La despenalizaci¨®n del aborto avanza en Am¨¦rica Latina a pesar de las dificultades

La ola verde argentina crece y se extiende por todo el continente. El acceso al aborto no penalizado a trav¨¦s de causales espec¨ªficas ya no es suficiente para las mujeres latinoamericanas, que siguen siendo criminalizadas porque, a pesar de que en el papel las leyes las protegen, en la pr¨¢ctica se siguen tropezando con barreras que les impiden ejercer sus derechos.

Argentina dio el primer paso para garantizar el acceso legal y seguro a la interrupci¨®n del embarazo con una ley celebrada a final de 2020, que establece que el aborto es permitido cuando la gestaci¨®n no supere las 14 semanas. En Colombia, a pesar de que en 2006 se discriminaliz¨® en tres casos: violaci¨®n, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del ¨²tero y riesgo para la salud f¨ªsica o mental de la mujer gestante, las mujeres son perseguidas por el sistema judicial. Las que viven en zonas rurales y las ni?as son las m¨¢s perjudicadas. Ahora parece haber una esperanza. La Corte Constitucional estudia una demanda que busca declarar inconstitucional un art¨ªculo del c¨®digo penal que tipifica el aborto como delito. La petici¨®n, impulsada por el movimiento Causa Justa, no pretende que deje de ser regulado, sino que lo sea desde ¨¢mbito de la salud y no desde el penal. ¡°Que el aborto sea un delito crea un estigma que se convierte en una barrera, incluso en los casos en los que est¨¢ permitido¡±, explica Catalina Mart¨ªnez Coral, directora para Am¨¦rica Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

En el camino hacia la despenalizaci¨®n del aborto, M¨¦xico acaba de dar un salto. El mes pasado la Suprema Corte de Justicia despenaliz¨® el aborto en Coahuila. La decisi¨®n fue celebrada como un hito en los derechos reproductivos de las mexicanas, aunque no tiene efecto para el resto del pa¨ªs, en donde todav¨ªa es necesario presentar recursos legales para acceder al procedimiento. En 28 de los 32 Estados interrumpir el embarazo contin¨²a criminalizado. ¡°Esto es una ¡®semi-despenalizaci¨®n¡¯ porque el fallo de la Corte lo que dice es que la penalizaci¨®n del aborto es anticonstitucional, pero no sale el aborto de los c¨®digos penales estatales¡±, se?alaba a este diario el mes pasado Frin¨¦ Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en M¨¦xico.

El 28 de septiembre, mientras el verde de los pa?uelos coloreaba las manifestaciones en la regi¨®n por el D¨ªa de Acci¨®n Global por el aborto legal y seguro, en Chile la C¨¢mara despenalizaba la interrupci¨®n del embarazo hasta las 14 semanas . Desde el 2018 los diputados progresistas de la oposici¨®n, impulsados por el movimiento feminista chileno, ped¨ªan modificar la actual ley del aborto, que desde 2017 lo permite, pero solo bajo tres causales. ¡°?Aprobada la despenalizaci¨®n del aborto! Esto es por todas las mujeres y personas gestantes que se han visto perseguidas y criminalizadas, sobre todo si son de menores recursos¡±, celebraba entonces la diputada Camila Vallejo, una de las impulsoras de la iniciativa. Sin embargo, para que sea ley, el Senado debe aprobarla. Todav¨ªa falta un largo camino en el Congreso para que la celebraci¨®n sea completa.

En pa¨ªses donde est¨¢ permitido abortar bajo tres causales, las mujeres dependen de la aprobaci¨®n de un m¨¦dico para acceder a esta pr¨¢ctica. Las que necesitan acogerse a la causal de malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del ¨²tero suelen recibir el diagn¨®stico en etapas avanzadas del embarazo, por lo que en muchos casos los servicios m¨¦dicos les niegan el proceso. La causal de violencia sexual, establecida en pa¨ªses como Ecuador, Colombia y M¨¦xico, es una de las m¨¢s dif¨ªciles de argumentar. Colombia, por ejemplo, exige una denuncia penal para probar que el embarazo es producto de una violaci¨®n. El juez tiene entonces la ¨²ltima palabra sobre un asunto de salud. ¡°Que haya que interponer una denuncia disuade a las mujeres de acudir por la v¨ªa legal a la interrupci¨®n del embarazo¡±, dice Mart¨ªnez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos. Pero que no lo intenten legalmente no quiere decir que que no lo hagan. La clandestinidad ¡ªy el riesgo a una complicaci¨®n¡ª aparece entonces como la ¨²nica opci¨®n.

