Cuando denunciar a la empresa sale caro
Las firmas se preparan para aplicar la directiva europea que obliga a proteger de represalias a los alertadores de corrupci¨®n
¡°Cuando me despidieron despu¨¦s de volver de la baja no entend¨ªa nada. Yo solo hab¨ªa hecho bien mi trabajo¡±. Mar Uriarte denunci¨® al banco en el que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Arag¨®n, por operaciones sospechosas de blanqueo por parte de ciudadanos chinos. Lo pag¨® con un despido, una depresi¨®n y el fin de su carrera profesional en banca: nadie ha vuelto a contratarla. Uriarte relata su calvario junto a su marido en una cafeter¨ªa del centro de Madrid: ¡°Salvo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, me han desprotegido todas las instituciones del Estado. Si esto no cambia, nadie va a denunciar¡±. Adem¨¢s de la salud, Uriarte se ha dejado miles de euros en abogados tanto para denunciar a los directivos de la entidad como para defenderse. Sigue peleando: tiene denunciada a Espa?a ante la Comisi¨®n Europea por incumplir la directiva de blanqueo.
Uriarte habl¨® el 9 de octubre pasado ante un sal¨®n de actos a rebosar en la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre los asistentes, muchos directivos de empresas escuchaban con atenci¨®n. En breve las compa?¨ªas de m¨¢s de 50 trabajadores o con una facturaci¨®n anual de m¨¢s de 10 millones de euros van a estar obligadas a tener un canal de denuncias internas y un protocolo que asegure la confidencialidad y la gesti¨®n diligente de la alerta. Despu¨¦s de a?os de tramitaci¨®n, la UE acaba de aprobar la directiva que protege a los denunciantes de corrupci¨®n tanto en el sector p¨²blico como en el privado. Los Estados miembros tienen dos a?os para trasponerla a su legislaci¨®n.
¡°La directiva afecta solo al ¨¢mbito laboral¡±, recuerda Jos¨¦ Mar¨ªa Mollinedo, secretario general del sindicato de t¨¦cnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El texto deja fuera las denuncias de terceras personas. No tendr¨ªa protecci¨®n, por ejemplo, la persona que denuncia en lugar de un trabajador que no se atreve a hacerlo en su nombre, ni alguien que ha o¨ªdo en la mesa de al lado de un restaurante una conversaci¨®n incriminatoria, por m¨¢s datos, nombres y fechas que pueda aportar. Mollinedo cree que los canales internos en las empresas no van a ser demasiado eficaces, salvo que se refieran a una mala pr¨¢ctica circunscrita a un departamento concreto: ¡°Un trabajador no puede saber c¨®mo de arriba llega la irregularidad que est¨¢ denunciando¡±. Pone de ejemplo el caso de Acuamed, la empresa p¨²blica investigada en la Audiencia Nacional por el pago de sobornos de constructoras. La denuncia puede dirigirse a lo m¨¢s alto de la c¨²pula, el director general, pero este cargo tambi¨¦n podr¨ªa estar involucrado, como ha sucedido presuntamente en Acuamed.
La novedad que mejor valora Mollinedo es la que obliga a los Estados a establecer un sistema de indemnizaci¨®n de da?os en caso de que el denunciante, o whistleblower, como se les conoce coloquialmente en ingl¨¦s, sea acosado o incluso despedido, es decir, si fallan los sistemas de protecci¨®n. ¡°Las indemnizaciones tienen que ser lo suficientemente disuasorias para no ser utilizadas para despedir a trabajadores inc¨®modos¡±, dice. Pero, ?qu¨¦ es disuasorio? Sin duda, la cantidad no es la misma para una pyme que para una empresa del Ibex 35. ¡°Habr¨¢ que ver c¨®mo se traspone la directiva¡±, dice Mollinedo. El texto de Bruselas establece un marco com¨²n, pero cada pa¨ªs puede mejorar las disposiciones que contiene.
