Los secretos del CNI
El presidente S¨¢nchez convierte las explicaciones sobre el ¡®caso Pegasus¡¯ en una doble propuesta legislativa en torno a los servicios de inteligencia y los secretos oficiales
El pleno al que acudi¨® el jueves Pedro S¨¢nchez, forzado por el resto de las fuerzas pol¨ªticas, incluido el socio menor del Gobierno, evidenci¨® el aceler¨®n electoral en que vive instalada la pol¨ªtica espa?ola: la hip¨¦rbole desatada de Vox, la fantas¨ªa verbal de Rufi¨¢n aludiendo a una improbable ¡°operaci¨®n b¨²nker¡± y la deslegitimaci¨®n expl¨ªcita del Ejecutivo por parte de la derecha y la ultraderecha minan la credibilidad del Parlamento sin remedio. Era un pleno importante, pero S¨¢nchez apenas ofreci¨® explicaciones nuevas en torno al espionaje con Pegasus a los l¨ªderes independentistas ni a?adi¨® nada sustancial sobre los fallos de seguridad que evidenci¨® el asalto al m¨®vil de varios miembros del Gobierno, incluido el suyo propio. Asegur¨® por primera vez de forma clara desconocer la intervenci¨®n bajo aval judicial del CNI de los 18 m¨®viles de los l¨ªderes independentistas, lo que inevitablemente deja en el aire la pregunta sobre el nivel de autonom¨ªa de los servicios de inteligencia con respecto al Ministerio de Defensa o directamente La Moncloa. S¨¢nchez, sin embargo, s¨ª recalc¨® que Espa?a ten¨ªa en 2019 ¡°un evidente problema de seguridad¡±, en alusi¨®n a los graves disturbios ocurridos en Catalu?a tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo contra los l¨ªderes independentistas, disturbios impulsados por un enigm¨¢tico Tsunami Democr¨¤tic, con asedio al aeropuerto incluido, mientras las calles del centro de Barcelona ard¨ªan literalmente durante una semana.
La respuesta que ofreci¨® S¨¢nchez fue en realidad una doble propuesta. Anunci¨® la reforma de la ley de 2002 que regula el control judicial del CNI para reforzar las garant¨ªas y el respeto a los derechos de los ciudadanos y se comprometi¨® tambi¨¦n a promover una nueva ley de secretos oficiales que acabe con la vigente, preconstitucional y heredada de la dictadura. Ambas iniciativas parecen responder a necesidades objetivas, pero a¨²n no sabemos las causas que explican el relevo al frente del CNI de su directora. Es inevitable detectar un sesgo oportunista al ofrecer ambas iniciativas en sustituci¨®n de una explicaci¨®n m¨¢s completa tanto de los espionajes del CNI como de su impericia para combatir los padecidos por miembros del Gobierno. Es probable que el organismo merezca tras 20 a?os de existencia una reforma efectiva que mejore su eficiencia y sus mecanismos de control pol¨ªtico, pero de las palabras de S¨¢nchez no se desprenden todav¨ªa rasgos significativos sobre el alcance de la reforma. La intervenci¨®n de comunicaciones no supone lo mismo hoy que hace 20 a?os, cuando se aprob¨® la ley que obliga al CNI a pedir autorizaci¨®n a un magistrado del Tribunal Supremo para aquellas actividades que afecten a derechos constitucionales. El Defensor del Pueblo tambi¨¦n recalca esa necesidad de perfeccionar el control judicial en el escrito en el que ha avalado las 18 escuchas admitidas por el CNI. Con respecto a la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Gobierno ya elabor¨® en oto?o un borrador que correg¨ªa la duraci¨®n interminable de los secretos, tras haber paralizado junto al PP las iniciativas del PNV desde 2016 para reemplazar esa norma por una legislaci¨®n homologable a la de las democracias m¨¢s avanzadas.
Fueron pocas las concreciones en ambas propuestas y el presidente hubiera podido ahorrarse parte de la artiller¨ªa contra el PP y la corrupci¨®n, y ampliar la informaci¨®n sobre el repertorio de medidas previstas para que al CNI no se le escapen otra vez asaltos a los m¨®viles del Ejecutivo y est¨¦n sin duda bajo control judicial las actividades de inteligencia que justifican la existencia misma del CNI.
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