La lengua no es el problema
La v¨ªa judicial no es el mejor m¨¦todo para resolver los desequilibrios en la escolarizaci¨®n de una sociedad biling¨¹e
La inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en Catalu?a ha sido un modelo de ¨¦xito reconocido por organismos internacionales, pero tambi¨¦n se refleja en los datos de la encuesta de usos ling¨¹¨ªsticos de 2019. Seg¨²n esta, el 94% de la poblaci¨®n entiende el catal¨¢n y en torno al 80% lo sabe hablar y leer. Sin embargo, la lengua ha vuelto al debate pol¨ªtico por v¨ªa judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se inspir¨® en 2014 en una sentencia de 1968 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para establecer que el car¨¢cter vehicular del castellano en la escuela se garantizaba con el 25% de las clases impartidas en esa lengua. Una providencia reciente del Tribunal Supremo acaba de confirmar ese 25% de castellano en los ciclos de primaria y secundaria. La traducci¨®n pr¨¢ctica de esa decisi¨®n es que el castellano deber¨¢ doblar su presencia en el aula y pasar a 6,25 horas semanales (de un total de 25 horas lectivas en primaria) y a 7,5 semanales (de 30 lectivas) en secundaria.
El Ejecutivo catal¨¢n cree que esa decisi¨®n del Supremo ¡°tumba¡± la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y ha ordenado a los centros que no cambien sus planes ling¨¹¨ªsticos, en flagrante desobediencia de una sentencia judicial, mientras que el PP ha animado al Gobierno a aplicar un enigm¨¢tico ¡°155 ling¨¹¨ªstico¡±. Ninguna de las dos reacciones responde a la prudencia institucional ante el car¨¢cter inflamable de la lengua como instrumento de la pugna pol¨ªtica. A pesar de que el 52,7% de la poblaci¨®n catalana tiene el castellano como lengua materna frente al 31,5% que tiene el catal¨¢n, ambos colectivos manejan competencias suficientes en ambas lenguas. El castellano es mayoritario como lengua habitual, con un 48,6% frente al 36,1% del catal¨¢n. Seg¨²n datos tanto del Ministerio de Educaci¨®n como de la Generalitat, en 2018 el dominio del catal¨¢n y el castellano de los alumnos de la ESO y en las pruebas de selectividad resultaba equiparable, y sin apenas diferencia con el resto de autonom¨ªas en cuanto al castellano. Un estudio de este a?o del Departament d¡¯Educaci¨® ha detectado una disminuci¨®n del uso del catal¨¢n en la interacci¨®n fuera del aula.
Una sociedad biling¨¹e no puede aspirar a una ilusa y plena competencia en ambas lenguas, pero s¨ª puede aspirar a sacar la lengua del debate pol¨ªtico (y judicial). Las deficiencias inherentes a todo sistema complejo no pueden ser excusa para que sean los tribunales los que determinen las cuotas de uso de las lenguas en las aulas, en particular si se propone reforzar la cohesi¨®n social de una sociedad con or¨ªgenes muy diversos. Las agudas diferencias ling¨¹¨ªsticas en la demograf¨ªa catalana s¨ª aconsejan, en cambio, equilibrar en la escuela lo que est¨¢ desequilibrado en la sociedad. Son los mismos centros educativos los que mejor conocen esas asimetr¨ªas y son ellos los que tienen la potestad de corregirlas legalmente aumentando el castellano como lengua vehicular en lugares de fuerte predominio catal¨¢n e incrementando el catal¨¢n en los centros donde el castellano tenga una implantaci¨®n superior a la media. La soluci¨®n pr¨¢ctica es sencilla, pero arruinar¨ªa las posibilidades de usar la lengua como arma pol¨ªtica. Que la discusi¨®n ling¨¹¨ªstica est¨¦ condicionada por una decisi¨®n judicial es de por s¨ª una anomal¨ªa que no contribuye a corregir los desequilibrios que los docentes advierten tanto en las aulas como en los patios de sus centros educativos.
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