A la espera de que se trasponga la nueva directiva, solo 10 pa¨ªses europeos cuentan con una norma ad hoc que protege a los confidentes (Francia, Hungr¨ªa, Irlanda, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Italia y Lituania). Este vac¨ªo legal supone, seg¨²n un estudio publicado en 2017 por la Comisi¨®n, una p¨¦rdida de beneficios potenciales en la UE estimada entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales tan solo en la contrataci¨®n p¨²blica. Seg¨²n un informe de la ONG Blueprint for Free Speech, en el seno de la UE son las leyes irlandesa, seguida por la brit¨¢nica y la francesa, las que mejor cumplen con los est¨¢ndares internacionales.
En Espa?a los dos intentos de aprobar una ley de protecci¨®n de los denunciantes han fracasado. Ciudadanos present¨® una en septiembre de 2016 que, aseguran fuentes del partido, ¡°molest¨® mucho a PP y PSOE¡±, que ¡°bloquearon la tramitaci¨®n¡± hasta que se convocaron elecciones generales y la iniciativa decay¨®. En junio pasado, ERC y Comprom¨ªs presentaron una proposici¨®n de ley de protecci¨®n integral de los alertadores de corrupci¨®n que buscaba ¡°mejorar la directiva¡± incorporando las sugerencias de la plataforma ciudadana XNet. Con la convocatoria de elecciones, tambi¨¦n decay¨®.
La Comunidad Valenciana aprob¨® hace un a?o una ley que establece un ¡°sistema de alertas para la prevenci¨®n de malas pr¨¢cticas en la Administraci¨®n de la Generalitat y su sector p¨²blico¡±, apodada SATAN. Adem¨¢s, cuenta con la Agencia Valenciana Antifraude, que ya ha concedido su estatuto de protecci¨®n a unos 20 denunciantes de posibles casos de corrupci¨®n. La Agencia ha fichado recientemente al inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani para su consejo de participaci¨®n ciudadana.
En Espa?a los dos intentos de aprobar una ley de protecci¨®n de los denunciantes han fracasado
Canal interno de denuncias
En el sector privado, la mayor¨ªa de grandes empresas ya cuentan con un canal de denuncias interno. En Telef¨®nica, lo coordina el ¨¢rea de Auditor¨ªa Interna, explica Lid¨®n Safont, directora del departamento de Compliance. ¡°Est¨¢ dise?ado para que el denunciante que desee mantenerse en el anonimato pueda hacerlo con las garant¨ªas suficientes y adem¨¢s cualquier acci¨®n contra el empleado denunciante que pudiera entenderse como discriminaci¨®n o represalia tendr¨¢ la consideraci¨®n de infracci¨®n laboral¡±, explica. De las denuncias recibidas en 2018, el 44% resultaron fundadas y algunas acabaron con despidos.
¡°Hay que tener en cuenta que el alertador no volver¨¢ nunca a estar en la situaci¨®n de antes¡±, recuerda Giorgio Fraschini, experto en whistleblowing en la ONG Transparency International Italia. El pa¨ªs transalpino ha sido uno de los ¨²ltimos Estados europeos en aprobar una ley de protecci¨®n de confidentes, a finales de 2017. Desde entonces las alertas han crecido, por lo menos las recibidas por la Autoridad Nacional Anticorrupci¨®n (783 en 2018, m¨¢s del doble que el a?o anterior), organismo independiente que vigila la actuaci¨®n de las administraciones y uno de los cauces habilitados para comunicar il¨ªcitos en las entidades p¨²blicas, adem¨¢s del canal interno de cada organismo y la posibilidad de denunciar ante la fiscal¨ªa o el tribunal de cuentas.
