?Quien contamina paga, o pagar para poder contaminar?
M¨¢s que gravar actividades contaminantes, la pol¨ªtica fiscal debe aspirar a una mayor exigencia regulatoria y control previo sobre actividades que da?an la salud y el medioambiente
A principios de este mes de marzo se present¨® el Libro Blanco sobre la reforma fiscal, elaborado por un comit¨¦ de expertos y en el que se desgranan de forma exhaustiva los criterios y propuestas que la pol¨ªtica fiscal deber¨ªa llevar consigo. Tambi¨¦n contiene los elementos y las l¨ªneas sobre los que debemos avanzar para que la fiscalidad no solo sea una herramienta recaudatoria, sino que tambi¨¦n nos ayude a modificar usos y costumbres que hoy d¨ªa podemos considerar como insostenibles y en plena emergencia clim¨¢tica.
La transici¨®n ecol¨®gica y energ¨¦tica, en la que ya estamos inmersos desde hace a?os, demanda la implementaci¨®n de instrumentos eficaces que permitan favorecer las mejores pr¨¢cticas de consumo y permitan penalizar aquellas actividades que no son sostenibles, las cuales debemos erradicar con el fin de conseguir ser m¨¢s eficientes en la lucha contra el cambio clim¨¢tico y contra la dependencia actual de los combustibles f¨®siles. El instrumento m¨¢s eficiente y transversal de todos los existentes es la posibilidad de apoyarse en la pol¨ªtica fiscal para que introduzca, como coste equivalente de las externalidades que se originan, impuestos que den una se?al precio m¨¢s real y transparente de la que los mercados vienen dando.
En el Libro Blanco se hace hincapi¨¦ en la necesaria incorporaci¨®n de impuestos de car¨¢cter medioambiental, l¨ªnea recaudatoria en la que Espa?a mantiene una posici¨®n inactiva, ni en su desarrollo ni en la cuant¨ªa recaudada. Somos, tras Irlanda y Luxemburgo, el pa¨ªs que menos recauda en impuestos de car¨¢cter medioambiental de los 27 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, con unos ingresos p¨²blicos del 1, 8% sobre el PIB, cuando la media de la UE es del 2,6% (un 40% m¨¢s). Considerando, adem¨¢s, que muchos de los tributos que se han denominado como impuestos medioambientales, no lo son, porque se aplican por igual, sin discernir si contaminan o no, es decir, sin llevar a buen t¨¦rmino la m¨¢xima de quien contamina paga. Como ejemplo m¨¢s claro, el impuesto medioambiental para la generaci¨®n de electricidad que grava, con el mismo tipo impositivo, tanto si la fuente de energ¨ªa es de origen renovable o f¨®sil.
El libro, en el desarrollo de la base de tributaci¨®n medioambiental, identifica cuatro grandes apartados, id¨®neamente reconocidos por el efecto que su desarrollo tiene en el cambio clim¨¢tico, en los que se incluyen diferentes propuestas de actuaci¨®n en materia de fiscalidad medioambiental: la necesidad de actuar sobre la fiscalidad de la electrificaci¨®n sostenible, sobre movilidad, transporte y la reducci¨®n del uso de los combustibles f¨®siles, sobre la circularidad de la econom¨ªa, o sobre el agua.
Sin perder el ¨¢mbito y el alcance de desarrollo del informe, hay contenidos que no han sido considerados o sobre los que el posicionamiento, bajo mi punto de vista, deber¨ªa ser diferente. Esto atiende a que, en muchos casos, hablamos de bienes de primera necesidad que deben tener un acceso universal garantizado y que debemos promover su consumo responsable o de actividades que deber¨ªan tener un mayor control en sus exigencias de ejecuci¨®n.
Por ejemplo, se centra en el papel de la pol¨ªtica fiscal como un elemento recaudatorio y penalizador de car¨¢cter disuasorio de una actividad a hechos consumados, siguiendo la m¨¢xima de quien contamina paga. Olvida que la legislaci¨®n debe anteponer la regulaci¨®n para que el problema no exista de forma prioritaria a la tasaci¨®n de los efectos que tiene su desarrollo. No podemos asumir que la mayor carga fiscal sea la que resuelva el problema, porque su carga impositiva es exclusivamente un reflejo de la incorporaci¨®n de un coste que ser¨¢ trasladado al consumidor, sobre todo en los mercados donde los que la competencia brilla por su ausencia o no existen alternativas de sustituci¨®n.
