El retorno del rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos, el em¨¦rito, ha dado fin a su breve retorno a Espa?a, haciendo posible que el acontecimiento sea analizado en algunas de sus dimensiones. Posiblemente, lo primero a se?alar es que el suceso ha tenido lugar rodeado de la falta de profesionalidad que con frecuencia caracteriza a nuestra vida pol¨ªtica. Una visita que debiera haber estado programada al mil¨ªmetro se ha producido sembrada de lagunas e imprevisiones. No es cuesti¨®n de dilucidar a qui¨¦n deba imputarse esta imprevisi¨®n, pero resulta casi inocente considerar que se trata de un evento de car¨¢cter privado y alcance puramente familiar. Muy al contrario, mientras no haya clara conciencia de que estamos tratando de una aut¨¦ntica personalidad hist¨®rica en lo que a nuestro pa¨ªs se refiere, de quien fue un elemento decisivo de nuestra Transici¨®n pol¨ªtica, no seremos capaces de afrontar como una sociedad madura la dificultad en la que nos ha situado el c¨²mulo de cosas mal hechas que, como particular, nuestro rey em¨¦rito tiene en su haber.

As¨ª, por concretar, se ha permitido que se le pongan a tiro los profesionales de la informaci¨®n, por lo dem¨¢s en el leg¨ªtimo ejercicio de su trabajo, de forma que ha sido posible lanzarle a bocajarro la preguntita, as¨ª sin m¨¢s, de si ten¨ªa previsto ¡°dar explicaciones¡±, con la consiguiente respuesta tan espont¨¢nea como desastrosa. Y justo ah¨ª se enganchan las reacciones de los responsables pol¨ªticos, los lamentos por no haber habido ¡°explicaciones¡±: como si tuvi¨¦ramos claro qu¨¦ ¡°explicaciones¡± se piden. Porque si de lo que se trata es de un nuevo ¡°lo siento¡± musitado al paso, eso es tan f¨¢cil como fuera de la circunstancia. Y si de verdaderas explicaciones se trata, eso es tan complicado que casi mejor dejarlo. Porque, para empezar, bien complicado resulta explicar las razones de su salida de Espa?a hace dos veranos, al igual que las de su opci¨®n por un emirato de Oriente Pr¨®ximo como lugar de residencia.

De modo que este retorno ha dejado ya un marcado mal sabor de boca. Con el agravante de que se trata de una primera ocasi¨®n a la que seguir¨ªan otras, incluso inminentes, y sin que se deba excluir el definitivo regreso a Espa?a. Es en este punto cuando conviene deshacer un equ¨ªvoco: un rey que abdica, y no precisamente por pura generosidad, un rey ya no reinante que sale del pa¨ªs en medio de una descomunal cortina de humo no puede hacer el regreso a su pa¨ªs simplemente porque, en este preciso momento, no tenga cuenta pendiente alguna con la justicia: primero, porque en su caso el tema de tener o no ¡°cuentas con la justicia¡± presenta los matices que todos sabemos. Pero, sobre todo, porque por desgracia tiene otro tipo de cuentas pendientes, y que son precisamente con su pa¨ªs. Qu¨¦ duda cabe de que esto ¨²ltimo se encontraba impl¨ªcito en la preguntita de marras.

Todo esto hace que la situaci¨®n personal del rey em¨¦rito merezca ser tratada como un asunto de Estado, es decir, como una cuesti¨®n situada por encima de la pol¨ªtica del d¨ªa a d¨ªa. Con un poco de perspectiva hist¨®rica, aunque sin dramatizar, tambi¨¦n a esta sociedad nuestra se la juzgar¨¢ por c¨®mo ha gestionado este molest¨ªsimo asunto. Como no es cosa sencilla, puede ser oportuno se?alar algunas de las opciones posibles, o m¨¢s exactamente las posibles y las que no lo son.

