La Fiscal¨ªa investiga a Castilla y Le¨®n por dejar a los mayores infectados en las residencias sin trasladarlos a hospitales
El Defensor del Paciente denunci¨® ¡°condiciones penosas¡± en estos centros pese a que Sanidad garantiz¨® medidas ¡°de atenci¨®n sanitaria¡± para los ancianos
La Fiscal¨ªa de Castilla y Le¨®n ha incoado diligencias penales e investigar¨¢ la decisi¨®n de la Junta de Castilla y Le¨®n de no trasladar a los ancianos infectados por coronavirus en residencias a los hospitales para ser atendidos. La denuncia la realiz¨® el Defensor del Paciente en la comunidad en relaci¨®n a una documentaci¨®n anticipada por eldiario.es y firmada por el departamento de Servicios Sociales y Sanidad. Las instrucciones que se remitieron a las residencias, explicadas en un texto llamado Medidas generales para contener el impacto de la crisis del covid-19 en las residencias de car¨¢cter social, emplazaban a atender a los pacientes ¡°sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital¡±. El soporte deb¨ªa realizarse garantizando ¡°la atenci¨®n sanitaria¡±, si bien el Defensor del Paciente, a partir de profesionales y familiares, ha insistido en las ¡°condiciones penosas¡± de los centros de la tercera edad. Al menos 2.581 mayores han fallecido con prueba o con s¨ªntomas de coronavirus en Castilla y Le¨®n desde que se desat¨® la pandemia, dos tercios de ellos en las propias residencias, dentro de los 3.595 decesos registrados por el virus.
El documento oficial recog¨ªa que la actuaci¨®n en las residencias deb¨ªa marcarse por el aislamiento de los positivos; por disponer del material sanitario necesario, aunque los sindicatos y asociaciones de sanitarios han denunciado la ausencia de recursos; por la aplicaci¨®n de tests de detecci¨®n; por la creaci¨®n de equipos interdisciplinares para gestionar la asistencia en los geri¨¢tricos; por la designaci¨®n de personas de referencia para servir como interlocutores en cada ¨¢rea de salud; y por prohibir que se incorporara a m¨¢s personas de la tercera edad durante la crisis, salvo casos de excepcional necesidad. El escrito lo firman Manuel Mitadiel, gerente regional del servicio sanitario castellanoleon¨¦s, y Carlos Ra¨²l de Pablos, gerente auton¨®mico de Servicios Sociales. La consejer¨ªa de Familia ha ofrecido su colaboraci¨®n a la Fiscal¨ªa y recuerda que durante estos meses han informado a diario a sobre la situaci¨®n de los 1.214 centros de discapacidad o mayores, en su inmensa mayor¨ªa privados.
La gerencia regional de salud tambi¨¦n divulg¨® las consideraciones ¨¦ticas que seguir en cuanto a las medidas terap¨¦uticas aplicadas en las residencias ¡°ante una situaci¨®n excepcional de desastre sanitario¡±. La pauta establecida instaba efectivamente a mantener a los ancianos in situ y matizaba que se levantar¨ªa esta norma en ¡°casos muy justificados, de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperaci¨®n, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contar¨¢ con la autorizaci¨®n previa expresa del servicio de urgencias del hospital de referencia¡±.
El argumento que proporcionaron la consejera de Sanidad, Ver¨®nica Casado, y el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ambos de Ciudadanos, se sustent¨® en el prop¨®sito de ¡°proteger a las personas mayores¡±. Casado arguy¨® que el objetivo era ¡°trasladar la hospitalizaci¨®n a las residencias¡± para evitar ¡°molestias a los residentes¡±. La consejera s¨ª indic¨® que si los m¨¦dicos recomendaban el desplazamiento a sede hospitalaria, as¨ª se har¨ªa. La instrucci¨®n, asegur¨®, se ejecut¨® no para "cerrar un derecho, sino llevar ese derecho a las residencias¡± y mantener as¨ª a los pacientes en su contexto ordinario.
Las fiscal¨ªas provinciales, adem¨¢s de esta denuncia, mantienen activas hasta 19 diligencias de investigaci¨®n penal. Otros 15 expedientes se han archivado desde que estall¨® la pandemia.
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