En Colombia, las ni?as y adolescentes son el grupo poblacional que m¨¢s sufre abusos sexuales que terminan en un embarazo no deseado y que pone en riesgo sus vidas. Hasta 2019, el 73% de los 26.158 casos examinados por las autoridades por presunta violencia sexual tuvieron por v¨ªctima una ni?a o adolescente entre los 0 y los 17 a?os. Tambi¨¦n son ellas las que m¨¢s sufren el acoso por parte del sistema penal. Seg¨²n la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, las denuncias por aborto contra menores corresponden al 12,5% del total de los casos investigados, tambi¨¦n sobre ellas recae el 24% del total de condenas.

En pa¨ªses de centroam¨¦rica como El Salvador, donde bajo cualquier circunstancia est¨¢ penalizado abortar, incluso las mujeres que tienen emergencias obst¨¦tricas terminan en la c¨¢rcel. Las leyes son tan duras que frente a las emergencias se interpone la ley y muchas mujeres en lugar de recibir atenci¨®n m¨¦dica y acompa?amiento psicol¨®gico son arrestadas por homicidio, con penas en prisi¨®n de hasta 30 a?os. All¨ª parece estar m¨¢s lejos garantizar sus derechos reproductivos. Esta semana la Asamblea Legislativa rechaz¨® reformar el c¨®digo penal para eximir de responsabilidad judicial a quienes realicen o consientan un aborto, incluso cuando la vida de la mujer est¨¦ en riesgo. La prisi¨®n sigue siendo el castigo para quien se atreva a decidir sobre su cuerpo.

¡°Eliminar el delito del aborto del c¨®digo penal significa proteger a las ni?as v¨ªctimas de violencia sexual que no fueron protegidas adecuadamente para evitar que los hechos victimizantes ocurran y sean posteriormente criminalizadas, incluso encontr¨¢ndose en las causales¡±, advierte en un informe que ser¨¢ presentado esta semana la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Que no sea un delito tambi¨¦n frenar¨ªa los abortos clandestinos, pero adem¨¢s reconocer¨ªa ¡ªse?alan desde la organizaci¨®n¡ª ¡°la capacidad evolutiva con la que cuentan las ni?as y adolescentes para tomar decisiones libres e informadas sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida¡±. Habida cuenta de que tres de cada cuatro casos examinados por presunto delito sexual en Colombia afectan a menores de edad, esta consideraci¨®n podr¨ªa ser crucial para cientos o miles de mujeres j¨®venes en el pa¨ªs.

Aurora, una mujer de Costa Rica, ha vivido la tragedia de tener un embarazo inviable, pero aun as¨ª ser obligada a continuar con ¨¦l. Su caso, que est¨¢ en la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la espera de un fallo, es un doloroso ejemplo de c¨®mo, incluso con un dictamen que da por muerto al beb¨¦ antes de nacer, el derecho a decidir interrumpir un embarazo no est¨¢ garantizado. Aunque el c¨®digo penal costarricense lo permite para proteger la vida y la salud de la madre, la falta de reglas claras provoca temor en muchos m¨¦dicos y no siempre se cumple la ley.