En esta l¨ªnea, antes de plantearnos llevar a buen puerto el necesario quien contamina paga, debemos reflexionar sobre el concepto de pagar para poder contaminar. Se trata no permitir la puesta en marcha de pr¨¢cticas mientras estas sean insostenibles. En las propuestas podemos encontrar m¨²ltiples ejemplos, que van desde la posibilidad de desarrollar actividades productivas o de consumo gravadas (pero asequibles si se dispone de capacidad financiera), al gravamen sobre emisiones y contaminaci¨®n de acu¨ªferos de la ganader¨ªa intensiva, en la que se propone gravar las emisiones y efluentes, pero sin exigir que las instalaciones minimicen la existencia de residuos sin tratar.
Necesitamos, como paso previo, una mayor exigencia regulatoria y control sobre actividades que conllevan consecuencias negativas para la salud y para el medioambiente.
El plan carece de propuestas de destino finalista de la recaudaci¨®n. En la mayor¨ªa de los casos esta va a engrosar los ingresos p¨²blicos, cuando deber¨ªa ser destinada, por definici¨®n del tributo, a generar alternativas a los procesos gravados que queremos limitar, motivando l¨ªneas de inversi¨®n o ayudas para iniciativas sustitutivas de aquello que pretendemos cambiar.
No se considera la progresividad del gravamen para diferentes niveles de consumo, sobre cuando se trata de bienes escasos. No debe tener la misma carga impositiva aquel que consume 4.000 kWh al a?o en su vivienda o el que consume 15.000 kWh.
No se consideran modificaciones en el tipo del IVA en bienes de primera necesidad. Un buen ejemplo es que la electricidad no deber¨ªa estar gravada al tipo equivalente a un bien de lujo, sino que deber¨ªan existir diferentes tramos del tipo a aplicar seg¨²n se trate del consumo b¨¢sico energ¨¦tico, o de consumos por encima de la media.
El alcance del Libro Blanco y su aportaci¨®n es un avance en materia de pol¨ªtica fiscal, pero en algunas materias, como las reflejadas en la tributaci¨®n medioambiental, debe convertirse no solo en un elemento recaudatorio sino en una herramienta para generar el cambio de comportamiento que necesitamos para alcanzar la transici¨®n ecol¨®gica y energ¨¦tica en la que obligatoriamente estamos inmersos.
Nos encontramos en una situaci¨®n cr¨ªtica marcada por la invasi¨®n de Ucrania y sin haber salido del shock econ¨®mico de la pandemia, en la que tanto la electricidad como los combustibles f¨®siles est¨¢n sufriendo incrementos de precio desorbitados para los consumidores. Unas subidas que son consecuencia, al menos en el caso de la electricidad, de tener un sistema de fijaci¨®n de precios que no responde a la realidad de la configuraci¨®n de la oferta. Frente a esta situaci¨®n algunos representantes pol¨ªticos y asociaciones piden la asunci¨®n de costes con cargo a los Presupuestos o la reducci¨®n de impuestos para reducir el precio final, impuestos que por ejemplo en el caso del di¨¦sel y la gasolina son inferiores que los del resto de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Volveremos a cometer el mismo error de adoptar medidas coyunturales. Lo que el sistema demanda es una estructura de pol¨ªtica fiscal que tenga presente la realidad de dependencia y exigencia para cumplir nuestros compromisos inaplazables con la sostenibilidad.
Necesitamos disponer de una pol¨ªtica fiscal activa y verde que no est¨¦ definida exclusivamente como la v¨ªa de recaudaci¨®n de los ingresos que el Estado demanda, sino que ante todo sea el instrumento ¨²til que permita adaptar nuestro modelo de consumo en consonancia con la transici¨®n ecol¨®gica y energ¨¦tica ineludible.
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