Un pacto de Estado por la Universidad espa?ola

El contexto mundial en el que vivimos permite realizar una rotunda afirmaci¨®n: el futuro de la universidad espa?ola es tambi¨¦n el futuro de Espa?a. Desde esta perspectiva, se hace plenamente necesaria la existencia de una nueva ley org¨¢nica que rija sus destinos y que no debe ser vista como una ley para los universitarios sino como una loable iniciativa que busca el beneficio de toda la ciudadan¨ªa. Eso significa que un nuevo texto ordenador de la vida acad¨¦mica no debe ser objeto ni de corporativismos acad¨¦micos ni de est¨¦riles pol¨¦micas partidistas. Tres son a mi parecer las condiciones que considero nucleares para conseguir una ley que mejore la universidad y cuyo objetivo central es hacer prosperar nuestra sociedad.

Primera: debe ser una ley que alcance el m¨¢ximo consenso posible en su tramitaci¨®n parlamentaria. Una instituci¨®n con tanta transcendencia para nuestras vidas, tan importante para el desarrollo social y territorial y que agrupa a m¨¢s de 1.600.000 estudiantes y a m¨¢s de 215.000 empleados, necesita una norma general que le ofrezca estabilidad por su adecuaci¨®n al cambio de ¨¦poca que estamos viviendo, pero tambi¨¦n por su capacidad de perdurar en el tiempo posibilitando entonces la previsi¨®n de sus actuaciones hacia el futuro. La universidad es de tiempo largo y requiere estabilidad y perdurabilidad, conseguidas a trav¨¦s de un ampl¨ªsimo acuerdo parlamentario y social. Eso s¨ª, la nueva ley debe ser el fruto de un consenso que no sea la mera suma sincr¨¦tica de opiniones diversas, sino el producto de un modelo reconocible y gen¨¦ricamente compartido por una amplia mayor¨ªa de parlamentarios, universitarios y agentes sociales. Reconozco que la tarea no es f¨¢cil, pero en eso consiste el arte de la pol¨ªtica: en generar un extenso pacto en torno a un proyecto que no sea una mera agregaci¨®n de intereses sectoriales.

Segunda: la ley debe ser ambiciosa y abordar los grandes retos que tiene planteados la universidad para servir mejor a la ciudadan¨ªa. Y hay cuestiones que no pueden esperar. Si preguntamos a los universitarios, especialmente a los rectores y rectoras que, a mi entender, son quienes tienen una visi¨®n m¨¢s global, ponderada y pr¨¢ctica de la vida acad¨¦mica, creo que estar¨¢n de acuerdo en referirse a una financiaci¨®n basal suficiente, acabar con la precarizaci¨®n laboral de algunos colectivos, renovar unas plantillas cada vez m¨¢s envejecidas, dotar de mayores recursos y sustraer burocracia a la investigaci¨®n, estimular la innovaci¨®n docente, favorecer la transferencia de conocimiento, fomentar la equidad social con m¨¢s becas y ayudas al estudio, internacionalizar la academia y, finalmente, hacer m¨¢s eficaz y eficiente la gobernaci¨®n y la gesti¨®n universitaria eliminando las disfuncionalidades y rigideces que actualmente tiene.

Y tercera: se necesita que el mandato constitucional que establece la autonom¨ªa universitaria no sea un concepto muerto, sino una garant¨ªa institucional viva. Espa?a es de los pa¨ªses europeos con menos autonom¨ªa universitaria. Dejemos que las universidades se responsabilicen de su propio futuro dentro de una ley general que, consignando unas normas que den sentido a la existencia bien definida de un sistema universitario espa?ol, al mismo tiempo hagan de la flexibilidad y la pluralidad su bandera. No tengamos temor a la diferencia y a la especializaci¨®n. A partir de algunas pautas generales indispensables, no tengamos temor a que sean las universidades las que asuman responsabilidades sobre qu¨¦ personalidad propia quieren tener, c¨®mo se gobiernan, c¨®mo se relacionan con la sociedad, cu¨¢l es su oferta docente, cu¨¢l su pol¨ªtica de personal o c¨®mo aseguran su rendici¨®n de cuentas. Necesitamos, en suma, la valent¨ªa de los pol¨ªticos para dar verdadera autonom¨ªa a la universidad.

Estamos ante una gran ocasi¨®n para que el Parlamento espa?ol comprometa una atenci¨®n prioritaria a esa gran estructura de Estado que se llama Universidad. Una gran ocasi¨®n para abordar la necesaria renovaci¨®n y la adecuada financiaci¨®n que precisa con urgencia. Lo demandan los ciudadanos de hoy, pero sobre todo lo exigen las futuras generaciones que tendr¨¢n que v¨¦rselas con un mundo cada vez m¨¢s complejo, m¨¢s agresivo y m¨¢s competitivo.

Ante un reto tan trascendente, parece pertinente solicitar a la comunidad universitaria que tenga confianza en que la renovaci¨®n es mejor que el conservadurismo, y que haga gala una vez m¨¢s de saber acompasar sus leg¨ªtimos intereses corporativos con los generales. Pedir a los agentes sociales que aprovechen la ocasi¨®n para ocuparse m¨¢s y mejor de la universidad, aparcando recelos a menudo injustificados y apostando por una universidad que es tambi¨¦n suya y que precisa contar con su apoyo. Y exigir a todas las fuerzas parlamentarias (y a los gobiernos auton¨®micos) que sean conscientes de que se encuentran ante una verdadera cuesti¨®n estrat¨¦gica y ante una oportunidad que ser¨ªa imperdonable perder si queremos asegurar para los espa?oles la m¨¢xima prosperidad posible en lo que resta del siglo XXI. Para que nuestras universidades respondan adecuadamente a las exigencias de la ciudadan¨ªa y de los tiempos no me cabe duda alguna: necesitamos un Pacto de Estado sobre la universidad que ayude a garantizar el progreso de Espa?a.