Ni h¨¦roes, ni chivatos: ciudadanos ejemplares

Cada 9 de diciembre se celebra el D¨ªa Internacional contra la Corrupci¨®n. Una conmemoraci¨®n establecida en 2003 por la Asamblea General de Naciones Unidas tras aprobar la Convenci¨®n contra la Corrupci¨®n, con el objetivo de sensibilizar y divulgar este compromiso global creado para prevenir y luchar contra un fen¨®meno que deteriora el Estado de derecho, desv¨ªa recursos de los servicios esenciales, debilita las instituciones, empobrece a la poblaci¨®n, genera desigualdades y desincentiva la econom¨ªa productiva. La corrupci¨®n premia la ineficiencia y al infractor de la ley, generando desconfianza de la ciudadan¨ªa hacia la pol¨ªtica y sus representantes y en consecuencia minando el sistema democr¨¢tico.

Seg¨²n sostiene el Fondo Monetario Internacional en su informe Frenando la corrupci¨®n, publicado en 2019, la corrupci¨®n le cuesta a Espa?a del orden de 60.000 millones anuales, lo que equivale a un impacto negativo en su PIB en torno a 4,5 puntos. Por su parte, la OCDE revela en su recomendaci¨®n de 2017 Integridad p¨²blica, una estrategia contra la corrupci¨®n, que entre el 10% y el 30% de la inversi¨®n en un proyecto de construcci¨®n financiado con fondos p¨²blicos puede llegar a malgastarse, debido a mala gesti¨®n y corrupci¨®n.

En un reciente seminario celebrado en Valencia por el 5? aniversario de la Ley valenciana de Prevenci¨®n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci¨®n, el profesor Francisco Alcal¨¢, coautor junto al tambi¨¦n profesor Fernando Jim¨¦nez del informe Los costes econ¨®micos del d¨¦ficit de calidad institucional y la corrupci¨®n en Espa?a (Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas / Fundaci¨®n BBVA, 2018), afirmaba que el control de la corrupci¨®n y la calidad de las instituciones son piezas clave para el desarrollo econ¨®mico de los pa¨ªses, que la debilidad institucional y la corrupci¨®n no solo tienen un impacto negativo sobre la vida pol¨ªtica, tambi¨¦n tienen un coste econ¨®mico que va m¨¢s all¨¢ de los fondos indebidamente apropiados, pues deterioran el funcionamiento de la econom¨ªa de un pa¨ªs desincentivando el emprendimiento, la innovaci¨®n, la competencia y el esfuerzo. Estos factores se traducen en menor productividad y mayor desempleo.

Para corroborar todo lo anterior, el estudio que peri¨®dicamente realiza el The Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, sobre la calidad de los servicios p¨²blicos, la ecuanimidad e imparcialidad gubernamental y la percepci¨®n de la corrupci¨®n en los Estados y regiones de la UE, se deduce que los pa¨ªses con menor ¨ªndice de corrupci¨®n coinciden tambi¨¦n con los pa¨ªses de mayor bienestar, menor desigualdad e instituciones democr¨¢ticas m¨¢s robustas. Es decir, a m¨¢s integridad, mayor prosperidad.

Espa?a ratific¨® en 2006 la Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n y a pesar de que hay motivos m¨¢s que suficientes para convocar a una catarsis nacional contra la corrupci¨®n por todo lo visto y lo que est¨¢ en juego, el Estado no ha desarrollado una estrategia nacional anticorrupci¨®n. Se contin¨²a sin instrumentos para proteger eficazmente a las personas que denuncian corrupci¨®n, se sigue sin contemplar la excepci¨®n anticorrupci¨®n en el delito de revelaci¨®n de secretos, o la cl¨¢usula compasiva hacia los arrepentidos y, por supuesto, se sigue sin regular un tratamiento adecuado para la persecuci¨®n de las fortunas sucias, esas que nadie es capaz de explicar c¨®mo se han originado.

Si bien es cierto que algo apareci¨® enunciado en el programa del actual Gobierno de Espa?a, la realidad es que nunca m¨¢s se supo. Tal vez, la explicaci¨®n tenga que ver con los numerosos casos de corrupci¨®n que han afectado a partidos que ostentan o han ostentado altas responsabilidades de gobierno, o que las inercias pueden m¨¢s que la necesidad de cambios. Tampoco podemos ignorar para comprender mejor esta ausencia de estrategias anticorrupci¨®n, los episodios protagonizados por el mism¨ªsimo exjefe de Estado de quien, si algo correspond¨ªa esperar, era su proyecci¨®n de ejemplaridad sobre las dem¨¢s instituciones, los cargos pol¨ªticos y la propia ciudadan¨ªa, y ha resultado todo lo contrario. Con frecuencia venimos asistiendo al descubrimiento de hechos y conductas que son m¨¢s propias de un homenaje a Luis Garc¨ªa Berlanga y su gran pel¨ªcula La escopeta nacional.