Partimos de que el propio Juan Carlos habr¨ªa podido llegar espont¨¢neamente a la convicci¨®n de que, en las circunstancias dadas, hab¨ªa deca¨ªdo, en t¨¦rminos por as¨ª decir c¨ªvicos, en su derecho a regresar a su pa¨ªs: ciertamente con la salvedad de imperiosas razones familiares, o por motivos pura y sencillamente humanitarios. Los hechos demuestran que esto no ha sido as¨ª, de tal manera que la cuesti¨®n ahora es c¨®mo se gestiona la voluntad y prop¨®sito del rey em¨¦rito de repetir estas visitas o incluso su apenas velada intenci¨®n de regresar establemente a Espa?a en un futuro pendiente de concreci¨®n. Ante esto, se plantea la cuesti¨®n de hacerle ver que estos prop¨®sitos no se encuentran sometidos a su exclusiva libertad de criterio: por muy rey que haya sido, o precisamente por eso.

Por tanto, hay una primera opci¨®n consistente en transmitirle que, hoy por hoy, debe renunciar a los se?alados planes de regreso. Pero todo esto no puede tratarse como un puro asunto de familia ante el que todos resulten ser meros espectadores o, como mucho, opinadores. En todo caso, si este fuera el acuerdo, la garant¨ªa de su seguridad personal, entre otros extremos, debiera organizarse con toda transparencia, de tal modo que no sea objeto recurrente de debate.

Alternativamente, su eventual regreso con car¨¢cter permanente, si as¨ª se acordara, debiera tener unas determinadas condiciones. Con ello volvemos al tratamiento de la cuesti¨®n como un asunto de Estado, del que los puntales b¨¢sicos del consenso constitucional no podr¨ªan sustraerse sin responsabilidad alguna. Hay espacio para concretar los t¨¦rminos de un acuerdo que permitan una vuelta a casa del rey Juan Carlos extramuros de la diatriba pol¨ªtica. Otros con m¨¢s experiencia pol¨ªtica podr¨ªan determinar qu¨¦ es lo que m¨¢s conviene. Dicho esto, ser¨ªa perfectamente leg¨ªtimo plantear su renuncia al t¨ªtulo de rey que el legislador le mantuvo en 2014 a t¨ªtulo honor¨ªfico con ocasi¨®n de su abdicaci¨®n, y precisamente como parte de un pacto de Estado. No hace falta argumentar que las circunstancias han cambiado desde entonces.

No voy a suscitar, para no reabrir pol¨¦micas, el tema de la renuncia expresa a sus derechos hereditarios, m¨¢s all¨¢ de su evidente falta de trascendencia pr¨¢ctica. M¨¢s me interesa terminar se?alando lo que me parece que no es una opci¨®n. En las actuales circunstancias no es opci¨®n, sino pura especulaci¨®n, la reforma del T¨ªtulo de la Constituci¨®n dedicado a la Corona, singularmente en punto a la cualidad de inviolable de la persona del rey. Tampoco lo es, sin que sea el momento de entrar en el detalle, la puesta en pie de una ley org¨¢nica entendida como una especie de estatuto general de la Corona, cosa de la que la Constituci¨®n no habla. Por supuesto, hay perfect¨ªsimo derecho a mantener el debate sobre todos estos extremos, pero este no es el problema que tenemos aqu¨ª y ahora. M¨¢s en concreto, sin restar legitimidad a la operaci¨®n pol¨ªtica de mezclar ambos problemas, m¨¢s nos valdr¨ªa mantenerlos separados.

Por fin, no es una opci¨®n, por m¨¢s que parad¨®jicamente sea la que tenga m¨¢s visos de prosperar, la de seguir trampeando indefinidamente con la delicada cuesti¨®n que nos ocupa. Mantener este asunto situado en la pura improvisaci¨®n, o peor, en la diatriba pol¨ªtica del d¨ªa a d¨ªa puede tener la muy discutible ventaja de que, entre unos y otros, se acabe relegando el tratamiento de cuestiones en las que el debate pol¨ªtico, precisamente porque no son cuestiones de Estado, es necesario y urgente. Pero no es una opci¨®n para una sociedad madura, en particular, una sociedad consciente de su m¨¢s reciente historia y de lo que ha sido su trayectoria de d¨¦cadas en t¨¦rminos de sociedad libre y democr¨¢tica: precisamente en respuesta al espect¨¢culo de tanto patrimonio colectivo tan irresponsablemente dilapidado.