Israel y la justicia militar

La ofensiva de Israel en la franja de Gaza en 2014 cost¨® la vida a 2.200 palestinos, entre ellos en torno a 1.500 civiles, seg¨²n Naciones Unidas, y a 73 israel¨ªes, 6 de ellos civiles y 67 militares. Uno de los casos m¨¢s sangrantes que aquella guerra dej¨® sin resolver fue el asesinato con un dron militar israel¨ª de cuatro ni?os palestinos entre los 9 y los 11 a?os en una playa de Gaza. Los periodistas instalados en hoteles cercanos a esa misma playa y otros testimonios solo divisaron ni?os jugando al f¨²tbol. El caso fue archivado sin formular acusaciones y no fueron citados a declarar varios periodistas (de la cadena francesa TF 1, la catar¨ª Al Jazeera, y los corresponsales del brit¨¢nico The Telegraph y del alem¨¢n Frankfurter Allgemeine Zeitung) que presenciaron los hechos. Desde entonces, la familia de los ni?os abatidos ha perseguido reabrir la causa ante el Tribunal Supremo, que en los pr¨®ximos d¨ªas tiene previsto pronunciarse tras haber escuchado las alegaciones presentadas el pasado lunes por tres organizaciones de defensa de los derechos humanos (una de ellas, Adalah, con sede en Haifa, Israel, y otras dos con sede en Gaza). Primero fue la justicia militar la que archiv¨® la causa en 2015, alegando que los operadores del dron artillado confundieron a los ni?os con milicianos de Ham¨¢s en una zona habitual de operaciones, y despu¨¦s ratific¨® la decisi¨®n la Fiscal¨ªa General de Israel en 2019, como sucede habitualmente. Las contradicciones de un informe militar secreto desveladas por la ONG israel¨ª Adalah pueden ser el argumento para que el Supremo decida reabrir la causa y procesar a los responsables de que dos misiles abatiesen a cuatro ni?os de una familia de pescadores palestina la tarde del 16 de julio de 2014.

El episodio se ha convertido en uno de los s¨ªmbolos m¨¢s estremecedores de una serie de actuaciones militares israel¨ªes que han golpeado a los civiles palestinos. En la lucha contra Ham¨¢s no vale todo, y menos cuando la vida de cuatro ni?os ha sido segada por un error tr¨¢gico que no debe quedar impune. La ratificaci¨®n del archivo del caso volver¨ªa a incumplir exigencias insoslayables de un Estado democr¨¢tico que cuenta con un sistema judicial capaz de actuar sin titubeos ante el poder, investigando y condenando a los m¨¢s altos representantes pol¨ªticos. La inhibici¨®n o la permisividad ante posibles cr¨ªmenes de guerra, en cambio, rebaja la calidad de una justicia que, cuando no archiva de forma rutinaria casos parecidos, condena a penas muy bajas y, a menudo, nada m¨¢s que simb¨®licas. Incluso si la zona hubiese sido identificada como objetivo militar, el derecho humanitario internacional obliga a verificar la presencia de v¨ªctimas civiles potenciales. Mantener el archivo del caso solo puede alimentar la impunidad de las fuerzas militares israel¨ªes. La ¨²ltima instancia para depurar responsabilidades, seg¨²n la ONG Centro Palestino para los Derechos Humanos, habr¨¢ de ser el Tribunal Penal Internacional, que ha empezado a investigar posibles cr¨ªmenes de guerra cometidos por ambos bandos en los conflictos israelo-palestinos.