Un viaje en el tiempo desde Misisipi

El debate abierto sobre el idioma vehicular en la educaci¨®n de las escuelas catalanas afecta, por un lado, al derecho de todo ciudadano a ser educado en su lengua materna. Por otro, al respeto debido a las sentencias de los tribunales y la obligaci¨®n de los gobernantes de cumplir y hacer cumplir las leyes. Son cuestiones fundamentales para la defensa de los derechos humanos en Espa?a y la estabilidad pol¨ªtica de nuestra democracia. Pero de nuevo la zafiedad, la ignorancia, el cinismo y el enga?o se han apoderado de la discusi¨®n parlamentaria.

En la reciente asamblea de las Academias de la Lengua Espa?ola presidida por el Rey, los representantes de M¨¦xico, Bolivia y Paraguay, entre otros, tuvieron ocasi¨®n de recordar la pluralidad ling¨¹¨ªstica de sus pa¨ªses, como los de la mayor¨ªa de Am¨¦rica Latina, donde el castellano convive con cientos de idiomas amerindios. El derecho a estudiar en la lengua materna fue proclamado por Naciones Unidas hace m¨¢s de medio siglo. En el mundo hay cerca de 7.000 lenguas y menos de 200 Estados. La suposici¨®n de que a cada idioma corresponde una naci¨®n o debe ser la base de una estructura o instituci¨®n pol¨ªtica es del todo gratuita. Pero no hay que irse a Am¨¦rica Latina para evocar el caso. La mayor parte de las naciones europeas son pluriling¨¹es, por razones hist¨®ricas y tambi¨¦n por otras sobrevenidas como las recientes inmigraciones de distintas culturas. Eso genera no pocos roces y altercados entre diversas comunidades. La mayor¨ªa de los gobiernos tratan de superarlos con medidas tendentes a que no degeneren en comportamientos xen¨®fobos, populismos identitarios o sectarismos pol¨ªticos. Todo lo contrario de lo que viene haciendo desde hace d¨¦cadas la Generalitat de Catalu?a, en su desordenada e ilegal lucha por conseguir la independencia. Lo peor de todo es que el principal y casi ¨²nico logro de su xenofobia nacionalista ha sido alimentar hasta la histeria al fanatismo nacionalista espa?ol.

Tiene raz¨®n la ministra de Educaci¨®n, Pilar Alegr¨ªa, al denunciar lo inadmisible e inoportuno que es politizar el uso de las lenguas, promoviendo la divisi¨®n y el odio entre la ciudadan¨ªa. En el caso espa?ol, principales responsables de esa politizaci¨®n han sido los gobiernos aut¨®nomos catalanes, con la inestimable colaboraci¨®n de los equipos de La Moncloa desde Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar a nuestros d¨ªas. El resultado es un modelo educacional inexistente en ninguna otra autonom¨ªa espa?ola o en ning¨²n pa¨ªs de la Uni¨®n Europea. Por si fuera poco, la decisi¨®n de que el castellano, idioma oficial del Estado que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer y el derecho de usar, no sea lengua vehicular en la ense?anza catalana es ilegal de acuerdo con diversas resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero no son las palabras las que padecen mayormente los conflictos ling¨¹¨ªsticos, sino las personas. A quienes discrimina la pol¨ªtica de inmersi¨®n (frente a la deseable educaci¨®n biling¨¹e en catal¨¢n y castellano o al establecimiento de dos sistemas paralelos) no es a uno u otro idioma sino a sus hablantes. La imposibilidad de que estos tengan acceso a la ense?anza en su lengua materna, aquella en la que piensan, se relacionan y sue?an desde su primera infancia, atenta a sus derechos fundamentales. Son ellos las v¨ªctimas de la discriminaci¨®n. Algo todav¨ªa m¨¢s repugnante y punible cuando esas v¨ªctimas son menores de edad.