¡°La ley es buena sobre el papel, incluso cuenta con un sistema electr¨®nico encriptado para mandar alertas que nadie m¨¢s tiene, pero es mejorable en la pr¨¢ctica: la gente quiere denunciar pero no sabe c¨®mo, y las instituciones no est¨¢n listas para tratar el tema de manera adecuada¡±, dice Fraschini. En lo que s¨ª ve debilidades que conf¨ªa solucionar¨¢ la nueva directiva es en el sector privado, donde el sistema de alerta solo es interno y no es obligatorio.
La nueva directiva prev¨¦ apoyo financiero y legal para los denunciantes, explica Mollinedo, que coincidi¨® con los whistleblowers?de esc¨¢ndalos financieros recientes como el LuxLeaks en un jornada celebrada en 2016 en el Parlamento Europeo. ¡°Empe?an su fortuna, todo su patrimonio para defenderse, contratando abogados del mismo nivel que las empresas¡±, subraya. La directiva habla de asistencia legal gratuita pero ¡°no se moja¡±, a?ade. ¡°En Espa?a este sistema son los abogados de oficio y esos no pueden competir con los de una multinacional¡±.
Fraschini se muestra favorable a recompensar de alguna manera a los confidentes ¡°para que mantengan el estatus que les viene a faltar¡±. ¡°Pero no al estilo de EE UU, cuyo modelo est¨¢ dise?ado para recuperar dinero; en Europa se denuncia porque es lo justo y la norma prev¨¦ que el confidente no tenga que pagar las consecuencias¡±, detalla. ¡°Ser¨ªa una paradoja que alguien que acaba en la c¨¢rcel por actos il¨ªcitos sea recompensado con un premio de 100 millones al salir¡±.
Fraschini se refiere al exempleado del banco UBS Bradley Birkenfeld, que hace m¨¢s de 10 a?os desvel¨® c¨®mo la entidad suiza ayud¨® a clientes estadounidenses a evadir impuestos. Birkenfeld acab¨® en la c¨¢rcel acusado de conspiraci¨®n. Pero a su salida le esperaban 104 millones de d¨®lares, la mayor recompensa jam¨¢s concedida en EE UU por destapar un fraude fiscal. El revuelo causado por su filtraci¨®n produjo las primeras grietas en el secreto bancario suizo, oblig¨® a UBS a abonar una multa de 780 millones y llev¨® a m¨¢s de 14.000 ricos estadounidenses a sumarse al programa de amnist¨ªa fiscal que permiti¨® recuperar unos 5.000 millones en impuestos no pagados.
¡°El sistema promueve que los empleados corran el riesgo de informar a cambio de una recompensa, que se paga solo si hay ¨¦xito¡±, explica Stephen Kohn, socio del despacho estadounidense Kohn, Kohn & Colapinto y uno de los abogados que defendi¨® a Birkenfeld. ¡°La directiva europea no da incentivos para se?alar fraudes, y los denunciantes solo son compensados despu¨¦s de sufrir el da?o¡±, se?ala.
En su opini¨®n, cada Estado miembro deber¨ªa mejorar la directiva aclarando a qu¨¦ compensaciones tienen derecho los alertadores, prohibiendo demandas judiciales de represalia y estableciendo recompensas por destapar fraudes bajo un esquema parecido al de EE UU. ¡°Estas leyes funcionan mejor de lo esperado. Han permitido recuperar miles de millones de d¨®lares y han dado a los confidentes el mejor nivel de protecci¨®n¡±, defiende. ¡°En 35 a?os de experiencia no ha habido impactos negativos¡±.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investiga la denuncia de Mar Uriarte desde hace cuatro a?os. Present¨® una querella que el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de Madrid archiv¨® en un primer momento porque consider¨® que los documentos que consigui¨® Uriarte eran ¡°il¨ªcitos¡±. La exempleada de banca estuvo casi un a?o sacando documentaci¨®n de su oficina, m¨¢s de 100 expedientes en los que presuntamente aparecen indicios de blanqueo a trav¨¦s de la concesi¨®n de hipotecas.
