Usura pand¨¦mica

La excepcional situaci¨®n que provoc¨® la pandemia cambi¨® las condiciones de vida en todos los sentidos. De golpe hicieron falta grandes cantidades de material sanitario ¡ªdesde mascarillas hasta respiradores¡ª del que carec¨ªa el sistema p¨²blico y hubo que reaccionar a gran velocidad en el mercado internacional La competencia fue feroz y los precios subieron de forma escandalosa. La justicia espa?ola comienza a poner la lupa sobre los miles de contratos de urgencia que realizaron las administraciones durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, cuando la emergencia sanitaria hizo saltar todos los protocolos habituales de la contrataci¨®n p¨²blica. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene diversas investigaciones abiertas y ha detectado casos de aprovechamiento de la situaci¨®n en perjuicio del erario p¨²blico, con m¨¢rgenes de beneficio para los vendedores que, en algunas operaciones, llegan hasta el 400%. Mascarillas quir¨²rgicas que hasta entonces costaban 0,027 euros por unidad pasaron a costar 0,4. En la ansiedad social y pol¨ªtica de aquellas primeras semanas y meses de 2020, las administraciones de todo el mundo se encontraron en medio de un mercado salvaje de material sanitario. En esas circunstancias, un contacto en China se convirti¨® para algunos en un pasaporte para la especulaci¨®n. Las administraciones se vieron a merced de la usura pand¨¦mica. El aumento de precios, sin embargo, es dif¨ªcil de perseguir penalmente.

Uno de esos contratos es el que adjudic¨® por 1,5 millones de euros el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso en Madrid a una empresa de un amigo suyo para importar mascarillas. Esa empresa pag¨® a su vez al menos 55.000 euros al hermano de la presidenta por servicios no aclarados. La Fiscal¨ªa europea ha exigido ser parte en la investigaci¨®n y el mi¨¦rcoles critic¨® duramente a la Fiscal¨ªa espa?ola por intentar dividir el caso. El choque parece dirigirse hacia dos investigaciones paralelas.

El procedimiento de contrataci¨®n de emergencia permite saltarse las cautelas habituales de publicidad y competencia en casos de acontecimientos catastr¨®ficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. No hay duda de que los primeros meses de la pandemia encajan en ese marco. La Oficina Independiente de Regulaci¨®n y Supervisi¨®n ha identificado en toda Espa?a 22.379 contratos en 2020 relacionados con la covid, por valor de 6.412 millones de euros. Seg¨²n la C¨¢mara de Cuentas de Madrid, en esos meses la Comunidad adjudic¨® 4.448 contratos de emergencia por un importe total de m¨¢s de 943 millones.

Se trata de cifras descomunales, una parte de las cuales acab¨® en manos indeseables. Los pa¨ªses han sacado muchas lecciones de la pandemia de covid-19. Entre ellas ya se ha se?alado la necesidad de prever un almacenaje suficiente de material sanitario para hacer frente a otras emergencias. Pero tambi¨¦n podr¨ªa plantearse la exclusi¨®n de futuros contratos con la Administraci¨®n de empresas e intermediarios que hayan incurrido en sobreprecios desorbitados en circunstancias de emergencia. Estas conclusiones no ata?en tanto a los fiscales, espa?oles o europeos, como a los mismos gobernantes. La emergencia no puede justificar la impunidad de la usura a costa del erario p¨²blico.