Sin control

El esc¨¢ndalo vivido con la vergonzante elecci¨®n por el Congreso de cuatro miembros del Constitucional podr¨ªa inclinar a la opini¨®n p¨²blica a sumarse a la demanda conservadora que exige la reforma de la elecci¨®n de los miembros del CGPJ para que la magistratura la monopolice en exclusiva. Es lo que reclama el PP como condici¨®n previa para dignarse a desbloquear la renovaci¨®n de sus miembros caducados, que lleva m¨¢s de mil d¨ªas de inconstitucional retraso. Hasta el punto de que un malpensado se ver¨ªa tentado a sospechar de que el PP propuso al problem¨¢tico candidato Arnaldo no solo como arrogante demostraci¨®n de fuerza, que buscaba hacer morder el polvo a PSOE y UP, sino como una finta para lograr que la escandalera levantada inclinase la balanza de la opini¨®n a favor de su exigencia sobre la reforma del CGPJ.

Es evidente que el m¨¦todo actual de elecci¨®n de sus miembros est¨¢ sectariamente politizado por su dependencia del bipartidismo. Pero si ese m¨¦todo es pernicioso, porque merma y socava la independencia judicial, sustituirlo por otro que la haga depender en exclusiva de la cooptaci¨®n endog¨¢mica de la magistratura ser¨ªa algo todav¨ªa peor pues supondr¨ªa pasarse al extremo opuesto, blindando la independencia judicial hasta el punto de hacerla invulnerable a todo control externo. Y eso arruinar¨ªa todav¨ªa m¨¢s la inexcusable divisi¨®n de poderes cuya fundamental exigencia democr¨¢tica descansa sobre la base de que cada poder aut¨®nomo est¨¦ limitado y controlado por los otros, de acuerdo al can¨®nico esquema de ¡°frenos y contrapesos¡± (cheks & balances).

El Poder Ejecutivo est¨¢ controlado por el Legislativo (a quien rinde cuentas y de cuya mayor¨ªa depende para gobernar) y por el Judicial (por el Tribunal Supremo, dado su aforamiento); el Poder Legislativo est¨¢ controlado por el Judicial (control de la constitucionalidad de las leyes) y por la soberan¨ªa popular (accountability electoral); y el Poder Judicial ha de estar controlado bien por el Ejecutivo (si tiene la potestad de nombrar a sus miembros), bien por el Legislativo (si tiene la potestad de nombrarlos o de recusarlos) o bien en ¨²ltima instancia por la soberan¨ªa popular (como ocurre con ciertas judicaturas en EE UU). Pero lo que no puede ser es que el Poder Judicial act¨²e sin m¨¢s control que el corporativo y autorreferente de sus pares nacionales o europeos (TEDH o Tribunal de Estrasburgo). Lo que equivaldr¨ªa al inaceptable gobierno de los jueces, que ocurre cuando los dem¨¢s poderes est¨¢n controlados por el Judicial pero este, sin embargo, queda fuera de todo control. Algo cuya posible amenaza futura hemos podido vislumbrar estos d¨ªas cuando la c¨²pula actual de la magistratura, sabi¨¦ndose caducada, opt¨® por enmendar la plana al Congreso tanto en el caso del exdiputado Rodr¨ªguez como en sus veredictos de inconstitucionalidad de los estados de alarma por la pandemia. La moraleja es simple: no se debe confundir la independencia judicial con su falta de l¨ªmites y de control, entendido este no como dependencia pol¨ªtica sino como rendici¨®n de cuentas y exigencia de responsabilidades, sin lo que una magistratura incontrolada pasa a ser un poder discrecional ajeno a la soberan¨ªa popular.