Do?ana, amenazada

La fragilidad del Parque Nacional de Do?ana reaparece de forma intermitente en el debate p¨²blico, como si olvid¨¢semos que es tan excepcional como su propia biodiversidad. Desde junio del a?o pasado ha sido identificado por el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea como uno de los puntos negros de extracci¨®n ilegal de agua. La decisi¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa de iniciar la tramitaci¨®n de una ley que legalice las explotaciones irregulares contradice las recomendaciones de las ciencias del clima y hace caso omiso del TJUE, de la contundente carta de la Comisi¨®n Europea, de la Unesco, de la Directiva Marco del Agua, y desatiende tambi¨¦n la petici¨®n expresa de la ministra de Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera.

La iniciativa del PP ha recibido el previsible aval pol¨ªtico de Ciudadanos y Vox, pero solo ha merecido la abstenci¨®n por parte del partido socialista ante la existencia, aseguran, de un ¡°conflicto¡±. En efecto, en los alrededores de Do?ana han convivido durante d¨¦cadas agricultores que dispon¨ªan de autorizaciones para regar con otros que carec¨ªan de ellas. La permisividad de las administraciones y de las propias comunidades de regantes mirando a otro lado ha llevado a la zona a una situaci¨®n l¨ªmite. En plena sequ¨ªa y con el acu¨ªfero declarado ¡°sobreexplotado¡±, la campa?a de la fresa empieza con restricciones de agua, lo que ha hecho estallar el conflicto. Pero el cambio clim¨¢tico va a incrementar este tipo de choques porque en condiciones de escasez, y el agua va a ser un bien m¨¢s escaso conforme la crisis clim¨¢tica avance, los problemas emergen por doquier. Ante ello, los gobiernos tienen tres grandes retos: proteger las fuentes de agua y los ecosistemas asociados, controlar y reducir los usos de agua no esenciales y articular estrategias consensuadas de prevenci¨®n y mediaci¨®n de conflictos. Lo que est¨¢ fuera de toda l¨®gica es que sean los partidos pol¨ªticos y las instituciones quienes, en lugar de proteger el territorio, los recursos y la legalidad, decidan amnistiar a quienes han incumplido las normas. Legalizar el regad¨ªo que durante d¨¦cadas ha sido ilegal incrementa el n¨²mero de hect¨¢reas reconocidas como tales y genera una expectativa de disponibilidad de agua que no se corresponde ni con la situaci¨®n actual ni con las previsiones de futuro.

M¨¢s incomprensible es la actitud del PSOE andaluz al abstenerse en la votaci¨®n, aunque su voto no fuese necesario para que saliera adelante. En efecto, el conflicto existe, y como tal, necesita di¨¢logo, mediaci¨®n y negociaci¨®n. Pero esta iniciativa representa todo lo contrario a la b¨²squeda de un acuerdo porque es m¨¢s bien un enga?o a los agricultores. Por mucho que sus hect¨¢reas ilegalmente regadas sean legalizadas, tendr¨¢n que pedir autorizaci¨®n a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, y esas licencias estar¨¢n sujetas a la disponibilidad de agua de acuerdo a los criterios que marca la Directiva Marco del Agua y la propia Ley de Aguas. La aprobaci¨®n de esta amnist¨ªa para quienes han contribuido a esquilmar el acu¨ªfero y comprometen as¨ª la viabilidad de Do?ana supone renunciar a afrontar los problemas y esconderse tras una falsedad.