antecesora, Fatou Bensouda. Esto significa que para la fiscal¨ªa las acusaciones que hab¨ªan formulado Canad¨¢, Argentina, Chile, Per¨², Paraguay y Colombia, tienen suficiente verosimilitud.

Khan es un abogado de 51 a?os con una gran experiencia en procesos de lesa humanidad. Como secretario adjunto de la ONU fue el encargado de indagar en los cr¨ªmenes de Daesh, en Irak. Adem¨¢s de acusador de criminales, fue abogado de v¨ªctimas de atropellos a las garant¨ªas elementales. Litig¨® ante los tribunales penales para Ruanda, la antigua Yugoslavia, Camboya, el L¨ªbano y Sierra Leona. A¨²n con toda esta experiencia, Khan busc¨® para Venezuela el auxilio de un experto latinoamericano, Claudio Grossman, el profesor chileno que preside el Comit¨¦ de Redacci¨®n de la Comisi¨®n de Derecho Internacional de la ONU, que est¨¢ elaborando un digesto jur¨ªdico internacional.

Khan ha sido muy prudente al caracterizar su tarea. Prometi¨® ajustarse solo a las reglas jur¨ªdicas, ignorando las evidentes tensiones de poder que rodean el caso. Sin embargo, el significado pol¨ªtico de esta investigaci¨®n es imposible de disimular.

La consecuencia m¨¢s evidente es que el chavismo queda expuesto ante un tribunal, que adem¨¢s de recibir denuncias de v¨ªctimas, podr¨¢ interrogar a los funcionarios, incluido el propio Maduro. Hasta ahora las aberraciones que se imputan al r¨¦gimen hab¨ªan sido examinadas en ¨®rganos pol¨ªticos, no judiciales. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, estableci¨® una oficina en Caracas para recibir y analizar denuncias. Adem¨¢s, en septiembre del a?o pasado, una Misi¨®n Internacional Independiente de Reconocimiento de Hechos, tambi¨¦n de la ONU, public¨® un informe sobre 223 episodios. Ese dictamen estableci¨® que en Venezuela, a partir de 2014, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, de las que estaban al tanto Maduro; su ministro de Defensa, Vladimir Padrino L¨®pez; y el ministro del Interior de aquel entonces, N¨¦stor Reverol.

Desde la semana pasada este panorama se volvi¨® m¨¢s sombr¨ªo. La apertura de un proceso en el tribunal de La Haya amenaza la cohesi¨®n del aparato de poder que encabeza el dictador. Los se?alados por las v¨ªctimas intentar¨¢n deslindar responsabilidades. Se abre un terreno para las acusaciones cruzadas, las delaciones, la fisura de cualquier complicidad. En consecuencia, el trabajo de Khan corroer¨¢ a la tiran¨ªa. Con independencia de las intenciones del fiscal, es posible que en Venezuela comience a despejarse una nube espesa.

No es el ¨²nico inconveniente al que se enfrenta Maduro. El empresario Alex Saab, sospechado de ser su testaferro, fue deportado a los Estados Unidos desde Cabo Verde, adonde hab¨ªa hecho escala en un viaje desde Ir¨¢n a Venezuela. Saab est¨¢ ahora sometido a la jurisdicci¨®n de los tribunales de Florida, a pesar de que sus abogados exigen que se respete su inmunidad diplom¨¢tica: alegan que hab¨ªa viajado a Ir¨¢n en condici¨®n de enviado especial del gobierno bolivariano. Mientras tanto, en Estados Unidos siguen esperando que la Audiencia Nacional de Espa?a extradite a Hugo Carvajal. Conocido como ¡°el Pollo¡±, Carvajal fue el jefe del espionaje venezolano bajo Hugo Ch¨¢vez y bajo Maduro. En Madrid se declar¨® arrepentido y comenz¨® filtrar, con cuentagotas, informaci¨®n sobre financiamiento chavista a dirigentes de Podemos y al kirchnerismo argentino. La justicia norteamericana quiere investigarlo por tr¨¢fico de armas y de drogas.

El expediente abierto por el fiscal Khan y los casos de Saab y Carvajal, generan una natural inquietud en Maduro: desatan din¨¢micas que se despliegan en el ritual de tribunales externos, movimientos que ¨¦l no controla.

La causa iniciada en La Haya tiene otra consecuencia relevante: complica a los gobiernos y partidos solidarios con el chavismo. Para dirigentes como Daniel Ortega puede no ser un contratiempo: ¨¦l mismo est¨¢ construyendo una tiran¨ªa que se mira en el espejo de la venezolana. Basta observar el simulacro electoral del ¨²ltimo domingo, en el que triunf¨® sobre una oposici¨®n con dirigentes encarcelados, partidos intervenidos, y sin posibilidad de hacer campa?a. El sandinista Ortega se parece cada vez m¨¢s a Anastasio Somoza, el aut¨®crata al que contribuy¨® a derrocar.

En cambio, para otros l¨ªderes el juicio de La Haya puede ser mucho m¨¢s inc¨®modo. Es el caso del presidente de Per¨², Pedro Castillo, que en octubre reanud¨® las relaciones de su pa¨ªs con Venezuela. Evo Morales, que reclam¨® por sus propias garant¨ªas en Bolivia durante la presidencia de Jeanine ??ez, mientras viaja a Buenos Aires en un avi¨®n de PDVSA. No hace falta mencionar a las principales figuras de Podemos, en Espa?a, cuyas afinidades con los investigados han sido m¨¢s que obvias. Las ¨²ltimas novedades procesales son perturbadoras tambi¨¦n para el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, consagrado durante a?os a atenuar el aislamiento que padecen sus amigos chavistas. Alberto Fern¨¢ndez, quien apenas lleg¨® al poder retir¨® a la Argentina de la lista de denunciantes en la investigaci¨®n que acaba de oficializar el fiscal Khan, es otro que est¨¢ en un contratiempo. En definitiva: esa investigaci¨®n est¨¢ destinada a ocasionar una gran incomodidad en las fuerzas de la izquierda populista, sobre todo frente a los rivales de sus respectivos pa¨ªses.

El dilema que enfrenta Maduro es tan claro como dificultoso. Podr¨ªa desalentar la actividad de la Corte Penal Internacional encarando reformas institucionales que ofrezcan garant¨ªas a los que denuncian cr¨ªmenes de lesa humanidad. Si llegara el d¨ªa en que queda demostrado que en Venezuela se repuso el Estado de Derecho, bastar¨ªa con los tribunales locales para asegurar la Justicia. El camino alternativo es replegarse sobre su propia fortaleza, cada vez m¨¢s amenazada. Agravar la represi¨®n y, de ese modo, aportar m¨¢s evidencias a sus acusadores. Es una encrucijada dif¨ªcil. Casi como elegir entre dos formas de suicidio.

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