Empleadas del hogar
Las trabajadoras dom¨¦sticas podr¨¢n cobrar la prestaci¨®n por desempleo y logran acabar con una discriminaci¨®n hist¨®rica
Durante mucho tiempo la situaci¨®n de las empleadas del hogar en Espa?a ha permanecido invisibilizada. La conquista de derechos laborales ha sido en su caso muy lenta y posiblemente v¨ªctima de una desconsideraci¨®n civil y social hacia un trabajo fundamental para el funcionamiento de la sociedad. El paso que acaba de dar el Gobierno es importante para lograr su equiparaci¨®n con el resto de los colectivos laborales, al adherirse al Convenio 189 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo. En ¨¦l se obliga a los Estados a proteger a las trabajadoras dom¨¦sticas con los mismos derechos que el resto de los empleados. Eso significa que no podr¨¢n ser despedidas sin motivo y que podr¨¢n percibir la prestaci¨®n por desempleo. Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social, que obliga a cotizar para poder cobrar la prestaci¨®n por desempleo, exclu¨ªa expl¨ªcitamente a las empleadas del hogar: si no pueden cotizar, tampoco pueden cobrar la prestaci¨®n. El resultado era una flagrante discriminaci¨®n hacia un colectivo compuesto en un 84% por mujeres, buena parte de ellas extranjeras.
La atomizaci¨®n que caracteriza a este sector ha sido siempre un grave obst¨¢culo para mejorar su situaci¨®n laboral, y los sucesivos gobiernos, incluidos los progresistas, se mostraron insensibles durante d¨¦cadas al desamparo del colectivo y a la explotaci¨®n a que a menudo ha sido sometido. Cuando en 2011 se aprob¨® el r¨¦gimen especial de las empleadas del hogar, sus condiciones laborales mejoraron sustancialmente. La nueva normativa oblig¨® a los empleadores a contratarlas de acuerdo con unas condiciones m¨ªnimas establecidas por ley y a cotizar a la Seguridad Social. Pero segu¨ªan sin derecho al paro, lo que las dejaba a la intemperie al perder el empleo y tampoco ten¨ªan acceso a las ayudas sociales que se activan cuando la prestaci¨®n se acaba.
La situaci¨®n era tan descaradamente injusta y lesiva que el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea dictamin¨® en una sentencia publicada en febrero, a ra¨ªz de una consulta formulada por un juez de Vigo, que Espa?a incumpl¨ªa la normativa europea al no conceder prestaci¨®n por desempleo a las empleadas del hogar. Al ser mayoritariamente mujeres, eso supon¨ªa una discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo. Es lamentable que se haya tardado tanto en reconocer derechos laborales b¨¢sicos a uno de los colectivos que m¨¢s aportan a la econom¨ªa de los cuidados, y que, sin embargo, ha sido hist¨®ricamente el menos cuidado por las instituciones. El hecho de que 4 de cada 10 sean mujeres inmigrantes hace recaer sobre ellas el peso de una doble discriminaci¨®n.
El cambio actual es de justicia para las 378.000 personas registradas en el r¨¦gimen especial de empleadas del hogar. Pero son m¨¢s, en realidad: seg¨²n estimaciones de los sindicatos, a esa cifra hay que a?adir otras 200.000 m¨¢s que no est¨¢n regularizadas. Sus bajas condiciones salariales explican que el 34% de las familias de las empleadas del hogar se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, pese a la mejora que ha supuesto la subida del salario m¨ªnimo para ellas. Ahora, lo que cabe esperar del Gobierno que finalmente ha dado este paso es la celeridad en la tramitaci¨®n parlamentaria que permita la entrada en vigor de la prestaci¨®n antes de que termine el a?o.
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