El precio de la corrupci¨®n

Las iniciativas vigentes contra la corrupci¨®n en Espa?a no son despreciables, pero no bastan todav¨ªa para proteger al sistema contra esa patolog¨ªa cr¨®nica. La corrupci¨®n no es una falla gen¨¦tica de los espa?oles, sino propia de cualquier sistema democr¨¢tico complejo. Lo distintivo est¨¢ en la capacidad para prevenir su contagio, que en Espa?a resulta todav¨ªa notoriamente insuficiente. La corrupci¨®n tiene precio y su precio es mucho dinero.

El 16 de diciembre pasado terminaba el plazo para trasponer la Directiva europea 2019/1937 sobre la materia, pero Espa?a lo ha incumplido, al igual que ha sucedido en otros 20 pa¨ªses europeos. El impacto social de notorios casos de corrupci¨®n en Espa?a exige acelerar el proceso para aprovechar por fin las facilidades que ofrece una directiva conocida por su referencia al t¨¦rmino anglosaj¨®n whistleblowing, es decir, ¡°quien hace sonar el silbato¡±, quien da la se?al de alarma o quien aporta la informaci¨®n crucial para iniciar una investigaci¨®n. La finalidad de esa figura consiste en ofrecer una garant¨ªa de seguridad y protecci¨®n a quienes conocen desde dentro una irregularidad o un delito. El anonimato del denunciante se ha revelado como el elemento clave para multiplicar las denuncias, como han experimentado varias de las oficinas antifraude que funcionan en Espa?a con alcance limitado. La norma permite descubrir las malas pr¨¢cticas o infracciones en una fase temprana, promueve el establecimiento de canales de denuncia eficaces y seguros y evita que los alertadores puedan incurrir en responsabilidad penal, civil, administrativa o laboral por ello.

La directiva obliga a las empresas de m¨¢s de 250 trabajadores a activar v¨ªas de denuncia que garanticen la confidencialidad de cualquier ciudadano que quiera informar sobre posibles delitos. Tambi¨¦n desde el ¨¢mbito p¨²blico insta a habilitar esos canales seguros no solo al Estado, a administraciones regionales y provinciales y a otras entidades de derecho p¨²blico, sino a los municipios con m¨¢s de 10.000 habitantes. Los ejemplos m¨¢s emblem¨¢ticos a los que se dirige la norma los hemos visto con las filtraciones de Edward Snowden al revelar el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y aqu¨ª en Espa?a con el exconcejal del PP Jos¨¦ Luis Pe?as, quien hizo estallar el caso G¨¹rtel gracias a sus denuncias. Estos denunciantes son fundamentales, porque la informaci¨®n que facilitan (en gran n¨²mero de casos, veraz) ayuda a un proceso de rendici¨®n de cuentas indispensable en una cultura democr¨¢tica transparente. El estigma del chivato o el delator pertenece a sociedades democr¨¢ticamente inseguras porque aspira a condenar al ostracismo del clan y el silencio de la tribu a quien denuncia el latrocinio.

El empeoramiento de Espa?a en el ?ndice de Percepci¨®n de la Corrupci¨®n 2021, con 61 puntos en una escala de 100, ratifica la necesidad de reformas legislativas como la que promueve la directiva. Para prevenir la espiral de silencio de la corrupci¨®n p¨²blica o privada ampara al informante contra las represalias de su empleador, de su entorno o de los mismos responsables de blindar el tejido corrupto, por definici¨®n opaco y silencioso. La intimidaci¨®n, la degradaci¨®n laboral o la pura amenaza son parte del repertorio de armas contra las que el denunciante sabe que habr¨¢ de luchar, y solo el respaldo institucional y la garant¨ªa del anonimato permitir¨¢n que aflore la informaci¨®n.