El Estado sigue sin crear un ¨®rgano especializado para prevenir y combatir la corrupci¨®n. ?nicamente ha dado algunos pasos como resultado de exigencias de la UE creando el Servicio Nacional de Coordinaci¨®n Antifraude, destinado exclusivamente a la vigilancia de los fondos europeos, y la Oficina de Regulaci¨®n y Supervisi¨®n de la Contrataci¨®n, ambos muy eficientes, pero muy lejos de ser una respuesta integral que articule la prevenci¨®n y persecuci¨®n de la corrupci¨®n en todos los ¨¢mbitos y materias del sector p¨²blico. Esta posici¨®n estatal no ha sido impedimento para que cuatro parlamentos aut¨®nomos, Catalu?a (2008), Comunidad Valenciana (2016), Baleares (2016) y recientemente Andaluc¨ªa (2021), hayan aprobado sus respectivas leyes y puesto en marcha instituciones independientes dirigidas a prevenir y luchar contra la corrupci¨®n y a proteger a las personas que denuncian corrupci¨®n en el ¨¢mbito de sus respectivos territorios. Castilla y Le¨®n tiene avanzado su proyecto de ley. Otras dos comunidades aut¨®nomas, Arag¨®n (2017) y Navarra (2018), aprobaron sus respectivas leyes, sin que hasta el momento hayan puesto en funcionamiento sus ¨®rganos anticorrupci¨®n. Pero la respuesta territorial es insuficiente si no viene acompa?ada de la acci¨®n de Estado, en cuyas competencias se encuentra realizar modificaciones legales sustanciales que escapan a las competencias auton¨®micas.

Y en este contexto lleg¨® la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni¨®n, m¨¢s conocida como Directiva Whistleblowers, cuyo plazo de transposici¨®n para Espa?a finaliza el pr¨®ximo 17 de diciembre sin que hasta el momento se conozca ning¨²n proyecto legal impulsado por el Gobierno que garantice la transposici¨®n y su implementaci¨®n.

La directiva parte de una realidad muy conocida, que las personas que trabajan en una organizaci¨®n p¨²blica o privada son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el inter¨¦s p¨²blico que surgen en ese contexto. Al informar sobre dichas infracciones perjudiciales para el inter¨¦s de la comunidad, dichas personas act¨²an como denunciantes o alertadores (whistleblower, en ingl¨¦s). Con su acci¨®n impiden que se lleven a cabo conductas que perjudican el inter¨¦s y los recursos p¨²blicos o facilitan que se corrijan y persigan.

Buena parte del ¨¦xito de la corrupci¨®n se ha basado en dos estrategias: infundir miedo a denunciar y la ausencia de canales e instituciones que garanticen la indemnidad a quienes denuncian. A ello hay que a?adir esa cultura enquistada de que la corrupci¨®n es algo normal, de donde salen frases tan indecentes como habituales: todos son iguales o t¨² har¨ªas lo mismo, de forma que quien denuncia o combate corrupci¨®n es un raro o un chivato y contra ¨¦l vale todo, represalias, aislamiento, despido, ceses, carreras profesionales truncadas, etc¨¦tera. Que esto le est¨¦ ocurriendo a personas que defienden la legalidad y la buena gesti¨®n de los asuntos y recursos p¨²blicos deber¨ªa avergonzar a todos y exige una respuesta de Estado. Denunciar corrupci¨®n en las condiciones actuales no puede continuar siendo una tarea propia de h¨¦roes.

Cada d¨ªa que el Estado se retrasa en aplicar la directiva o la Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n fortalece la ley del silencio y contribuye a que los zarpazos de los corruptos sigan teniendo f¨¢cil sustraer recursos p¨²blicos, induciendo a que las personas que podr¨ªan advertir de ello no lo hagan o, si se atreven a hacerlo, caiga sobre ellos toda clase de amenazas y represalias de los poderosos enemigos del inter¨¦s p¨²blico.

Ni h¨¦roes, ni chivatos: ciudadanos ejemplares.