Lo sucedido en Canet con la peque?a a quien se niega su derecho a recibir, al menos, un 25% de sus clases en espa?ol no es una cuesti¨®n solo ni principalmente de pol¨ªtica educativa, sino de valores democr¨¢ticos, despreciados hasta el vilipendio por los orates de la Generalitat. El castellano no est¨¢ amenazado en Catalu?a, que es una sociedad reconocidamente biling¨¹e, ni en ninguna otra parte. Es una de las cuatro mayores lenguas del mundo y la segunda, tras el ingl¨¦s, en la comunicaci¨®n internacional. Pero si el espa?ol no est¨¢ amenazado, s¨ª lo est¨¢n los derechos de los castellanohablantes de la comunidad aut¨®noma catalana, que superan al 50% del total de sus habitantes. El incidente de Canet es en ese sentido una se?al de alarma que nos remite tambi¨¦n a la situaci¨®n en Baleares.

El Parlamento espa?ol y el Gobierno de la naci¨®n no han sido capaces de tomar medidas adecuadas a fin de corregir el desarrollo de los acontecimientos. Para nuestro consuelo todav¨ªa existe un poder decidido a limitar los excesos del Ejecutivo y suplir sus ausencias: el Poder Judicial. Otro d¨ªa hablaremos de los repetidos ataques a la independencia de los tribunales por parte del propio Gobierno, e incluso de la oposici¨®n, enquistados como est¨¢n desde hace a?os a la hora de cumplir con el mandato constitucional de renovar el Consejo del Poder Judicial. Baste hoy decir que el presidente tiene la obligaci¨®n moral y pol¨ªtica de pedir la ejecuci¨®n de la sentencia que ampara la solicitud de la familia de la ni?a discriminada, y de muchas otras, respecto al uso del castellano como lengua vehicular en los centros de ense?anza, junto al catal¨¢n y en las proporcionales legales. La ministra del ramo debe por su parte instruir a la alta inspecci¨®n a fin de vigilar el cumplimiento de la misma. No hace falta la aplicaci¨®n de un nuevo 155, como apresurada y demag¨®gicamente demanda el se?or Pablo Casado, sino que el se?or Pedro S¨¢nchez cumpla con su obligaci¨®n y haga el trabajo por el que se le paga.

Las informaciones sobre Canet de Mar me han recordado, salvando todas las distancias, una de las primeras noticias importantes de las que hube de ocuparme en los comienzos de mi carrera period¨ªstica. En septiembre de 1962 el estudiante de color James H. Meredith intent¨® matricularse en la universidad de Misisipi. Violentas manifestaciones de sus colegas blancos y vecinos de la localidad se lo impidieron, con la pasividad c¨®mplice del gobernador del Estado. El presidente John F. Kennedy envi¨® cientos de agentes federales y 3.000 soldados para restablecer el orden. De modo que Meredith pudo matricularse finalmente y graduarse al siguiente a?o. El primer mandatario americano justific¨® la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito con un discurso que ha pasado a la Historia: ¡°Los estadounidenses ¡ªdijo¡ª son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. En un gobierno de leyes ning¨²n hombre, por muy poderoso que sea, y ninguna muchedumbre, por m¨¢s violenta o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia¡­ Si la fuerza o su amenaza pudieran desafiar largamente los mandamientos de nuestras Cortes o de la Constituci¨®n, ninguna ley estar¨ªa libre de duda, ning¨²n juez estar¨ªa seguro de su mandato, y ning¨²n ciudadano a salvo de sus vecinos¡±.

La democracia no solo es el gobierno de la mayor¨ªa. Exige la protecci¨®n de los derechos individuales y de los grupos minoritarios. Por muchos manifestantes que salgan a la calle o muchos electores lo avalen con su voto, ning¨²n Parlamento democr¨¢tico puede violar nuestros derechos. La defensa del Estado de derecho y la igualdad ante la ley frente a toda discriminaci¨®n le cost¨® la vida al presidente Kennedy. En el caso del presidente S¨¢nchez ¡ª?qu¨¦ impertinente comparaci¨®n!¡ª el precio a pagar, si es que existiera, apenas ser¨ªa perder una votaci¨®n presupuestaria.