La doble tortura de una ni?a en Bolivia

El calvario de una ni?a de 11 a?os que qued¨® embarazada tras violaciones reiteradas por un familiar ha dado visibilidad, aunque fugazmente, a los enormes obst¨¢culos que se interponen al acceso al aborto legal en Bolivia.

Tras semanas de difusi¨®n del caso en los medios locales y gracias a la intervenci¨®n de la Defensor¨ªa del Pueblo, la ni?a finalmente pudo interrumpir su embarazo el 6 de noviembre. Desde entonces, el tema ha desaparecido de la discusi¨®n p¨²blica, como si se hubiera tratado de un caso excepcional.

Pero no lo es.

Las mujeres y ni?as en Bolivia sufren ¨ªndices alarmantes de violencia sexual. Si quedan embarazadas como resultado de una violaci¨®n, la ley reconoce su derecho a abortar. La legislaci¨®n boliviana prev¨¦ el aborto legal en casos en los que el embarazo es resultado de una violaci¨®n o incesto, o cuando es necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. Sin embargo, las mujeres y ni?as que intentan obtener abortos legales en dichas circunstancias frecuentemente sufren estigma, maltratos y revictimizaci¨®n. Las instituciones p¨²blicas est¨¢n fallando dr¨¢sticamente en brindarles el apoyo que necesitan.

Los datos de un estudio de la Defensor¨ªa del Pueblo de 2020 muestran profundas falencias en la protecci¨®n de los derechos sexuales y reproductivos: el 90 % del personal sanitario entrevistado en 44 hospitales p¨²blicos no conoc¨ªa las circunstancias en las cuales es legal practicar un aborto en Bolivia. El estudio tambi¨¦n identific¨® otros obst¨¢culos para acceder al aborto, incluyendo la falta de instalaciones y medicamentos adecuados. Adem¨¢s, el personal sanitario a menudo exige, incorrectamente, que las mujeres y ni?as deben primero obtener una orden judicial, lo cual la legislaci¨®n boliviana no contempla.

La Defensor¨ªa del Pueblo tambi¨¦n ha denunciado que personal sanitario intenta disuadir a mujeres y ni?as de interrumpir su embarazo. Negar o postergar el acceso al aborto seguro u obligar a una persona a seguir adelante con un embarazo contra su voluntad son actos de discriminaci¨®n y violencia de g¨¦nero, y pueden constituir tortura conforme a los est¨¢ndares internacionales.

El periplo vivido por la ni?a de 11 a?os ejemplifica el profundo sufrimiento y la revictimizaci¨®n que estos obst¨¢culos pueden generar.

Inicialmente, la ni?a sinti¨® ¡°movimientos en su vientre que la asustaron¡± y se lo cont¨® a una prima, seg¨²n consta en registros oficiales que analiz¨® Human Rights Watch. En su primera evaluaci¨®n psicol¨®gica dijo, llorando: ¡°Yo no quiero estar embarazada, quiero estudiar¡±.

El 22 de octubre, fue llevada a un hospital en la ciudad de Santa Cruz, donde los m¨¦dicos le dieron una dosis de mifepristona, un medicamento que se utiliza para interrumpir el embarazo, seg¨²n consta en los registros. Sin embargo, al d¨ªa siguiente, la madre de la ni?a dijo a la Defensor¨ªa del Pueblo que, tras una visita de representantes de la Iglesia Cat¨®lica, la ni?a hab¨ªa decidido seguir adelante con el embarazo.

En una junta m¨¦dica a la cual asistieron los representantes de la Iglesia, pero no la ni?a ni su madre, el personal sanitario decidi¨® suspender el aborto, seg¨²n la defensora del pueblo.

Al analizar la aparente decisi¨®n de la ni?a de continuar con el embarazo, un segundo informe psicol¨®gico, del 25 de octubre, indic¨® que ¡°fue influenciada con opiniones direccionadas¡± y que el tipo de lenguaje y las palabras que hab¨ªa utilizado en la entrevista ¡°no son propios de ella¡±. La ni?a repiti¨® para la psic¨®loga la espantosa descripci¨®n del aborto que hab¨ªan hecho los representantes eclesi¨¢sticos y le dijo: ¡°Eso me dio miedo¡±. Tras su visita, firm¨® una declaraci¨®n afirmando que deseaba seguir adelante con el embarazo. ¡°Nos hicieron firmar no s¨¦ qu¨¦¡±, le dijo a la psic¨®loga. ¡°Yo no dije nada¡±.

El hospital dio a la ni?a de alta para que fuera llevada a un albergue cat¨®lico el 26 de octubre. El 2 de noviembre, en respuesta a una acci¨®n legal de la Defensor¨ªa del Pueblo, un tribunal en La Paz dispuso que la sacaran del albergue y que un equipo m¨¦dico evaluara su situaci¨®n. De regreso a un hospital, los m¨¦dicos finalmente le practicaron un aborto seguro, con su consentimiento y el apoyo de su madre. Si nadie hubiera intervenido en su favor ante la justicia, probablemente todav¨ªa estar¨ªa en el albergue, forzada a seguir adelante con un embarazo no deseado que podr¨ªa poner en peligro su vida.

Lamentablemente, el caso de esta ni?a no es una excepci¨®n.

Entre enero y abril de 2021, el Ministerio P¨²blico recibi¨® denuncias de m¨¢s de mil casos de violaci¨®n sexual de ni?os y ni?as. Es muy probable que la cifra sea mayor, dado que muchos casos no son denunciados.

La organizaci¨®n no gubernamental internacional Ipas calcula que casi 60.000 ni?as y mujeres bolivianas tuvieron abortos ilegales en 2016, las cifras estimadas m¨¢s recientes, mientras que datos oficiales muestran que los hospitales tan solo realizaron 62 abortos legales ese a?o. Eso indica que los obst¨¢culos est¨¢n forzando a mujeres y ni?as a obtener abortos fuera del sistema de salud, con consecuencias potencialmente letales. El aborto inseguro es la tercera causa m¨¢s com¨²n de mortalidad materna en Bolivia.

El Gobierno boliviano ha pedido que se sancione a quienes violaron los derechos de la ni?a, incluidos funcionarios p¨²blicos. No cabe duda de que el caso amerita una investigaci¨®n exhaustiva.

Pero eso no es suficiente.

El Gobierno debe tomar medidas para despenalizar el aborto y asegurar que el sistema de salud est¨¦ preparado para brindar atenci¨®n integral de salud sexual y reproductiva, incluyendo abortos seguros. Como m¨ªnimo, deber¨ªa garantizar el acceso al aborto legal conforme al derecho vigente sin discriminaci¨®n, estigma, influencia indebida o demoras innecesarias.

Nadie deber¨ªa tener que vivir una pesadilla para interrumpir un embarazo.