Incongruencia en el Constitucional

El legendario ¡°imperativo legal¡± por el que prometieron numerosos diputados la Constituci¨®n hace unos a?os pudo ser invocado tambi¨¦n, al menos en conciencia, por un buen pu?ado de diputados de PSOE y Unidas Podemos que se sometieron este jueves a la disciplina de partido y votaron en favor de la renovaci¨®n de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El deber de hacerlo era un bien necesario, sin duda, pero el precio pagado lo ha sido en t¨¦rminos de cr¨¦dito, prestigio y respetabilidad de un tribunal que admite entre sus miembros a una figura abiertamente cuestionable como Enrique Arnaldo. Algunas de sus conductas privadas emiten p¨¦simas se?ales, como las abultadas facturaciones que ha cobrado ¡ªcerca de un mill¨®n de euros¡ª mientras trabajaba como abogado haciendo informes para administraciones p¨²blicas gobernadas por el PP y era a la vez letrado en Cortes, algo expresamente prohibido por el Estatuto del Congreso. No parece la mejor credencial para situarlo en el ¨®rgano garante de la Constituci¨®n, pero Arnaldo tampoco satisface la exigencia de un exquisito escr¨²pulo democr¨¢tico, que no atesora, se mire por donde se mire. Las informaciones reunidas en los ¨²ltimos d¨ªas conculcan una y otra vez la imparcialidad esperable del ya magistrado del Constitucional ante numerosas causas en las que ser¨¢ susceptible de recusaci¨®n. Art¨ªculos con tomas de partido expl¨ªcitas, conversaciones grabadas con alg¨²n dirigente del PP (que acab¨® en la c¨¢rcel y hoy sigue procesado) y cientos de eventos en FAES permiten descreer de su idoneidad para el cargo.

En aras de la renovaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales largamente bloqueados por el PP, el negociador socialista ha acabado accediendo a un candidato que el Constitucional no merece. Posiblemente el ¨²nico papel digno en esta historia hubiera sido la renuncia de Arnaldo a su candidatura porque no ha fallado el sistema sino su adulteraci¨®n. Mientras tanto, el Gobierno se ha limitado a expresar su desacuerdo y hasta su disgusto por la propuesta del PP, pero deb¨ªa haber explicado mejor las razones que permiten creer que el mal menor est¨¢ protegido con este acuerdo cuando el resultado es el mal mayor de un candidato manifiestamente inadecuado. La teatralizaci¨®n de la protesta del resto de grupos que en su mayor¨ªa apoyan al Gobierno, al salir del hemiciclo poco antes de iniciarse la votaci¨®n, es coherente con el desconcierto y el rechazo que provoca el error de haber transigido por parte de los socios de Gobierno con un candidato ultradudoso. Peor ha sido, desde luego, la cacicada ventajista de proponer por parte del PP a un nombre contrastadamente no apto. El prudente mal menor a veces se convierte en un mal irreparable, empezando por el hecho de acudir a una votaci¨®n en sede parlamentaria con la nariz tapada.