La Audiencia Provincial orden¨® que se siguiera investigando, pero el pasado septiembre el titular del juzgado, Jos¨¦ Emilio Coronado, volvi¨® a archivar sin haber tomado declaraci¨®n a los directivos del banco. Anticorrupci¨®n ha recurrido de nuevo el archivo. En su recurso, el fiscal enumera algunos ejemplos de actividades sospechosas de blanqueo, como la concesi¨®n de una hipoteca a ciudadanos chinos que ganaban entre 412 y 766 euros y que hac¨ªan ingresos en efectivo de entre 2.000 y 3.000 euros en periodos cortos de tiempo.
La nueva directiva prev¨¦ que los denunciantes tengan ¡°protecci¨®n jur¨ªdica espec¨ªfica¡± cuando obtengan la informaci¨®n con motivo de sus actividades laborales y corran el riesgo de sufrir represalias laborales, por ejemplo, al no respetar la obligaci¨®n de confidencialidad. Un texto que, en definitiva, pretende que Uriarte, o los denunciantes del banco Julius Baer, los papeles de Panam¨¢ o del Para¨ªso no sufran las consecuencias de haberse decidido a levantar la voz contra sus empresas.
Los inspectores de Hacienda piden m¨¢s medidas para luchar contra el fraude
Habr¨¢ que esperar dos a?os para saber c¨®mo los Estados miembros implementar¨¢n la nueva directiva que protege a los denunciantes de corrupci¨®n. ¡°Es un paso positivo que ayudar¨¢ a crear una cultura para que al denunciar no te pongan el apodo de chivato, pero no supone una revoluci¨®n¡±, opina Jos¨¦ Mar¨ªa Pel¨¢ez, inspector de Hacienda del Estado. ¡°Esta y otras medidas que se est¨¢n discutiendo a nivel internacional vienen muy motivadas por los recientes esc¨¢ndalos de los para¨ªsos fiscales, que suponen un mazazo en la conciencia de los ciudadanos¡±.
El cuerpo de los Inspectores de Hacienda del Estado lleva a?os pidiendo m¨¢s medidas para luchar contra el fraude. En su ¨²ltimo congreso, celebrado el mes pasado en Zaragoza, exigi¨® un regimen sancionador m¨¢s duro para quienes ofrezcan productos de ingenier¨ªa fiscal il¨ªcitos, reivindic¨® la posibilidad de actuar en inc¨®gnito y volvi¨® a hacer hincapi¨¦ en la necesidad de fomentar la protecci¨®n de los confidentes e incluso recompensarlos econ¨®micamente.
¡°No proponemos un modelo concreto¡±, asegura Pel¨¢ez, quien recuerda que hasta 1988 la ley permit¨ªa remunerar a los contribuyentes que se?alaran un delito fiscal con un porcentaje de la sanci¨®n impuesta. ¡°Entonces el fraude no estaba muy mal visto y los chivatos s¨ª¡±, dice, ¡°pero la ley de contrabando ya permite el pago a confidentes, y solo pedimos que se ampl¨ªe a los delitos fiscales¡±.
La disposici¨®n adicional segunda de la ley org¨¢nica de represi¨®n del contrabando establece que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda destinar una parte de los presupuestos ¡°a operaciones confidenciales¡± (principalmente en caso de contrabando, blanqueo de capitales y narcotr¨¢fico, explican fuentes de Hacienda), es decir al pago de alertadores u otras actuaciones reservadas. El a?o pasado, destin¨® 100.860 euros a esta partida, de los cuales solo gast¨® 17.020.
"Lo ideal es que casos como los papeles de Panam¨¢ se hubiesen descubierto por una investigaci¨®n de los Estados miembros, no a trav¨¦s de una filtraci¨®n", comenta Pel¨¢ez. "Pero sin estos esc¨¢ndalos la directiva no hubiera salido".
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