En deuda con los ancianos

Entre las peores consecuencias de la pandemia est¨¢ sin duda la elevada mortalidad que se produjo en las residencias de ancianos durante la primera oleada de contagios. Quiz¨¢ sea la herida que m¨¢s tarde en cicatrizar por las dram¨¢ticas circunstancias en que muchos hubieron de despedir a sus muertos. Entre marzo y finales de noviembre de 2021 fallecieron con diagn¨®stico de covid, o s¨ªntomas compatibles, m¨¢s de 30.000 ancianos que viv¨ªan en residencias. La falta de medios, la aplicaci¨®n de protocolos que evitaban el traslado al hospital ante la saturaci¨®n del sistema sanitario y la ausencia de atenci¨®n m¨¦dica suficiente en el propio centro dejaron una amarga duda que sigue pesando sobre el conjunto de la sociedad espa?ola: ?cu¨¢ntas de estas muertes se hubieran podido evitar?

La v¨ªa penal es sin duda leg¨ªtima para aquellos casos en los que haya indicios de negligencia, pero este es un camino sumamente complejo por la dificultad de determinar la relaci¨®n de causa-efecto entre las decisiones adoptadas y la muerte, y tambi¨¦n el grado de responsabilidad concreta de cada una de las personas que intervinieron en una situaci¨®n de gran caos organizativo y falta de medios. Prueba de esta dificultad es que hasta finales de septiembre la Fiscal¨ªa hab¨ªa archivado 411 de las 517 investigaciones penales iniciadas. Tambi¨¦n se han archivado 738 de las 1.040 diligencias abiertas por la v¨ªa civil.

La pandemia puso de manifiesto las graves deficiencias del modelo de atenci¨®n a los mayores, y la gravedad de lo sucedido exig¨ªa una respuesta pol¨ªtica contundente que dejara clara la voluntad de cambio y rectificaci¨®n. En lugar de eso, lo que se ha producido es una actitud defensiva por parte de los diferentes gobiernos aut¨®nomos y una instrumentalizaci¨®n lamentable por parte de los partidos que est¨¢n en la oposici¨®n. Muy pocos parlamentos regionales han constituido aut¨¦nticas comisiones de investigaci¨®n (o siquiera de estudio) y se ha dado la paradoja de que las mismas fuerzas pol¨ªticas que reclaman una investigaci¨®n en las comunidades en que est¨¢n en la oposici¨®n, la rechazan en las que gobiernan. Este tipo de actitudes solo pueden generar desconfianza y desafecci¨®n hacia la pol¨ªtica.

Las muertes ocurridas en las residencias deber¨ªan concitar el mayor de los consensos pol¨ªticos. Para garantizar que no vuelva a ocurrir es preciso subsanar las deficiencias estructurales observadas. El Gobierno y las comunidades aut¨®nomas se comprometieron en julio a presentar antes de final de a?o un nuevo modelo de residencias, menos masificado, con m¨¢s recursos y mayor autonom¨ªa personal para los residentes. Es urgente poner en marcha un nuevo modelo de acreditaci¨®n que fije los requisitos m¨ªnimos exigibles y un sistema de evaluaci¨®n peri¨®dica que haga p¨²blicos los resultados sobre la calidad de vida de los residentes.