¡°Me obligaron a ver en cada ultrasonido c¨®mo se malformaba mi hijo¡±, cuenta por Zoom desde Costa Rica. A Aurora le diagnosticaron ¡°s¨ªndrome de abdomen pared¡± y los m¨¦dicos le dijeron que ten¨ªa que esperar a que el beb¨¦ muriera en su vientre. ¡°No me pod¨ªa ni poner el cintur¨®n de seguridad porque sent¨ªa una llama, un ardor, cada vez que me tocaba. Sent¨ªa mucho dolor¡±, relata. Le dol¨ªa el cuerpo y tambi¨¦n el alma. No pod¨ªa dormir. Ten¨ªa pesadillas, so?aba con sangre. Anhelaba ser madre por primera vez, pero su vida estaba en peligro y la sola idea de que su hijo muriera dentro suyo le atormentaba. Las consultas al psiquiatra, en donde le confirmaron que sufr¨ªa de depresi¨®n, tampoco fueron suficientes. Nunca pudo, a pesar de la urgencia, acceder a un aborto terape¨²tico. ¡°Un embarazo as¨ª te para la vida. Yo era deportista y despu¨¦s de eso qued¨¦ durante muchos a?os sin ni siquiera poder subir unas escaleras. No puede ser que las leyes est¨¦n por encima de la vida de las mujeres¡±, lamenta.

Esta barrera de acceso supone la desviaci¨®n de una parte de la demanda de interrupciones de embarazo hacia procedimientos no seguros. Seg¨²n las estimaciones de un estudio publicado en la revista cient¨ªfica The Lancet en 2018, la proporci¨®n de abortos que pueden considerarse como seguros desciende dram¨¢ticamente en funci¨®n del grado de restricci¨®n de la legislaci¨®n vigente en cada pa¨ªs: los de Centroam¨¦rica cuentan con los peores ¨ªndices de toda la regi¨®n americana. Apenas un 18% de los procedimientos pueden considerarse all¨ª como completamente seguros, frente al 99% en EE UU Y Canad¨¢.

El acceso a un aborto seguro salva vidas y la lucha por conseguirlo ha llegado al sistema interamericano de derechos humanos con el caso de Aurora, pero tambi¨¦n con el de Beatriz, una joven salvadore?a de 22 a?os, con lupus, a quien los m¨¦dicos le negaron un aborto terape¨²tico por temor a ser encarcelados, a pesar de que su vida corr¨ªa peligro. Beatriz fue torturada f¨ªsica y psicol¨®gicamente. Tuvo que cargar con un embarazo que no era viable, su beb¨¦ muri¨® cinco horas despu¨¦s de nacer y ella tuvo complicaciones en su salud. Falleci¨® en 2017 esperando justicia.

La historia de la ecuatoriana Norma es otra que ha llegado al m¨¢s alto tribunal americano de derechos humanos. A los 12 a?os fue violada por su padre biol¨®gico y qued¨® embarazada. Su hermano present¨® una denuncia penal en contra del agresor, pero las autoridades no hicieron nada, tampoco pudo acceder a un aborto. Desesperada, Norma intent¨® suicidarse y a pesar de los efectos obvios que el embarazo tuvo en su salud mental, no recibi¨® apoyo psicol¨®gico. Norma no ha recibido justicia por los cr¨ªmenes cometidos en su contra, ni por las violaciones a los derechos humanos que sufri¨®. Aura, Beatriz y Norma son nombres ficticios. Ponerle la cara al aborto sigue siendo peligroso en una regi¨®n en donde se asocia al crimen.

Mientras, la mortalidad materna es sensiblemente m¨¢s alta en aquellos pa¨ªses de la regi¨®n que cuentan con mayores restricciones al aborto. Esta relaci¨®n apunta tanto a una causa directa (el uso de procedimientos no seguros antes referido) como a un descriptor de contexto: los sistemas en los que el aborto est¨¢ despenalizado suelen considerarlo bajo una ¨®ptica integral de salud materno-infantil que trae unas mejores condiciones sanitarias para las mujeres en general (acceso a anticonceptivos, atenci¨®n en partos, etc¨¦tera).

Am¨¦rica Latina clama por la despenalizaci¨®n del aborto, mientras las mujeres se arriesgan a procedimientos inseguros. Colombia es el pa¨ªs que est¨¢ m¨¢s cerca de seguir la estela de esperanza de Argentina y M¨¦xico, pero aunque al menos cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional est¨¢n a favor de proteger a las mujeres declarando inconstitucional el aborto como delito, si la decisi¨®n final deja la legislaci¨®n en manos del Congreso ser¨¢, de momento, tan solo un logro simb¨®lico. En manos de senadores cuya prioridad no son las mujeres, el paso puede tardar en concretarse.

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